El gobierno argentino, mediante un decreto, ha cambiado la fórmula de actualización de las jubilaciones, generando un impacto significativo en el poder adquisitivo de los jubilados. La medida, que no pasó por el Congreso, ha despertado críticas y preocupación por parte de diversos sectores.

La nueva fórmula establece una actualización por inflación con dos meses de rezago a partir de julio, aplicando la inflación de mayo. Sin embargo, esta actualización no incluye el bono, lo que significa que las jubilaciones no se verán beneficiadas por el mismo.

Entre abril y julio, se aplicarán diferentes aumentos que, en términos reales, no logran compensar la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones. Según datos, las jubilaciones podrían quedar hasta un 53% por debajo de su valor inicial en el primer trimestre de 2023.

Además, el decreto establece un bono de ayuda económica previsional que, si bien en principio se fijó en $70 mil, posteriormente se corrigió para mantenerse en ese monto. Sin embargo, la forma en que se aplicará el bono en los próximos meses aún genera incertidumbre.

En el caso de otras prestaciones como la PUAM o la AUH, la nueva fórmula de actualización se aplicaría recién a partir de julio, lo que podría significar un peor derrotero para estas prestaciones en comparación con las jubilaciones.

En el largo plazo, algunas consultoras indican que esta nueva fórmula podría quedar por debajo de la fórmula de movilidad basada en recaudación y salarios en 2025, lo que supondría un deterioro continuo en el poder adquisitivo de los jubilados.

En resumen, el decreto del gobierno argentino que modifica la fórmula de actualización jubilatoria ha generado preocupación y críticas debido a su impacto en el poder adquisitivo de los jubilados. La medida, que no contó con el aval del Congreso, plantea un escenario de incertidumbre y deterioro en los ingresos de quienes dependen de la jubilación para vivir.

El Indec informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó un preocupante 20,6% en enero, manteniendo la tendencia de dos dígitos. La inflación interanual se sitúa en un alarmante 254,2%, dejando en evidencia la profunda crisis económica que atraviesa el país.

Rubros afectados

Los rubros que sufrieron mayores aumentos en enero fueron Bienes y servicios varios, con un 44,4%, seguido de Transporte con un 26,3% y Comunicación con un 25,1%. La quita de subsidios al transporte, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, ha tenido un impacto directo en el bolsillo de los argentinos, con aumentos en el boleto que aún no se han reflejado por completo en las estadísticas.

Pronósticos y realidad

Las consultoras privadas estimaban una inflación del 21,9% para enero, lo que indica una subestimación de la realidad económica por parte de los analistas. Para febrero, se espera una inflación del 18%, con una proyección anual del 227%.

Impacto en las familias

En la Ciudad de Buenos Aires, la inflación de enero alcanzó el 21,7%, afectando especialmente a los sectores más vulnerables. La Canasta Básica Total (CBT) aumentó un 27%, lo que significa que un grupo familiar necesitó ingresos por $ 495.798 para no ser considerado en situación de pobreza. La Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió un 30,1%, elevando el umbral de ingresos para no caer en la indigencia a $ 240.678.

Ante esta situación, se hace evidente la necesidad de políticas económicas que protejan el bolsillo de los argentinos y promuevan la justicia social, reivindicando la presencia activa del Estado como ente regulador y promotor del bienestar social.

Las líneas de análisis más desarrolladas en el leve interregno entre el primer triunfo electoral en agosto y hoy son dos. La primera, acerca de las causas, se centra en las nuevas demandas no atendidas por la sociedad política, en el medio del empate hegemónico que vive la sociedad argentina desde hace más de medio siglo, y por otro, el consecuente triunfo de la alianza descripta por fuera de la disputa hegemónica tradicional donde se aunaron una fracción desgajada del bloque popular que no fue contenida por las representaciones institucionales tradicionales de dicho conglomerado, sindicatos, cooperativas, movimientos sociales y agrupamientos de pequeñas y medianas empresas que se aunó con la fracción más rentística del bloque de capital concentrado detrás de un conglomerado outsider como el descripto. La segunda, que trata sobre las consecuencias indaga fundamentalmente acerca de la viabilidad política y gubernativa de esta alianza que tiene una representación parlamentaria sumamente exigua y no posee control territorial y cuyo desempeño, hasta la fecha, ha sido el de alterar radicalmente el soporte institucional del estado argentino y ha enunciado propósitos refundacionales de largo plazo.

