Este martes 19 de noviembre, a las 10, la Junta Interna de ATE del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realizará una protesta en Sarmiento 329, contra los despidos masivos que afectan a más de 2500 trabajadores de la cartera. La medida, impulsada por el ministro Mariano Cúneo Libarona, busca desvincular a los empleados mediante un "retiro voluntario", que los obliga a aceptar contratos precarios, con pérdida de salario y sin indemnización.

Según el sindicato, esta maniobra es parte de una estrategia de precarización laboral que pone en riesgo el funcionamiento de un organismo clave, responsable de garantizar el acceso a la justicia y proteger los derechos humanos. En el marco de esta ofensiva, ya han fallecido tres trabajadores, lo que evidencia la gravedad de la situación.

La medida afecta especialmente a los empleados contratados a través de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), un ente cooperador del Ministerio. Los trabajadores que no acepten las condiciones impuestas serán despedidos sin indemnización, mientras que los que sigan en el Ministerio perderán sus incentivos salariales, y gran parte de la planta se quedará sin estabilidad laboral.

En este contexto, ATE exige que se frene el ajuste y la precarización de los empleados, convocando a una lucha unificada con otras organizaciones sindicales, como UPCN. La movilización busca frenar la ofensiva del gobierno, que a través del plan "motosierra" del ministro Cúneo Libarona, avanza en una ola de despidos y ajustes, que afecta no solo a los trabajadores, sino también a los servicios públicos esenciales para la sociedad.

Mario “Paco” Manrique oficializó su renuncia como secretario gremial de la CGT, emitiendo duras críticas hacia la conducción encabezada por Héctor Daer y Carlos Acuña. En su carta de renuncia, Manrique argumentó que su decisión se debía al “cúmulo” de tareas que debía asumir como dirigente de su gremio y como legislador, aunque su salida también refleja el creciente malestar dentro de la central. Sus críticas se producen en un contexto de disputas políticas dentro del Partido Justicialista y en medio de la presión del gobierno nacional.

El dirigente, cercano a Cristina Fernández y Máximo Kirchner, denunció que “la CGT está partida de hecho” y criticó la falta de espacios de debate, señalando que las decisiones se toman entre un reducido grupo de líderes. Al respecto, mencionó específicamente a Daer, Acuña, Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez, a quienes acusó de monopolizar la voz de la CGT.

Manrique también se refirió a la falta de transparencia en las negociaciones con el gobierno de Javier Milei, afirmando que “nadie sabe qué se está negociando”. En el contexto de la interna del PJ, el exsecretario gremial expresó su desacuerdo con la crítica a los personalismos y defendió la figura de Cristina como presidenta del partido.

A pesar de la gravedad de sus acusaciones, la CGT logró evitar una crisis interna que complicara su funcionamiento ante la inminente reunión de la mesa tripartita convocada por el gobierno y empresarios. La renuncia de Manrique es el tercer cambio en la cúpula de la CGT en un corto período, pero no parece amenazar la estructura de la organización por el momento.

Con la renuncia, la central se enfrenta a un panorama incierto mientras los “gordos” e “independientes” buscan afianzar su poder en medio de la presión gubernamental. La ahora atención se centra en cómo se desarrollará la próxima reunión de la mesa tripartita y en el impacto de la salida de Manrique en la cohesión interna del movimiento sindical.

El conflicto entre el Gobierno nacional y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se ha intensificado debido a una nueva ola de despidos masivos en la Administración Pública. ATE ha denunciado que estas cesantías, que afectan a áreas cruciales del Estado, forman parte de un proceso de desmantelamiento de políticas públicas clave, lo que ha generado una creciente preocupación por el impacto social de estas medidas.

El sindicato ha señalado que casi 65 mil contratos laborales están en riesgo de no ser renovados, lo que podría provocar un colapso en servicios fundamentales para los sectores más vulnerables de la población. Las áreas afectadas incluyen el Ministerio de Capital Humano, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), la Secretaría de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Trabajo y Desarrollo Social. Los despidos en estos sectores ya suman centenares, y en algunos casos, como en Senaf, alcanzan las 600 bajas en los últimos nueve meses.

El Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, ha declarado que estos despidos responden a una política de ajuste que está destruyendo el empleo estatal y profundizando las desigualdades sociales. Según Aguiar, el impacto de esta situación es especialmente grave en la clase media y los sectores más vulnerables, que están perdiendo acceso a derechos esenciales.

Además de las cesantías, ATE ha criticado la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales, que ha superado el 30% en lo que va del año, agravado por el congelamiento salarial impuesto por el Gobierno. En respuesta, el gremio ha convocado a una serie de protestas y asambleas en todo el país para visibilizar el descontento social y presionar por un cambio en las políticas gubernamentales.

Uno de los puntos de mayor tensión se ha producido en el ex Ministerio de Desarrollo Social, donde ATE Capital ha denunciado despidos masivos y arbitrarios. La protesta más reciente, que tuvo lugar frente a este organismo en la Av. 9 de Julio, ha sido parte de un plan de lucha que continuará hasta que el Gobierno revierta lo que ATE considera un proceso de desmantelamiento del Estado.

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) ha hecho pública una gacetilla que señala un alarmante aumento de la pobreza en el país. En solo seis meses de gestión del gobierno de Javier Milei, la pobreza ha escalado al 52,9%, afectando a 24,9 millones de argentinos, lo que representa el peor registro en dos décadas, solo superado por la crisis de la convertibilidad en 2001.

El informe detalla que la pobreza afecta al 42,5% de los hogares, y que la indigencia ha alcanzado un preocupante 18,1%, lo que equivale a 8,5 millones de personas. Este escenario se agrava con datos que revelan que el 66,1% de los niños y niñas de entre 0 y 14 años viven en condiciones de pobreza, sumando un total de 7,3 millones de menores que sufren las consecuencias de esta crisis.

A pesar de los reiterados anuncios sobre la compra de nuevo material rodante, la situación no mejora. "Todo anuncio sobre trenes nuevos es positivo, pero siempre terminan quedando en promesas", lamentó. La situación empeora con cada aumento tarifario, que no se traduce en mejoras visibles para los trabajadores ni para los usuarios, mientras el sistema de transporte subterráneo sigue operando en condiciones peligrosas.

La CTA sostiene que este aumento en los índices de pobreza e indigencia es resultado directo de las decisiones políticas del gobierno, con figuras como el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el Toto Caputo, quienes han sido responsables de fracasos anteriores. La gacetilla también denuncia que los incrementos en tarifas de servicios públicos y el congelamiento de jubilaciones contribuyen a la profundización de la crisis. Además, la reciente reglamentación de la reforma laboral facilitará los despidos, lo que a su vez aumentará la desocupación.

A pesar de un poderoso sistema comunicacional que intenta ocultar esta realidad, la CTA advierte que el descontento popular es innegable. Ante esta situación, la organización llama a la unidad del movimiento popular y a las organizaciones sindicales y sociales para movilizarse y ponerle freno a lo que consideran un ataque feroz a las mayorías y a la soberanía nacional.

