Por primera vez, una web del Estado argentino reúne la información de los más de 300 juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar (1976-1983) que tuvieron sentencia. Estos datos se suman al seguimiento en vivo de los debates que el sitio ya ofrecía.

En 2021 el Estado Nacional creó Juicios de lesa humanidad en tiempo real, una herramienta para contribuir a visibilizar, comunicar e impulsar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia en Argentina. Hoy se relanza con la información de cada una de las causas que llegaron a sentencia y con nuevas herramientas de búsqueda de datos sobre juicios y condenados, audiencias pasadas y futuras y una línea de tiempo que contextualiza cada etapa. Además, ofrece estadísticas e historias contadas en microrrelatos audiovisuales ilustrados por artistas convocados especialmente para este proyecto.

Los juicios están vivos y tienen historia. Ahora están disponibles las fichas de los 319 juicios con sentencia ; desde el histórico Juicio a las Juntas Militares de 1985 hasta Palazzesi de Córdoba, el segundo de 2023. En total fueron condenadas 1146 personas y hubo 253 absoluciones en casi todo el país (salvo Santa Cruz y Tierra del Fuego).

Las causas avanzan, pero el tiempo se acaba. Hoy se desarrollan 14 debates orales en 7 provincias. De las 240 imputadas e imputados que fueron elevados a juicio, 185 siguen en debate. El resto fallecieron (37) o fueron apartados por incapacidad (18) y no serán juzgados por los crímenes de los que se los acusa.

Este relanzamiento es la conclusión de la segunda etapa de un trabajo comenzado en septiembre de 2020, cuando la Secretaría comenzó a sistematizar información para construir una primera base de datos unificada sobre los juicios de lesa humanidad. En 2021 se lanzó la primera versión de la web con los juicios en debate. El objetivo final es poner en línea la totalidad de los juicios actuales, próximos y pasados.

Esta herramienta de transmisión de un proceso tan largo y complejo fue pensada a partir de un cruce entre datos, arte y memoria. Para poner a disposición pública esta información se hizo un trabajo mancomunado entre periodistas, abogados, investigadores, fiscales, docentes, visualizadores de datos, programadores, archivistas, ilustradores y artistas.

El sitio se nutre de bases de datos desarrolladas por distintas áreas de la Secretaría de Derechos Humanos (querellante en gran cantidad de causas) como la Dirección Nacional de Coordinación Estratégica, la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales en materia de Derechos Humanos, la Delegación de Informática y Gestión de la Información en Derechos Humanos, el Archivo Nacional de la Memoria y el Consejo Federal de Derechos Humanos. También se cotejaron las bases de datos del Ministerio Público Fiscal de la Nación, de las querellas, acompañamiento a las víctimas y organismos de derechos humanos. Así, la web reúne en un solo lugar la información -hasta ahora fragmentada- de los juicios.

El sitio web cuenta, además, con la colaboración de distintos artistas que aportaron sus obras para ilustrar juicios y crear los Microrrelatos una de las secciones originales de la web. A partir de fragmentos de testimonios vertidos en las audiencias, un equipo interdisciplinario, en contacto con víctimas y abogados y abogadas, construyó relatos audiovisuales de breve duración, buscando por medio de la experimentación narrativa, nuevas formas de comunicar el avance de los juicios y el conocimiento que generan.

Nuevas herramientas de búsqueda

Una de las novedades de la web es el Mapa de juicios que da cuenta de la dimensión federal del proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Haciendo click en cada provincia o en CABA se puede acceder al listado completo de los juicios con sentencia o en debate. Es una de las entradas a las fichas con información básica (jueces, fiscales, querellantes, condenados, absueltos y un breve resumen). Otra opción es la sección Lista de juicios que ofrece una tabla ordenable por cantidad de condenados, testigos o imputados en el caso de los debates orales abiertos o filtros por jurisdicción judicial.

La sección de Condenados es otra de las herramientas desarrolladas en esta segunda etapa. Desde allí se puede acceder a las fichas de las más de mil cien personas condenadas hasta hoy. Cada ficha tiene datos básicos sobre la fuerza a la que perteneció, una pequeña biografía y las condenas que recibió.

Para entender los distintos avances y retrocesos en los juicios, el sitio desarrolló una línea de tiempo con hitos nacionales, internacionales y provinciales.

Finalmente, se mantiene el seguimiento de los juicios abiertos. En la home se encuentra la agenda de las audiencias con links a las transmisiones en vivo y herramientas estadísticas como el monitor de velocidad para medir el tiempo que demoran en llegar a sentencia. Uno de los reclamos de los organismos de derechos humanos y los querellantes, entre ellas la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, es el tiempo que tardan las causas, por lo que muchos imputados y víctimas fallecen antes de la lectura del veredicto. Por este motivo, la SDH pensó esta herramienta para visualizar los juicios de lesa.