Uno de los análisis más claros y contundentes, formulado en agosto cuando un gobierno ultraderechista era todavía una hipótesis fue una sintética exposición del politólogo Andrés Malamud, de la portuguesa Universidad de Coimbra que, abrevando en la linea de la inviabilidad de un eventual poder ejecutivo encabezado por Javier Milei, destacó la situación de exigua capacidad de hacer aprobar leyes en el poder legislativo, donde en la mejor de las situaciones se encontraría en una minoría muy acentuada, dada la inviabilidad de su propuesta sumada a su escasa propensión al diálogo institucional producto, a su vez de la inexperiencia de la mayor parte de su colectivo. Y sugirió el espejo de Perú, y, concretamente, las administraciones de Pedro Castillo y Alberto Fujimori como ejemplos de la probable deriva de una eventual administración sin antecedentes y con minorías tan exiguas en el Congreso. El primero, un maestro rural de izquierda destituido y preso por el parlamento peruano luego de no haber podido prácticamente ejercer su mandato. El segundo, un ingeniero tecnócrata sin antecedentes en la política y que parece tener muchos más puntos de contacto con la ultraderecha argentina, ganó las elecciones, propició un paquete de medidas apenas asumido conocido como el fujimorazo y, ante el impedimento del poder legislativo, propició un autogolpe y gobernó en forma dictatorial. Por lo que, pese a sus limitaciones previas, pudo ejercer efectivamente el poder por diez años hasta que fue destituido por diversas causas de corrupción y delitos de lesa humanidad.

En ese largo y oscuro período el Perú fue sometido a una serie de transformaciones estructurales que alteraron la vida cotidiana de su sociedad aplicando un recetario neoliberal en el marco de un cambio del modelo de acumulación del país, cuyo eje pasó a ser la capitalización privada de la renta minera. Esto, por supuesto, con una inaudita violencia física y económica de carácter genocida que rediseñó las pautas de convivencia de la sociedad peruana. Esto incluyó, por supuesto, la estigmatización y persecución de los pueblos indígenas Situación que, a posteriori y todavía hoy, sigue impregnando a la situación de nuestro hermano latinoamericano y cuyos estertores pueden encontrarse, por ejemplo, en las recientes manifestaciones reprimidas violentamente por Dina Boluarte, gobernante de facto sucesora de Pedro Castillo, que tuvieron como epicentro la región de Cuzco. Mientras tanto el fujimorismo se transformó en una minoría intensa que perdió 3 elecciones sucesivas con su líder preso durante 17 años y liberado ¿casualidad? dos días antes de la asunción presidencial de Javier Milei.

Como Bolsonaro en Brasil, por poner un ejemplo reciente, los outsiders presentan ventajas para las clases dominantes en momentos de transición respecto de los políticos provenientes de los partidos tradicionales. La primera es que son más propensos a saltarse los mecanismos institucionales de una democracia dado su escaso compromiso con el sistema político entre ellos la aplicación de la violencia física y económica. La segunda es que son fácilmente influenciables por las clases dominantes dada su falta de cuadros con capacidad gubernativa. Y la tercera, que es la más importante, es que son baratos y descartables, una vez que cumplieron las tareas sucias para los sectores beneficiados. Fujimori salió en libertad pero puede volver a prisión en cualquier momento pese, incluso, a los esfuerzo de su facción Y tal parece que el ex mandatario brasileño va a seguir un camino parecido.

La cuestión central a responder en Argentina 2024 es cuales son los cambios en la forma de acumulación que piden un outsider de semejante precariedad para ser efectuados. La respuesta no parece ser sencilla, pero se puede vislumbrar una hipótesis. Detrás de las aparentes nuevas demandas sociales hay un cambio mucho más profundo en ciernes y es el peso creciente de la renta petrolera en detrimento de la renta agraria como fuente de capitalización de la economía argentina y en donde el paralelo con el caso peruano, ahora sí, deja de ser solo de figuras políticas.

Desde su constitución hasta hoy los mecanismos del estado nacional están diseñados en torno de la renta agraria. Desde la nacionalización de la Aduana y la transformación de la ciudad de Buenos Aires en distrito federal, pasando por la conquista del desierto, hasta la actual puja por las retenciones y la función del bloque agrario como proveedor de divisas en una economía bimonetaria, la agenda de la sociedad política y la constitución de los bloques hegemónicos tienen como eje central la absorción de la renta agraria y su destino como capital económico.

Desde el punto de vista conceptual la capitalización de la renta agraria es distinta a la de la petrolera básicamente por la naturaleza de sus actividades, lo que lógicamente repercute en la organización social que se forma en torno a su producción, distribución y consumo. El lector que llegó hasta aquí deberá tener un poco de paciencia con la exposición económica a continuación. Las principales diferencias son:

1. La actividad agropecuaria se hace sobre la base de un recurso renovable. En el caso de Argentina, tal como lo señala el texto clásico de Sábato y Schwarzer el ciclo de negocios es mucho más corto, anual, lo que hace que la orientación comercial de corto plazo sea mucho más determinante en la toma de decisiones que en el caso de los cultivos plurianuales así como el tamaño de viabilidad económica de los establecimientos necesita de escalas y volumen de producción menores. De ahí, la cantidad de pequeñas propiedades que caracterizan a la posesión de la tierra en lugares como la Pampa Húmeda o las llanuras estadounidenses que producen los mismos cultivos de clima templado. En tanto, la actividad petrolera se hace sobre la base de un recurso no renovable donde el poseedor de la tierra, sea estatal o privado, puede obtener mayores rentas absolutas a partir de la retención del producto.