La gacetilla lleva la firma de los secretarios generales de la CTA, Hugo Godoy (CTA Autónoma) y Hugo Yasky (CTA de las y los Trabajadores), quienes reiteran su compromiso con la lucha por los derechos de los trabajadores y la defensa de los sectores más vulnerables.

El secretario ejecutivo de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), Claudio Dellecarbonara, confirmó el aumento del boleto de subte, que pasará a costar $750 con la SUBE registrada y $860 sin ella. Sin embargo, más allá del golpe al bolsillo de los usuarios, el dirigente sindical alertó sobre un problema mayor: la grave situación de la Línea B. "Es una bomba de tiempo", señaló Dellecarbonara, advirtiendo que no se sabe cuándo ocurrirá una tragedia debido a las condiciones en las que opera esa línea.

Los trabajadores del subte denuncian desde hace años la presencia de asbesto, un mineral cancerígeno, en las formaciones y otros problemas estructurales que ponen en riesgo a los empleados y a los pasajeros. "Estamos trabajando en un ámbito con asbesto, los trenes tienen 70 años de fabricación, se prenden fuego y a veces las puertas se abren en pleno túnel", explicó el metrodelegado.

A pesar de los reiterados anuncios sobre la compra de nuevo material rodante, la situación no mejora. "Todo anuncio sobre trenes nuevos es positivo, pero siempre terminan quedando en promesas", lamentó. La situación empeora con cada aumento tarifario, que no se traduce en mejoras visibles para los trabajadores ni para los usuarios, mientras el sistema de transporte subterráneo sigue operando en condiciones peligrosas.

Desde el gremio también se lanzó una crítica hacia la CGT, a la que acusaron de estar ausente en la lucha por mejores condiciones laborales y salariales en un contexto de suba constante de tarifas y precarización del servicio. Según Dellecarbonara, algunos sectores del sindicalismo "prefieren defender sus intereses como casta antes que los de los trabajadores", mientras el riesgo en la Línea B sigue latente.

Este nuevo incremento del boleto en el subte agrava la situación de millones de usuarios que ven cómo el costo de la vida sigue subiendo sin que se traduzca en mejoras concretas en los servicios públicos, ni en las condiciones laborales de quienes operan en uno de los transportes más utilizados de la ciudad.

La CGT confirmó su participación en la marcha del 2 de octubre en la Plaza del Congreso, en rechazo al veto a la Ley de Financiamiento Educativo anunciado por Javier Milei. La movilización, organizada por el Consejo Interuniversitario Nacional junto a diversos gremios, busca visibilizar la crisis que atraviesa la educación pública y frenar el ajuste gubernamental.

Pablo Moyano, líder de la CGT, expresó que es una obligación movilizarse y criticó las intenciones del presidente, indicando que este veto responde a las presiones del FMI. “Vamos a estar en la Plaza del Congreso”, afirmó Moyano, subrayando la importancia de apoyar a los trabajadores y a la educación.

La marcha se llevará a cabo como cierre de una semana de actividades que incluye clases abiertas, abrazos simbólicos en universidades, y un paro nacional. Esta serie de acciones busca poner de relieve la crisis educativa que se enfrenta debido a la falta de financiamiento y el recorte de presupuestos.

Daniel Ricci, de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), denunció que los salarios han perdido más del 60% de su poder adquisitivo desde la llegada de Milei al poder. “No hemos tenido respuestas a nuestros reclamos salariales, ni del presupuesto, ni de las becas que están congeladas hace más de un año”, aseguró.

La marcha del 2 de octubre será una oportunidad para que la CGT y el movimiento universitario se unan en defensa de la educación pública, planteando un frente común contra el ajuste y el desfinanciamiento que afectan tanto a estudiantes como a trabajadores del sector. La participación de la central obrera es clave para fortalecer la visibilidad de la crisis educativa y laboral en el país.

La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) se reunificó oficialmente, uniendo a la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, un evento anunciado por los líderes de ambas organizaciones, Hugo “Cachorro” Godoy y Hugo Yasky, en una reciente entrevista radial. Este acuerdo se produce en un contexto de creciente tensión con el gobierno actual, lo que ha llevado a ambas vertientes a reconocer la necesidad de una respuesta unificada ante políticas que afectan a los sectores más vulnerables.

“Con este Gobierno no cabe otra posibilidad que confrontar en todos los planos que podamos, porque no deja abierta ninguna vía que no sea la de la confrontación”, afirmó Yasky durante la entrevista en AM 530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Este llamado a la unidad surge de la observación de una “crueldad sistemática” en las decisiones económicas que impactan a jubilados, maestros y trabajadores del sector público, lo que ha incentivado a los líderes a actuar en conjunto.

Godoy complementó esta visión al señalar que la reunificación representa un proceso enriquecedor en un contexto marcado por la precarización laboral. “Es evidente el fraccionamiento que existe en la sociedad argentina y es una estrategia del poder efectivizarlo también en el seno de la clase trabajadora”, explicó. La historia de la CTA se remonta a los años 90, cuando se formó como una respuesta a la situación laboral de los trabajadores y a las decisiones de quienes eligieron aliarse con el entonces presidente Menem.

Ambos líderes coincidieron en la responsabilidad histórica que tienen frente a la actual administración, que han calificado de antidemocrática. “La salida de esto tiene que ser emancipadora”, concluyó Godoy, haciendo énfasis en la importancia de proporcionar no solo capacidad de resistencia, sino también propuestas concretas para enfrentar el modelo económico actual.

Este nuevo capítulo en la historia de la CTA representa una respuesta colectiva a los desafíos del presente y una promesa de movilización para proteger los derechos de los trabajadores en un clima político cada vez más adverso.

El Papa Francisco recibió en la Ciudad del Vaticano a una delegación de la Confederación General del Trabajo (CGT) encabezada por Pablo Moyano y Héctor Daer, instando a los sindicalistas a “defender la justicia social como instrumento de equilibrio de las sociedades modernas”. La reunión, que tuvo lugar en la sede de Santa Bárbara, se prolongó por más de una hora y sirvió como un espacio para analizar la situación política y socioeconómica actual de Argentina, marcada por las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei.

Los líderes sindicales expresaron su profunda preocupación por las reformas laborales promovidas por La Libertad Avanza (LLA) y coincidieron con el Papa en la urgencia de dignificar el trabajo. Resaltaron la necesidad de establecer un diálogo social entre sindicatos, el Gobierno y el sector empresarial, buscando soluciones conjuntas a los desafíos que enfrenta el país.

Daer compartió que el planteo central fue el camino hacia la defensa de la dignidad del trabajo, un principio fundamental en la conducta social y la dignidad humana. “El Papa nos exhortó a defender esta cuestión y a defender la justicia social como instrumento de equilibrio de las sociedades modernas”, afirmó. Durante el encuentro, también se abordó el impacto de las crisis globales, reconociendo que “las convulsiones del mundo no sólo son nuestra coyuntura, sino que vivimos en un mundo eternamente convulsionado”.