El 19 de abril de 1943, comenzó el levantamiento del gueto de Varsovia. Después de las deportaciones masivas a Treblinka en el verano de 1942, l@s judí@s del gueto de Varsovia se atrincheraron en búnkeres y se opusieron a la Aktion alemana de abril de 1943.

Después de un mes de resistencia valerosa, la rebelión fue aplastada y el gueto quemado hasta los cimientos. Se estima que alrededor de tres cuartos de los alrededor de las 40.000 personas judías que se hallaban en el gueto antes del levantamiento fueron deportadas a campos de exterminio.

Unas 10.000 murieron durante la rebelión: en ejecuciones masivas y en los incendios. Ésta fue la primera rebelión popular realizada en un ámbito urbano en la Europa ocupada por los nazis. La rebelión del gueto de Varsovia sirvió de ejemplo para otros guetos y campos.

Eso es lo que manifiesta una de las referentes de la medicina popular en la Argentina. Luchadora del campo social y de una noción sanitarista de la salud.

Irma Laciar (1926/1976) dedicó su vida al cuidado de sus compañeros y la disputa por un mundo mejor.

Irma nació en julio de 1926, en Sampacho, provincia de Córdoba. Se educó en una familia que influyó decididamente en su futuro, ya que su padre era un delegado ferroviario y sus dos tías eran enfermeras. Se involucró activamente en la militancia del campo popular desde la política y desde la salud.

“La vida no es recompensa ni castigo, sino que es un desafío permanente”.

“Hay un tiempo que será el tiempo de nuestra gente, de nuestro pueblo. Nosotros seguiremos adelante si respetamos el tiempo colectivo”, concluye.

Carrica fue docente, en 1947, de los cursos de la Escuela de Enfermería que creó Ramón Carrillo; también ejerció la dirección de la Escuela de Auxiliares de Enfermería del Ministerio de Salud Pública de la Nación.

Durante la década del 50 comenzó su actividad gremial en ATE, siendo delegada en sus lugares de trabajo. Participó como docente en las cátedras de medicina para el trabajo (1972-1973) e integró el equipo de Derechos Humanos de la CGT de los Argentinos.

Durante el Gobierno de Isabel Perón fue despedida y comenzó a ser perseguida por la Triple A. Se ocupó de brindar apoyo a los familiares de los presos políticos y colaboró en la búsqueda de los desaparecidos, hasta que un grupo de tareas la secuestró en su departamento de Liniers el 18 de abril de 1977 y nunca más apareció.

Sostenía que no había transformación posible si no construimos modelos diferentes, prácticas diferentes y hasta teorías diferentes”.

En el año 1973 se realizó un congreso en la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA que se llamó “Medicina para el trabajo y para los trabajadores”. Irma fue una de las que impulsó esa iniciativa y el resultado de ese encuentro fue un libro que publicó EUDEBA: Medicina del trabajo al servicio de los trabajadores”. Uno de los libros quemados por la dictadura públicamente.

“La dictadura no podía soportar el cuestionamiento al poder de los sectores dominantes y un saber construido desde la inteligencia y la práctica de los trabajadores”

El ímpetu, el coraje, el sentido humanitario y la consecuencia política ideológica de Carrica quedará en la memoria de quienes la conocieron y en el horizonte de los que van tomando contacto con su historia.

María, Carlos y Mariano Ramírez estuvieron alojados en el hogar Casa de Belén de Banfield, donde sufrieron todo tipo de violaciones y abusos.

Hace 47 años el mundo era bien otro. Latinoamérica envuelta en procesos dictatoriales motorizados por la doctrina de la seguridad nacional, y en nuestro país de desataba la peor dictadura que recordemos, iniciada en 1976.

Esta es una la historia del pasado que sigue siendo presente. Una de tantas.

María Vicenta Orrego Meza de Ramírez, una joven paraguaya de 26 años conocida como CHELA, compartía la casa con sus tres hijos pequeños y dos compañeros de militancia. Después de la detención de su marido Julio Ramírez, vivía acosada y perseguida por la policía.

Julio fue encarcelado en 1974, en pleno despliegue de la triple A, por su militancia en la JP y Montoneros.

