El veto a la Ley de Financiamiento Universitario fue convalidado en la Cámara de Diputados con 160 votos afirmativos, 84 negativos y 5 abstenciones. Este texto, que había sido aprobado por ambas Cámaras del Congreso y luego vetado por el Presidente, buscaba ampliar el financiamiento de las universidades nacionales para garantizar su funcionamiento y mejorar los salarios de docentes y no docentes. La decisión del gobierno de Javier Milei pone de relieve una política de ajuste que prioriza el recorte de recursos esenciales, en lugar de fortalecer la educación pública.

En paralelo al debate, organizaciones estudiantiles y sindicatos se concentraron frente al Congreso para expresar su rechazo al veto. En el recinto, los votos a favor de la sanción de la ley se enfrentaron a la decisión del Ejecutivo, cuya intención de judicializar la ley en caso de ser rechazada evidencia su postura contra el fortalecimiento de la educación pública. La Ley de Financiamiento Universitario proponía destinar el 85% de los recursos del presupuesto a gastos salariales y el 15% a gastos generales y de funcionamiento. Con este veto, el futuro de las instituciones educativas se encuentra en un panorama incierto, generando un clima de descontento en la comunidad académica que exige recursos suficientes para garantizar la calidad educativa.

La decisión de la Cámara de Diputados, alineada con la agenda neoliberal del gobierno, resalta la necesidad de una respuesta contundente por parte de los movimientos sociales y políticos que defienden la educación como pilar de una sociedad justa. La lucha por la Ley de Financiamiento Universitario no solo representa un desafío al ajuste de Javier Milei, sino también una defensa del futuro educativo de las próximas generaciones.