Las principales centrales sindicales del país, la CGT y la CTA, ya han llevado el caso a la OIT, mientras la ITF se prepara para denunciar al gobierno argentino si se avanza con la reglamentación. Para Cotton, cualquier acto administrativo que imponga esta medida sin seguir el marco legal constituiría un abuso de autoridad y una violación de las obligaciones internacionales del país.

Adicionalmente, se discutió la necesidad de proteger a los niños y jóvenes de la influencia del narcotráfico, fortaleciendo la comunicación con la comunidad educativa. La posibilidad de una visita pastoral de Francisco a Argentina también fue tema de conversación. “Él dijo que quiere venir a la Argentina”, aseguró Daer, quien destacó que el Papa tiene compromisos previos, pero que “si Dios quiere, va a venir”.

La comitiva de la CGT incluyó a figuras destacadas como Andrés Rodríguez (Estatales), Gerardo Martínez (Uocra) y Marina Jaureguiberry (Sadop), entre otros. Daer enfatizó que la reunión representó a “todos los sectores” de la central obrera, incluyendo a los compañeros de la Economía Popular, marcando un claro compromiso con la defensa de la dignidad del trabajo en el país.

El reciente anuncio del presidente Javier Milei de declarar la aviación como un "servicio esencial" ha generado polémica. La medida, que busca imponer niveles mínimos de servicio, atenta contra el derecho fundamental de los trabajadores a la huelga, protegido tanto por la Constitución argentina como por convenios internacionales.

Stephen Cotton, secretario general de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), calificó la decisión como "regresiva" y "peligrosa". Según Cotton, la aviación no es un servicio esencial en el sentido legal estricto, y cualquier intento de limitar las huelgas en este sector contraviene los principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que Argentina ha ratificado.

La ITF, que representa a más de 17 millones de trabajadores en todo el mundo, denunció que el gobierno de Milei está ignorando la legislación argentina. La ley establece que una comisión independiente debe determinar qué servicios son esenciales y qué niveles mínimos deben mantenerse. Sin embargo, el gobierno está avanzando sin consultar a los sindicatos ni respetar este procedimiento.

Las principales centrales sindicales del país, la CGT y la CTA, ya han llevado el caso a la OIT, mientras la ITF se prepara para denunciar al gobierno argentino si se avanza con la reglamentación. Para Cotton, cualquier acto administrativo que imponga esta medida sin seguir el marco legal constituiría un abuso de autoridad y una violación de las obligaciones internacionales del país.

El conflicto, que amenaza con escalar, no solo afecta los derechos laborales, sino que plantea un serio desafío a la democracia argentina. “Cuando un gobierno ataca los derechos laborales, está atacando los cimientos mismos de la democracia”, advirtió Cotton.

El Papa Francisco recibirá el 16 de septiembre a la cúpula de la CGT en el Vaticano, en un encuentro inédito en el que los líderes sindicales entregarán un documento que expresa su preocupación por las políticas económicas del presidente Javier Milei. Esta será la primera vez que Francisco reciba a una delegación completa de la central obrera, que incluirá a los secretarios generales Héctor Daer y Pablo Moyano, además de Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, José Luis Lingeri y Maia Volcovinsky.

El documento que presentarán los sindicalistas aborda las reformas laborales impulsadas por la administración de Milei y otros aspectos de su política económica que han generado tensión entre la CGT y el Gobierno. La central obrera ha expresado su desacuerdo a través de dos paros generales en los primeros meses de la gestión de Milei y su retiro de la mesa del diálogo social en el marco del Pacto de Mayo.

El Papa Francisco se encontrará con los sindicalistas poco después de regresar de una gira por Asia, que comenzará en Indonesia el 2 de septiembre y finalizará en Singapur el 13 del mismo mes. Esta reunión con la CGT se suma a otros encuentros recientes del Papa con figuras críticas del Gobierno argentino, como el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

La visita de los líderes sindicales al Vaticano marca un momento significativo en la relación entre la CGT y el Papa Francisco, quienes previamente habían tenido audiencias individuales pero nunca como una comitiva conjunta. El encuentro será una oportunidad para que los sindicalistas expresen sus preocupaciones directamente al Sumo Pontífice sobre las reformas laborales y su impacto en la situación laboral y social del país.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Capital emitió un comunicado en el que acusó al gobierno de La Libertad Avanza de llevar a cabo una política de despidos discriminatorios y persecución ideológica. Según el sindicato, las filtraciones de los últimos días revelan que los despidos no solo se justifican en la supuesta reorganización estatal, sino también por motivos políticos, sindicales y de afiliación partidaria.

"El Gobierno, no contento con destruir el Estado y mantener salarios de pobreza, ahora pretende despedir por pertenecer a un partido político o sindicato", expresó ATE Capital, que hace ocho meses denuncia lo que consideran "un ataque sistemático contra el Estado y sus trabajadores".

Desde ATE Capital aseguran que, en una primera instancia, la administración de La Libertad Avanza comenzó a perseguir al cupo trans, lo que derivó en el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). En los últimos meses, afirman que el gobierno intensificó la persecución a empleados por razones políticas, gremiales y de salud. "Hoy persiguen a cualquiera que se comprometa con construir una realidad distinta a la crueldad impuesta por el Estado", sostuvieron desde el sindicato.

El comunicado del gremio hace énfasis en que los despidos actuales pueden ser considerados discriminatorios, ya que están motivados por etnia, raza, género, religión, afiliación política o gremial, entre otros. "Estos despidos son una clara muestra de la vuelta del autoritarismo al Estado", afirmaron.

La gestión de La Libertad Avanza, según ATE Capital, no busca solamente reducir la planta del Estado, sino también eliminar voces disidentes y consolidar un modelo de persecución ideológica dentro de la administración pública. "Como en las épocas más oscuras de nuestra historia, se dice defender la libertad, pero lo que realmente se aplica es un autoritarismo descarado", concluyeron en su denuncia.

En un comunicado de prensa, la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T) ha expresado su firme rechazo al veto presidencial sobre la ley de movilidad previsional, recientemente aprobada por el Congreso. La ley, diseñada para ajustar mensualmente los haberes mínimos en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y agregar un 8,1% para cubrir la inflación de enero, pretendía elevar el haber mínimo de $234.540 a $251.427 en septiembre, asegurando que el ingreso más bajo del sistema contributivo alcanzara los $317.704.

El presidente Javier Milei, quien ha declarado que "no hay plata para los jubilados", ha optado en cambio por firmar un decreto de $100 mil millones destinado a la Secretaría de Inteligencia (SIDE). Este presupuesto había sido previamente rechazado por la Cámara de Diputados, generando una fuerte controversia.