En la madrugada del 15 de marzo de 1977, un grupo de tareas entró a la casa de María Vicenta, en Rafael Calzada, partido de Almirante Brown y los arrancó de sus camas a ella y su tres hijos a los tiros . La patota era comandada por el jefe de la policía bonaerense Ramón Camps, genocida y Miguel Etchecolatz, director de investigaciones, genocida.

Vicenta salió a la calle agitando un trapo blanco en señal de rendición. La acribillaron. Igual que a su compañera de militancia María Florencia Ruival y a José Luis Alvarenga, el otro compañero. La escena tuvo como testigos a tres niños, los hijos de Vicenta: Alejandro Mariano, María Ester y Carlos, de 2, 4 y 5 años.

El caso de los hermanos Ramírez son eje del juicio de lesa humanidad llamado HOGAR CASA DE BELÉN.

Luego de la balacera, los chiquitos quedaron abandonados en un baldío. Los rescató una vecina y luego quedaron a cargo de la jueza Marta Pons, de Lomas de Zamora. A los niños se les quitó el apellido y fueron designados como NN, manera corriente de nominar a los desaparecidos.

Julio Ramírez, el padre, fue expulsado del país en 1981 y se exilió en Suecia. Allí comenzó un largo camino o calvario, para recuperar la tenencia de los hijos. El juzgado, sistemáticamente rechazó sus demandas de tenencia, en base a informes psicológicos en los que se consideraba que los niños no debían ser entregados a la familia de origen por “subversivos”.

Recién en 1983, y gracias al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que presidía Emilio Mignone en ese momento, Julio Ramírez , el padre, obtuvo un dictamen de la Corte Suprema de Justicia y logró sacar a sus hijos de la Argentina.

Hasta aquí los hechos.

El juicio HOGAR CASA BELÉN termina siendo un caso testigo de la conexión entre la policía, los militares, el Poder Ejecutivo, EL poder judicial y la Iglesia Católica. La acción en conjunto de las instituciones estatales en manos de la dictadura genocida se convierte en un proceso histórico, sentando precedente, en la complicidad , no solamente para apropiarse de niños nacidos en cautiverio, sustituyendo identidades , sino para separar a niños de sus familias y después criarlos en hogares eclesiásticos donde fueron víctimas de todo tipo de abusos.

Este juicio dejó en claro que los niños y la niña Ramírez fueron confinados, encerrados, como prisioneros a disposición del Poder Judicial y ocultados hasta los finales de la dictadura. A pesar de conocer sus nombres y apellidos, de conocer sus identidades, fueron entregados como NN al HOGAR CASA BELÉN. Este hogar quedaba en Banfield, conurbano de la Pcia. De Buenos Aires y dependía de la parroquia Sagrada Familia de Nazareth. Allí fueron inscriptos con el apellido de los cuidadores de la institución, siguiendo un plan sistemático de borramiento de subjetividad.

De acuerdo a la causa judicial, en el hogar de menores los hermanos Ramírez sufrieron tormentos y abusos sexuales reiterados. La jueza Pons a cargo del Tribunal de Menores de Lomas de Zamora impidió sistemáticamente que su padre y una tía paterna conocieran el paradero de los niños y, cuando al fin lo lograron, tampoco les permitió tomar contacto.

Este juicio no es comparable con otras apropiaciones de menores, de niños nacidos en cuativerio porque estos chicos fueron encerrados en un hogar ligado a la Iglesia, que en vez de protegerlos, los maltrató, los escondió de su familia biológica y abusó de ellos cosificándolos, poniéndolos en el lugar de descartables, por ser hijos de militantes como por ser paraguayos. Doble Discriminación en un espacio similar a los campos de concentración.

Desde que se reencontraron con su familia, a fines de diciembre de 1983, los hermanos Ramírez viven en Suecia con su padre, Julio. Durante más de una década, el juicio se suspendió tres veces y estuvo a punto de caerse. En ese tiempo la biología de los acusados jugó en contra: varios fallecieron, otros fueron apartado por incapacidad.

Este juicio, que comenzó el 4 de marzo de 2022, en el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata está en su último segmento. Además de solicitar penas a los acusados hay una solicitud de declaración de verdad para los hermanos Ramírez, y que el HOGAR CASA BELËN sea señalizado para que funcione como sitio de memoria, que sea desafectado como Hogar y los niños y niñas internos sean reubicados.

Los acusados son Jaime Smart, que fuera ministro de Gobierno de la provincia de BsAs , Juan Miguel Wolk, excomisario y jefe del Pozo de Banfield, y los expolicías bonaerenses que revistaban en la Brigada de Investigaciones de Lanús Roberto Guillermo Catinari, Héctor Raúl Francescangeli, Armando Antonio Calabró, Rubén Carlos Chávez y José Augusto López, expolicía de la misma brigada, además de la exsecretaria del Tribunal de Menores N°1 de Lomas de Zamora Nora Susana Pellicer.