2. El grado de dispersión territorial. La actividad agropecuaria se realiza sobre una superficie mucho más amplia y sobre fronteras móviles en tanto que la petrolera se realiza sobre superficies mucho más restringidas. Consecuentemente: a. La producción ganadera y agrícolas emplea, directa e indirectamente más personas que la petrolera y b. La renta diferencial, es decir, la derivada de la diferencia respecto de la tierra peor es mucho más determinante en el agro y en la ganadería que en el petróleo.

3. La concentración económica. Debido al monto de inversión y al riesgo asociado, sobre todo el de la etapa de exploración, la cantidad de capital necesario para iniciar la explotación de petróleo es mucho mayor que el de la actividad agropecuaria. Consecuentemente, el tamaño medio de las empresas es notablemente mayor. El arrendatario petrolero es, en muchos casos, perceptor de parte de la renta de la actividad, por lo que la unidad de renta absoluta del propietario de la tierra es mucho menor debido a la asimetría en el poder de negociación entre ambas partes.

4. El régimen de propiedad. En la actividad agropecuaria el propietario es, en casi todos los casos, una persona física o jurídica privada. En la mayor parte de los países petroleros, con la casi solitaria excepción de los Estados Unidos, los derechos de propiedad del subsuelo están en manos de los estados, precisamente, para equilibrar el poder de negociación, por un lado y regular la extracción de un recurso no renovable, por el otro. En el caso de Argentina, debido a la reforma constitucional de 1994, los estados provinciales son los propietarios del subsuelo lo que reduce ambos objetivos.

De lo expuesto se desprende que un estado organizado en torno de la captación de renta de la actividad petrolera tiene que tener un poder de regulación mucho mayor que en el caso de la actividad agropecuaria. De no ser así, las consecuencias de concentración económica, sumado a las externalidades ambientales y sociales pueden derivar en una sociedad con un grado de desigualdad de poder e ingresos mucho más relevante que en el caso de las sociedades organizadas en torno de la actividad agropecuaria. El caso noruego constituye en este aspecto un ejemplo del buen empleo de la captación de la renta petrolera, mientras que las monarquías del Golfo son, por el contrario, un caso típico de concentración y centralización del poder económico y político.

Argentina 2024 está en una encrucijada dado que posee un estado organizado para captar renta en forma indirecta que además está atravesado por medio siglo de la disputa hegemónica descripta al principio de este artículo. En una primera instancia, cabe deducir que el bloque de poder concentrado se ve reforzado en el presente por la presencia de las representaciones del segmento petrolero. Pero también hay que decir, que puede y debe esperarse un marco de disputa importante del colectivo petrolero con los segmentos agrarios y financieros en el rol estratégico de proveedor de divisas que, en el marco de una economía bimonetaria, asume el rol potenciado de emisor alternativo de la moneda que se utiliza en la cotidianeidad económica del país en tanto reserva de valor. Lo que avizora, claramente, dos frentes de conflicto uno, la ya citada y tradicional disputa inter-hegemónica y otra al interior del bloque de poder concentrado.

Hasta aquí el panorama conduce inexorablemente hacia el subdesarrollo económico y social si no fuera por dos razones fundamentales que se encuentran intrínsecas en el propio aparato administrativo del estado. Por un lado, la ya mencionada propiedad del subsuelo. Por otro, el liderazgo de una empresa estatal como YPF en la cadena de valor de la industria petrolífera con una alta capacidad institucional y el mejor know how, lejos, en el territorio nacional. Estos elementos, de ser capitalizados por el bloque popular pueden inclinar la balanza a favor de Argentina-Noruega.

Por el contrario, el modelo de concentración económica ejemplificado en países como Arabia Saudita, que en nuestro país se traduciría como la primarización de la economía con un triunfo del bloque dominante que resuelva de ese modo su disputa con el conglomerado de las representaciones institucionales del bloque popular requiere de un grado de violencia física y económica de proporciones inauditas. En este caso el acceso al poder del colectivo representado por Milei-Villarruel puede representar la forma más barata y desechable de aplicar las recetas dictadas por el bloque dominante para resolver este conflicto dada su propensión a la violencia y su escaso apego a los mecanismos democráticos de resolución de conflictos citado al principio de este artículo. En este aspecto, la intensidad de los métodos violentos para la transformación del estado sería mucho mayor que en el caso de Fujimori dado que en el Perú de la década del 90 no había, ni por asomo, el grado de industrialización y de organización popular con el que cuenta la Argentina de hoy. Ese es el peligro que enfrenta hoy la sociedad.

En este escenario, el bloque popular debería tener una estrategia de construcción hegemónica mucho más sofisticada, que incorpore los elementos descriptos a fin de utilizar la capitalización de la renta petrolera para desarrollar definitivamente el país. Para ello será condición necesaria atacar frontal e inteligentemente a las políticas de reconfiguración socio económica de la actual administración reagrupando las diferentes fracciones del bloque popular, aún las actualmente desgajadas, para lo cual sus representaciones institucionales deberán presentar una estrategia de escucha y propuesta que estuvo notablemente ausente en la administración anterior, para pasar luego a la etapa de propuesta de gobernabilidad estatal sustentada materialmente en la nueva riqueza agro petrolera. Antes de que sea tarde.

Nota de Adrián Rojze

Economista y Politólogo