La CTA-T, en su comunicado, critica esta decisión como una clara muestra de prioridades erradas, donde el gasto en seguridad interna supera el necesario apoyo a los jubilados. La organización también ha destacado que la movilización de hoy, en la que participaron miembros de la Multisectorial en Defensa de la Seguridad Social, tuvo como objetivo expresar el rechazo a las políticas del gobierno y exigir un ajuste que no perjudique a los sectores más vulnerables.

El comunicado subraya que el ajuste económico propuesto por el gobierno no solo ignora las necesidades de los jubilados, sino que también profundiza la desigualdad al beneficiar a los sectores más poderosos a expensas de los trabajadores y jubilados. La CTA-T destaca que la situación actual es una transferencia injusta de recursos hacia unos pocos, mientras que los jubilados y sectores vulnerables quedan desprotegidos.

En respuesta a estas medidas, se está conformando una mayoría en el Congreso que busca marcar límites a las políticas de ajuste del gobierno. La CTA-T, junto con distintos sectores sociales, como docentes, universitarios y coordinadoras de jubilados, está trabajando para promover una política más justa y equitativa.

El comunicado finaliza con un llamado a la defensa de los derechos de los jubilados, subrayando que el veto a la ley de movilidad es una injusticia que debe ser rechazada en favor de una política que priorice el bienestar de todos los ciudadanos.

El ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, inauguró hoy la nueva subdelegación Regional de Trabajo y Empleo en Ezeiza. En el acto, también participaron el intendente Gastón Granados y el secretario General Adjunto de Camioneros, Pablo Moyano. La nueva oficina, ubicada en el Shopping Los Nogales en calle Las Hortensias Nº31, permitirá a los vecinos realizar consultas y trámites del Ministerio de Trabajo sin tener que trasladarse hasta la Delegación de Lomas de Zamora.

Esta apertura es parte de una política más amplia del gobernador Axel Kicillof, que busca acercar el Estado a la población mediante la creación de nuevas sedes en toda la provincia. Correa destacó que esta medida tiene como objetivo ratificar los derechos laborales y ofrecer herramientas accesibles a los trabajadores, a diferencia de la política del gobierno nacional, que ha sido criticada por su falta de atención a las necesidades del sector laboral.

Durante el acto, el ministro Correa y el intendente Granados firmaron un convenio en el que el municipio cede el uso de las instalaciones para el funcionamiento de la nueva subdelegación. Granados enfatizó la importancia de seguir luchando por los derechos de los trabajadores en un contexto de amenazas a esos derechos, y Moyano resaltó que la presencia del Estado provincial es crucial frente a las políticas nacionales que, según él, buscan desmantelar los logros laborales.

El acto contó también con la presencia de varios funcionarios del Ministerio de Trabajo, incluyendo la jefa de Gabinete Cecilia Cecchini, el subsecretario de Relaciones del Trabajo Andrés Reveles, y otros directores provinciales. Este evento resalta la creciente preocupación y el esfuerzo por proteger los derechos de los trabajadores en un momento de incertidumbre política.

Este martes, trabajadores estatales de la Ciudad de Buenos Aires se movilizan frente al Ministerio de Hacienda Porteño para exigir el fin de la precarización laboral y ajustes salariales acordes a la inflación. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) revela que más de 20 mil empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) se encuentran facturando como monotributistas, con una pérdida salarial que superó el 22% en 2023 y una paritaria 2024 que acentúa el deterioro del poder adquisitivo, con un ajuste del 5% por debajo de la inflación real. Muchos de estos trabajadores han estado en esta situación durante más de seis años.

Romina Piccirillo, secretaria de Comunicación de ATE Capital, denuncia que “los monotributistas están desfasados respecto a los trabajadores de planta permanente, realizando las mismas tareas por un salario cercano a los $400 mil sin cobertura de ART, sin cargas sociales y sin seguro”. Además, los trabajadores que se encuentran en esta situación deben enfrentar el aumento de las cuotas del monotributo establecidas por el Gobierno nacional.

ATE Capital exige el pase a planta de estos trabajadores precarizados y un aumento salarial que se equipare al del resto de los empleados de planta. También propone que los monotributistas no tributen Ingresos Brutos. El gremio demanda que la suma fija recientemente acordada sea extendida a todos los empleados y que se considere como parte del salario remunerativo.

Un ejemplo notable de esta precarización en el GCBA es la Dirección de Prevención del Delito, que cuenta con 1.400 trabajadores, de los cuales solo 60 están en planta permanente o transitoria. ATE también critica los mecanismos de retiro voluntario impulsados por el Gobierno de Jorge Macri, que han dejado en crisis a varios organismos, incluido el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, exacerbando la crisis con amenazas y descuentos por inasistencias injustificadas. Esta situación está generando un impacto negativo en la atención y cumplimiento de funciones esenciales.

Luego de casi una semana de conflicto en Rosario entre el sindicato de aceiteros y las industrias del sector agroexportador, aún no se vislumbra un acuerdo. Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Aceiteros, declaró que los trabajadores solicitan un aumento salarial del 26%, mientras que las empresas ofrecen un 17% en cuotas. En una reciente entrevista, Yofra acusó a las agroexportadoras de utilizar el conflicto como herramienta de presión sobre el Gobierno para obtener un dólar a 1.800 pesos y la reducción de retenciones.

Yofra destacó que la falta de avance en las negociaciones se debe a que las empresas no han solicitado la conciliación obligatoria, a pesar del impacto del paro en las exportaciones y el ingreso de divisas. Además, criticó la política gubernamental, argumentando que el actual Ministerio de Trabajo, bajo la dirección de un representante de las patronales, no está resolviendo los problemas de los trabajadores.

Las empresas agroexportadoras, según Yofra, parecen estar especulando con el conflicto para presionar al Gobierno, recordando huelgas anteriores donde se ha solicitado la intervención gubernamental en temas como el valor del dólar y las retenciones. En su opinión, esta estrategia busca que el Gobierno tome nota de las pérdidas ocasionadas por el paro.

El dirigente sindical también arremetió contra la política oficialista hacia los sindicatos, señalando que no se trata de mejorar las condiciones laborales, sino de conservar los acuerdos existentes. Criticó la gestión actual y pasada por su falta de compromiso con la mejora de las condiciones de los trabajadores, y mencionó que los aportes sindicales se utilizan para capacitar y mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

Yofra enfatizó que el salario mínimo ha aumentado un 122% en el último año, mientras que el precio de la canasta básica se ha disparado un 250%. Frente a estas disparidades, instó a cambiar la percepción sobre los trabajadores y cuestionó los altos salarios de los políticos en comparación con las demandas salariales de los aceiteros.

La CGT ha decidido abandonar la inercia observada desde el paro general del 9 de mayo y se prepara para un nuevo ciclo de movilizaciones. La primera manifestación será una marcha programada para el 7 de agosto, en el día de San Cayetano, con la participación de las dos CTA y movimientos sociales. La táctica elegida para enfrentar al gobierno de Javier Milei es la de "golpear y salir", estrategia que será definida con mayor precisión en un próximo plenario de regionales.

La crisis comenzó días después de la asunción de Luis Caputo como ministro de Economía, cuando anunció una devaluación del 118%. Este ajuste provocó un impacto inmediato en los trabajadores, llevando a la CGT a tomar medidas rápidas. Inicialmente, la central sindical emprendió acciones legales contra el DNU 70/2023 y convocó un paro general el 24 de enero. Aunque la CGT participó en movilizaciones hasta el 9 de mayo, experimentó un periodo de calma que no reflejaba la creciente tensión social. Los sectores más dialoguistas de la CGT, conocidos como los "gordos" y "independientes", intentaron negociar con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, sin éxito, y la ley Bases, que afectó la legislación laboral, fue sancionada sin la intervención del peronismo en el Congreso.

En la reciente reunión del consejo directivo de la CGT, se acordó retomar la iniciativa y asegurar el éxito en las convocatorias futuras. La marcha del 7 de agosto se plantea como una oportunidad para movilizar a los trabajadores bajo la consigna de "paz, pan y trabajo". Pablo Moyano destacó que la protesta será pacífica pero multitudinaria, abordando temas como la recesión, despidos, reforma laboral, ganancias y apoyo a comedores y merenderos.

El fracaso en las negociaciones con el gobierno ha llevado al sector dialoguista a adoptar una táctica más activa. Andrés Rodríguez, titular de UPCN, propuso la estrategia de "golpear y salir", que fue aceptada por el consejo directivo. Esta estrategia debe ser ratificada en un plenario de regionales previsto para la segunda quincena de agosto. La CGT planea coordinar estas acciones con las dos CTA y organizaciones sociales que representan a trabajadores no registrados. A pesar de estos esfuerzos, persiste una queja entre los dirigentes gremiales por la falta de liderazgo político del peronismo, resumida en el desalentador "estamos solos".

El conflicto entre el sindicato de Camioneros y la administración de Jorge Macri ha escalado tras la decisión del jefe de gobierno porteño de estatizar a 300 choferes de grúas encuadrados en el gremio. Esta medida, anunciada recientemente, ha llevado a una notable disminución en la recolección de basura en la Ciudad de Buenos Aires, generando una acumulación de residuos en las calles.

Pablo Moyano, secretario adjunto del sindicato, ha expresado su firme rechazo a la estatización y al intento de cambiar el convenio laboral de los trabajadores. En declaraciones radiales, Moyano denunció las “irregularidades” en las empresas de recolección de basura y cuestionó la lógica de que “un barrendero pague Ganancias”, resaltando las graves inconsistencias en las políticas de recolección y el impacto negativo sobre los trabajadores.

En respuesta a la medida de Macri, que incluye la cancelación del proceso licitatorio para el servicio de grúas y acarreo, el sindicato ha decidido reducir la recolección de basura como forma de protesta. Moyano aclaró que no se trata de un paro total, sino de una manifestación bajo el convenio actual, con una reducción en el tiempo de trabajo para expresar el descontento.

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, justificó su decisión argumentando la necesidad de “cuidar cada peso de los contribuyentes” y prometió una revisión exhaustiva del servicio de grúas. Según Macri, el servicio continuará a cargo de la Ciudad a un costo significativamente menor, aunque esto ha sido visto por el sindicato como un mero intento de ganar tiempo sin resolver el fondo del problema.

En otro frente, Pablo Moyano criticó duramente al gobierno nacional de Javier Milei. En referencia a la reciente audiencia del Consejo del Salario, el sindicalista expresó su escepticismo, afirmando que el gobierno no ofrece soluciones reales y que las negociaciones resultan en medidas que afectan directamente a los trabajadores, como la reimplementación del impuesto a las Ganancias. Moyano aseguró que muchos trabajadores siguieron operando durante la pandemia, mientras que hoy se enfrentan a cargas impositivas injustas.

Moyano también abordó la disputa interna en la CGT sobre cómo enfrentar al gobierno de Milei. Mientras algunos sectores buscan una oposición dura, otros prefieren explorar vías de diálogo. El sindicalista adelantó que los gremios del transporte, bajo su liderazgo, están considerando judicializar la nueva normativa del impuesto a las Ganancias.

Finalmente, el secretario adjunto del sindicato de Camioneros señaló que no se han fijado fechas para futuras movilizaciones o paros, dejando claro que la central obrera está en proceso de debate interno sobre la mejor estrategia de lucha frente a un gobierno que considera ineficaz y perjudicial para los trabajadores.

En la ciudad de La Plata se realizó el Plenario Nacional de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina, con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; del Ministro de Trabajo de PBA, Walter Correa; del ex Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, así como de secretarixs generales y delegadxs de las distintas regionales de la CTA-T de todo el país.

El secretario general de la CTA-T y diputado nacional, Hugo Yasky, apeló a la unidad del movimiento obrero y de las centrales sindicales para enfrentar las políticas del gobierno de Javier Milei "para que las víctimas de la motosierra de recortar salarios y echar trabajadores sepan que no están en soledad".

"Este gobierno posee la fortaleza que le da tener detrás de sí la concurrencia de los grupos corporativos más poderosos de la República Argentina, del poder económico y financiero del país", describió Yasky y agregó: "El éxito o el fracaso de lo que pretenden hacer depende de que puedan cumplir su cometido que es destruir al movimiento sindical. De nosotros depende, en gran medida, que no lo puedan hacer".

Para concluir, señaló: "El camino es organizar una resistencia que nos permita construir la salida política, que sea capaz de confrontar con el modelo de miseria y represión sistematizada y que implique la distribución de la riqueza y la defensa de los Derechos Humanos".

En el cierre del encuentro, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires compartió sus reflexiones con el auditorio y afirmó que el gobierno de Milei “es una formidable estafa electoral”. Y explicó que en campaña el actual presidente “decía que no se puede cambiar si están siempre los mismos, pero convocó a Caputo, Sturzenegger y Bullrich, un trío de fracasadores seriales que estuvo en todos los gobiernos neoliberales”.

Kicillof celebró que venía de cerrar paritarias con los trabajadores del estado provincial. Lo que demuestra que “a pesar del recorte de fondos a la provincia por 6,3 millones de millones de pesos que de forma anticonstitucional le fueron arrebatados por la autoridades nacionales, estamos cumpliendo con un mandato para darle más dignidad a lxs laburantes".

Por último, Axel señaló que Milei, “aunque tenga esas ideas estrafalarias y sea el único anarcocapitalista realmente existente sobre la tierra, no puede desoír o incumplir los deberes que le impone la Constitución Nacional que son derechos consagrados y no son optativos”. Por eso afirmó que “si a Milei le va bien con su modelo de sociedad dual extractivista a la Argentina le va a ir muy mal”.

En un nuevo capítulo de resistencia sindical, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha decidido redoblar esfuerzos para frenar la reinstalación del impuesto a las ganancias sobre los salarios. Luego de haber presentado un amparo exitoso contra el capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, los líderes sindicales ahora apuntan sus cañones contra el retroceso impositivo impulsado por el gobierno de Javier Milei.

La CGT, encabezada por Mario Manrique, Pablo Moyano, Héctor Daer, Carlos Acuña y Andrés Rodríguez, ha vuelto a encontrar consenso tras algunas tensiones internas. La falta de un plan unificado para resistir la sanción de la Ley de Bases y el Paquete Fiscal había generado divisiones, pero la necesidad de enfrentar el impuesto a las ganancias ha reunificado a la dirigencia sindical.

No todos los gremios serán afectados por este impuesto, pero los petroleros, aceiteros y pilotos de aerolíneas están entre los primeros perjudicados. Estos sectores ya han comenzado a trabajar con sus abogados para preparar presentaciones judiciales que frenen lo que consideran un golpe directo a los trabajadores. La CGT planea una acción institucional similar a la que presentó contra el DNU 70/2023, que aún sigue vigente por la falta de tratamiento en la Cámara de Diputados.

Días atrás, la central obrera emitió un contundente comunicado en rechazo al regreso del impuesto al trabajo. “Este impuesto representa un duro golpe a los ya deprimidos ingresos de los trabajadores”, señalaron, advirtiendo que la medida agravará la pérdida del poder adquisitivo, potenciando los índices de pobreza en un contexto de recesión y desempleo crecientes. La CGT también denunció que, mientras se fomentan prácticas como la evasión y el fraude laboral, se desfinancian los sistemas de seguridad social y se generan nuevos contribuyentes entre los trabajadores.

"Se condonan multas, se fomenta la evasión, el fraude en materia laboral, se desfinancian los sistemas de seguridad social, pero se generan nuevos contribuyentes: los trabajadores, imposibilitados de las prerrogativas de evasión o blanqueos de las que se benefician los grandes contribuyentes", reza el comunicado. Además, la CGT advirtió que utilizará todas las herramientas a su alcance para proteger los ingresos de quienes realmente producen riqueza en Argentina.

La unidad en la CGT se manifiesta también en la lucha contra el artículo de la Ley de Bases que considera el bloqueo de una empresa motivo suficiente para el despido con causa. El gremio de camioneros, en particular, se prepara para enfrentar esta disposición, argumentando que puede ser utilizada contra cualquier actividad sindical legítima.

La CGT también debe definir su posición respecto al intento del gobierno de involucrarlos en la reglamentación de la reforma laboral que incluye la Ley de Bases. Existe un consenso general en no participar en este proceso, ya que quedar "pegado" a la redacción de la reglamentación no beneficia a ninguno de los integrantes del consejo directivo.

Otro punto crucial a definir es la participación en el Pacto de Mayo, convocado por la Casa Rosada para el 9 de julio en Tucumán. Milei busca una foto rodeado de gobernadores, expresidentes, legisladores, jueces y dirigentes sindicales. Sin embargo, estos últimos deben decidir si se sumarán a un pacto en el que no tuvieron participación en la redacción.

La FTCIODyARA lanzó un paro que abarca a todas las plantas aceiteras de Argentina, afectando tanto a grandes multinacionales como a establecimientos de la industria nacional. La medida se tomó en protesta contra el tratamiento en Diputados de las "medidas regresivas" incluidas en la Ley Bases y el Paquete Fiscal propuestos por el Ejecutivo.

Entre los reclamos principales, los aceiteros exigen que no se aprueben las leyes que, según ellos, reinstalarían el Impuesto al Salario, promulgarían una Reforma Laboral anti obrera y rematarían el patrimonio público de la nación. La medida de fuerza se mantendrá hasta nueva información.

En un comunicado oficial, la organización gremial expresó: "Nuestra organización gremial reafirma el profundo rechazo contra la Ley Ómnibus denominada ‘Bases’ por el gobierno nacional que incluye, entre otras medidas negativas, una Reforma Laboral regresiva y el remate del patrimonio público con privatizaciones y entrega de recursos comunes del pueblo argentino, junto al Paquete Fiscal que incluye enormes beneficios para los más ricos y la reinstalación del impuesto al Salario, mal llamado ‘Ganancias’, que alcanzará a la práctica totalidad de aceiteros y desmotadores de algodón".

Desde la Federación, se enfatiza que el proyecto ha regresado del Senado a la Cámara de Diputados con un carácter aún más agresivo contra la clase trabajadora, buscando limitar el derecho constitucional de huelga y habilitar despidos y persecución contra quienes lo ejerzan. "Es necesario enfatizar que este proyecto vuelve del Senado a la Cámara de Diputados con un carácter aún más agresivo contra la clase trabajadora, buscando limitar el derecho constitucional de huelga y habilitar despidos y persecución contra quienes lo ejerzan", subraya el comunicado.

La comisión directiva del gremio cierra el comunicado con una declaración firme: "Nuestra lucha es por la defensa de los derechos laborales, sindicales y democráticos de toda la clase trabajadora argentina, y por el Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición constitucional y legal que garantiza la vida digna para nuestras familias".

Este conflicto se enmarca en un contexto de creciente tensión social y política en el país, donde las políticas del gobierno han sido criticadas por su impacto negativo en los derechos laborales y sociales. La reacción de los aceiteros es un reflejo de la resistencia de la clase trabajadora ante medidas que consideran perjudiciales para sus condiciones de vida y laborales. La resolución de este conflicto será clave para el futuro de las relaciones laborales en Argentina y para la estabilidad social del país.

La Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un comunicado en el que repudia la violenta represión sufrida por trabajadores y ciudadanos que se manifestaban pacíficamente frente al Congreso Nacional en rechazo a la aprobación de la Ley Bases. Denunciaron que las fuerzas de seguridad, bajo el mando de la ministra Patricia Bullrich, provocaron a los manifestantes para luego desatar una represión brutal, con el objetivo de generar una reacción que justifique el uso de gas pimienta.

La central obrera expresó su solidaridad con los manifestantes que fueron reprimidos en la Plaza de los Dos Congresos mientras expresaban su rechazo a la mencionada ley. Durante la jornada, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, de la Economía Popular, militantes políticos, trabajadores de prensa y transeúntes se hicieron presentes. Incluso algunos legisladores fueron víctimas de la represión y debieron recibir atención médica.

Según la CGT, las fuerzas de seguridad no dudaron en reprimir incluso en presencia de adultos mayores y diputados nacionales. Utilizaron balas de goma, carros hidrantes y motos para golpear a quienes se cruzaban en su camino, con la clara intención de infundir terror. Sin embargo, los trabajadores no respondieron a estas provocaciones.

En un comunicado firmado por el secretario y la cosecretaria de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato y Maia Volcovinsky, se afirma que la represión fue planificada para despejar la zona durante la votación de la ley, extendiéndose luego a los cacerolazos que se multiplicaron en el Congreso y otros puntos de la ciudad. Se denuncia la detención arbitraria de numerosos transeúntes para generar violencia.

La CGT compara esta situación con la vivida en 2000 durante la votación de la Ley Banelco, destacando la falta de legitimidad y consenso. En este contexto, la central obrera hace un llamado a la cordura, destacando que la represión nunca podrá acallar la voz del pueblo. Concluyen que tarde o temprano, habrá justicia.

En el documento presentado, la CTA enfatiza que el gobierno de Milei ha llevado a cabo despidos masivos e ilegales en la administración pública, contraviniendo los derechos históricamente defendidos por las organizaciones sindicales. Estas acciones, según la denuncia, constituyen una clara violación de los convenios internacionales sobre libertad sindical y negociación colectiva.

Desde la asunción del gobierno en diciembre último, se han producido múltiples despidos de trabajadores estatales bajo diversos decretos y resoluciones. En particular, el decreto 84/23 del 26 de diciembre pasado dispuso la no renovación contractual de los empleados ingresados en 2023 y la revisión de las contrataciones anteriores, lo que resultó en la cesantía de unos 20 mil trabajadores, con la amenaza de alcanzar los 70 mil, según declaraciones del propio presidente.

La CTA también denunció que el gobierno estigmatiza públicamente a los trabajadores estatales, calificándolos como militantes y minimizando el valor de su trabajo. Estas acciones, según la central sindical, reflejan una clara intención de deslegitimar y debilitar a las organizaciones sindicales y a sus representantes, llamándolos "casta" y prometiendo erradicarlos.

Ante esta situación, la CTA solicita la intervención urgente del Comité de Libertad Sindical de la OIT para investigar y detener las violaciones a los derechos laborales y sindicales en Argentina. Además, el secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, Roberto Baradel, se reunió con el director general de la OIT, Gilbert Houngbo, para denunciar los atropellos del gobierno argentino contra los trabajadores.

En la reunión, Baradel planteó la preocupación por la situación argentina y por el principio rector del gobierno de Milei, que sostiene que "la justicia social es una aberración", contradiciendo uno de los temas fundamentales de la OIT. La CTA también denunció la decisión de Milei de despedir trabajadores, incumplir leyes y avasallar los derechos laborales fundamentales, reclamando la necesidad de que la OIT intervenga para propiciar el diálogo y la justicia social en Argentina.

La Confederación General del Trabajo (CGT), a través de su cotitular Pablo Moyano, confirmó que marchará en contra de la Ley Bases el día en que se debata en el Senado. Además, Moyano rechazó formar parte del Consejo de Mayo propuesto por Javier Milei, a quien criticó duramente, llamándolo "el hazmerreír del mundo".

Estas declaraciones se realizaron durante el plenario de la CGT en Pergamino, donde Moyano ratificó "el compromiso de la central obrera con la defensa de los trabajadores" y llamó a la unidad en defensa de los derechos laborales, oponiéndose al proyecto oficialista que ya cuenta con media sanción en Diputados pero enfrenta dificultades para conseguir consensos en Senadores.

Moyano criticó a senadores y gobernadores por apoyar un decreto de necesidad y urgencia que, según él, perjudica a los trabajadores y a los argentinos, a pesar de que "cantan la marcha peronista y al llegar al Congreso votan en contra de los trabajadores".

El líder de la CGT expresó su esperanza de que la Ley Bases sea rechazada y vuelva a Diputados para ser tratada el año que viene, destacando que cada vez más sectores salen a la calle en protesta. Moyano también rechazó el Consejo de Mayo propuesto por Milei, calificándolo como un "manotazo de ahogado" y una "chantada".

En otro orden, el ministro de Trabajo bonaerense y dirigente del gremio de curtidores, Walter Correa, también presente en el plenario, criticó la norma que, según él, busca la venta indiscriminada de recursos naturales, convirtiendo a Argentina en una colonia.

La CGT, en un contexto de creciente malestar, se suma a la oposición contra la Ley Bases y promete movilizarse en defensa de los derechos de los trabajadores, mientras el Gobierno se ve envuelto en polémicas por la gestión de alimentos destinados a comedores sociales.

La jornada de protesta docente de este jueves será recordada como una de las más significativas de la historia reciente. Bajo el lema de unidad y resistencia, gremios de todos los niveles educativos, junto a trabajadores no docentes, llevaron a cabo un paro nacional con una adhesión masiva en respuesta al ajuste implementado por el gobierno de Javier Milei. La movilización incluyó una manifestación frente al Congreso de la Nación, donde se reclamó por la recomposición salarial, la restitución de transferencias presupuestarias y un aumento para los docentes jubilados.

El paro fue convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), apoyada por otros sindicatos docentes de la CGT, como la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

“Este fue un paro con una participación altísima en todo el país”, aseguró Sonia Alesso, secretaria general de Ctera. Alesso destacó que la protesta fue “un hecho histórico” por su carácter transversal, abarcando todos los niveles del sistema educativo, desde el inicial hasta el universitario. En el acto frente al Congreso, Fabián Felman, titular de CEA, subrayó la importancia de la unidad nacional frente a políticas que, según él, buscan debilitar al movimiento obrero. "Este gobierno no va a reflexionar, porque es un gobierno de ricos", sentenció.

Alesso denunció la profunda caída del poder adquisitivo de los docentes, con salarios que en su mayoría están por debajo de la línea de pobreza. “El Gobierno no fijó el piso salarial nacional, por lo que seguimos con el del año pasado, de 250 mil pesos, que solo cobran cinco provincias. Otras 11 están entre 250 y 350 mil pesos”, explicó, resaltando la gravedad de la situación.

Además, Alesso acusó al Gobierno de incumplir las leyes fundamentales de la educación, incluyendo la Ley Nacional de Educación, la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Educación Técnica Profesional. Hizo hincapié en el desfinanciamiento de fondos destinados a las provincias, como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), y recursos cruciales para comedores, copas de leche y la infraestructura escolar. Señaló que muchas obras en las provincias están paralizadas por recortes presupuestarios. "El próximo martes marcharemos nuevamente al Congreso para exigir a los legisladores que aprueben estas partidas", anunció.

Carlos de Feo, titular de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), criticó la falta de compromiso del Gobierno para resolver el conflicto. "En una reunión con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, nos dijo que la educación es prioridad, pero a la hora de hablar de aumentos salariales, afirmó que no hay fondos. Es solo retórica", afirmó. “La negociación está estancada y no vemos un futuro claro”.

De Feo también advirtió sobre la continuidad de los reclamos, indicando que el conflicto se intensificará y habrá más movilizaciones en la calle. No descartó una nueva marcha universitaria en el segundo semestre, similar a la anterior.

Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, reiteró que "no está prevista ninguna convocatoria de paritaria" y delegó la responsabilidad a las provincias. "Este es un país federal y las provincias deben resolver los temas docentes, incluyendo los salarios", sostuvo, criticando que este es "el tercer paro" docente del año.

En una decisión que ha generado fuerte controversia, el Gobierno despidió a 120 trabajadores del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Según denuncias de ATE, la mayoría de las personas despedidas pertenecen al colectivo LGTBIQ+ y personas con discapacidad, lo que representa un ajuste del 40 por ciento del personal del organismo.

El despido de estas personas se realizó mediante un correo electrónico que indicaba que "no corresponde prorrogar su designación transitoria". Esta medida generó una rápida reacción del gremio y de los trabajadores, que se concentraron en torno a la sede del edificio en Avenida de Mayo al 1401. Desde ATE-INADI, se iniciaron medidas de fuerza que continuarán "hasta que haya una respuesta".

Entre los despedidos se encuentran personas con entre 10 y 25 años de antigüedad en sus puestos, y en el caso de las personas trans, sus puestos estaban cubiertos por la Ley de Cupo laboral Travesti Trans. Este despido masivo ha dejado áreas enteras del organismo desmanteladas y programas completos vaciados de contenido.

La interventora del INADI, Ángeles Quiroga, designada tras el anuncio del cierre del instituto en febrero y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Justicia, ha sido duramente criticada por ATE, que la acusa de despedir compañeros sin cumplir con su tarea de promover la inclusión y los derechos que el organismo representa. ATE exige la urgente reincorporación de los despedidos y denuncia un nuevo avance en el desguace del Estado impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Este lunes 20 de mayo, en el Salón Dorado de la Legislatura porteña, se realizó la octava edición de los premios “Jorge Morresi”, como reconocimiento especial a la trayectoria, al compromiso y a la defensa de la democracia y los derechos humanos, a distintas personalidades y organizaciones sociales. La ceremonia estuvo encabezada por la conducción de la delegación de la Legislatura de la Asociación de Trabajadores del Estado, a cargo de Ezequiel Gennaro y de Noelia Martínez Pereyra.

Este año los distinguidos y las distinguidas fueron Nora Cortiñas y Elia Espen, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz; Susana Rinaldi, cantante, actriz y legisladora MC; Graciela Blancat, Coordinadora del Programa de DDHH de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno; el ex diputado nacional Lorenzo Pepe; Rodolfo Yanzón, abogado querellante en los juicios de lesa humanidad, y Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, quien lo recibió por primera vez. Además, hubo reconocimientos colectivos a las dos organizaciones, La Garganta Poderosa y CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional).

En la presentación, Ezequiel Gennaro, delegado general de ATE Legislatura, sostuvo que “en estas épocas difíciles, en que se demoniza y se persigue a militantes popultares, y sobre todo, a los empleados estatales, los trabajadores debemos estar con la cabeza alta, peleando para que vuelvan el bienestar y la alegría, para todos los que vivimos en nuestro país”. Y añadió que “los premios Jorge Morresi son un reconocimiento a esos héroes y heroínas, que día a día luchan por un sociedad mejor”.

Participaron del evento, los legisladores porteños Cele Fierro, Victoria Montenegro, Juan Pablo O Dezaile, Alejandro Grillo y Claudio Ferreño. Los premios Morresi son una distinción otorgada por la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y, entre otros, ya lo han recibido personalidades y entidades, como el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, los ex presidente y ex vicepresidente de Bolivia, Evo Morales y Álvaro García Linera, respectivamente; el juez Daniel Rafecas, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), entre otros y otras.

La Confederación General del Trabajo (CGT) encabezó este miércoles una multitudinaria movilización por el Día del Trabajador, bajo el lema "La Patria no se vende". La marcha, que comenzó a las 10 de la mañana en la avenida Independencia y Defensa y culminó en el monumento al Trabajo en Paseo Colón, se produjo en un contexto de creciente tensión laboral y social tras la media sanción de la Ley Bases por la Cámara de Diputados.

Movilización masiva y reclamos

La convocatoria fue masiva, con miles de trabajadores marchando en defensa de sus derechos y en protesta contra las políticas del gobierno de Javier Milei. El cotitular de la CGT, Héctor Daer, destacó la importancia de la movilización no solo como conmemoración del Día del Trabajador, sino también como una manifestación de los reclamos del movimiento obrero: “Hoy, nuestra presencia en las calles es un recordatorio de que los derechos laborales deben ser defendidos con firmeza. La Ley Bases pone en riesgo conquistas históricas y necesitamos mostrar nuestra unidad y determinación”.

Críticas a la Ley Bases

La reciente aprobación de la Ley Bases en la Cámara de Diputados ha generado un fuerte rechazo por parte de la CGT, que ve en este proyecto un intento de precarizar las condiciones laborales y debilitar la protección social. Durante la marcha, Daer expresó: "La Ley Bases es un retroceso para los trabajadores. No podemos permitir que se impongan reformas que vulneran nuestros derechos fundamentales".

La CGT ha instado al Senado a rechazar el proyecto, advirtiendo sobre las graves consecuencias que tendría su implementación en la vida de millones de trabajadores argentinos. "Esta ley no solo afecta a los trabajadores actuales, sino también a las futuras generaciones. Es nuestra responsabilidad frenarla", añadió Daer.

Paro general y plan de lucha

En la conferencia de prensa posterior a la marcha, la CGT confirmó que llevará adelante un paro general el próximo 9 de mayo, en protesta contra la Ley Bases y las políticas económicas del gobierno. Daer detalló que “hay una sumatoria de cuestiones irresueltas y una perspectiva de que se sigan acentuando. Eso nos va a llevar a una caída del poder adquisitivo y de compra de los ingresos mucho mayor”.

El paro general será el segundo desde que Javier Milei asumió la presidencia, reflejando el creciente descontento entre los trabajadores. “Es muy difícil esta ecuación entre precios y salarios. La gente no tiene plata para convalidar los precios que se plantean”, señaló Daer, enfatizando la urgencia de medidas que protejan el poder adquisitivo de los trabajadores.

Apoyo del Partido Justicialista

El Partido Justicialista (PJ) ha expresado su pleno respaldo a la convocatoria del paro y ha criticado duramente al gobierno de Milei. En un comunicado, el PJ manifestó: "Los trabajadores y jubilados no son ninguna casta. En un contexto de mega devaluación, recesión, inflación y tarifazos, es nuestro deber acompañar el reclamo de los trabajadores y jubilados de todo el país".

Conclusión

La movilización del 1 de mayo y el anuncio del paro general reflejan la determinación de la CGT de defender los derechos laborales y rechazar cualquier medida que los amenace. La central obrera ha dejado claro que continuará su plan de lucha hasta que se reviertan las políticas que considera perjudiciales para los trabajadores argentinos. La marcha no solo conmemoró el Día del Trabajador, sino que también envió un fuerte mensaje de unidad y resistencia frente a las reformas propuestas por el gobierno.