Miguel Etchecolatz estaba imputado pero quedó impune por fallecimiento en prisión el 2 de julio de 2022, a los 93 años.

Un asterisco sobre Marta Delia Pons, la jueza que tuvo una activa participación en la apropiación de niños nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres durante la dictadura murió impune en 1999. Nunca fue imputada en la investigación por el Plan Sistemático de robo de bebés.

Siempre nombramos la tragedia de la dictadura como cívico militar y eclesiástica. Ese costado de complicidades que participaron del Terrorismo de Estado, como una deuda pendiente de los procesos de lesa humanidad en nuestro país, modelo en el mundo en los juzgamientos por los delitos más aberrantes de ese tramo de historia reciente, cuando la vida tenía el valor de la nada misma.

Lo que se conoce como El Pozo de Vargas ubicado a muy pocos kilómetros del centro de San Miguel de Tucumán , es una construcción subterránea de mampostería de fines del siglo XIX que fue utilizado por la última dictadura militar entre 1976 y 1977 como sitio de inhumación clandestina.

Cuando uno piensa en un pozo, esto remite al vacío, a la nada.

El Pozo de Vargas fue un pozo de agua diseñado por los ingleses. Se pensó como un como parte del trazado ferroviario para abastecer de agua a las viejas locomotoras a carbón.

Recién en 2001, la Justicia llegó a la zona gracias a una serie de testimonios y denuncias que hablaban de un hoyo en la tierra que se tragaba a los desaparecidos.

Como una garganta de 3 metros de diámetro y más de 40 metros de profundidad , en pleno corazón de Tucumán, convertida en una boca gigante que se tragaba a las víctimas que la última dictadura cívico-militar-eclesial hacía desaparecer. Toda una metáfora del horror.

En abril de este año su cumplirán 21 años del inicio de las excavaciones, una de las fosas más grandes de Latinoamérica, sino la más grande.

Como inicio de esta historia tenemos que recordar la puesta en marcha del Operativo Independencia, justo un año antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Fue un laboratorio, donde el Gral. De brigada Acdel Vilas, primero y luego Antonio Bussi, General de la Nación, aplicaron las modalidades más terribles de secuestro, experimentación de torturas, violaciones masivas, desaparición y sistemático desconocimiento de los ddhh.

Gran paradoja: Bussi llegó a ser Gobernador de la Provincia de Tucumán (1995–1999) durante el menemato.

Pero….la memoria y la oralidad de los relatos los vecinos de la zona convertidos en claves para la apertura de una investigación judicial el 28 de febrero de 2002, a la que se suman 7 querellantes familiares, permiten que comience a caer la cortina del silencio. Esto, muchos años después del regreso de la democracia.

El Juez Terán del Juzgado federal nº 2 (fallecido ya), logra ingresan al terreno junto a un grupo interdisciplinario de arqueólogos y antropólogos de la UNTucumán.

Esos inicios no fueron fáciles. La boca del pozo fue tapada por cientos de toneladas de material. Tardaron dos años en hallar los primeros restos. Desde entonces los antropólogos tucumanos comenzaron a trabajar junto al EAAF (Equipo Argentino de Antropología Forense).

El Pozo en la actualidad está en medio de la urbanización: en el acceso principal del barrio LOMAS DE TAFí, donde viven 30.ooo tucumanos.

Ese primer paso se dio en 2015 por la Sec de ddhh de la nación, con la señalización como SITIO DE MEMORIA.

A partir del año siguiente y con la nueva de admiración gubernamental, se pararon los presupuestos y se desfinanció la tarea. Se detuvieron las investigaciones en pleno gobierno de Cambiemos , donde la memoria era solamente una página para dar vuelta y lo pasado pisado.

Con el nuevo gobierno asumido en 2019 , se retomaron las obras, con mucha lentitud, pandemia mediante. Intervino directamente la sec de ddhh de la Nación y la situación comenzó a normalizarse. Los trabajos que restaban eran a un nivel tan subterráneo, ya que demandaban equipamiento de oxígeno y la intervención de especialistas, por la presencia de napas de agua.

Hoy hay identificados 116 vícitmas de los restos óseos de 149 personas.

Del total de víctimas cuyos restos se encontraron en el pozo, un importante número provenía del centro clandestino que funcionó en la compañía Arsenales, de Tucumán. Dentro de ese grupo había personas del mundo azucarero, obreros del surco, obreros de los talleres de Tafí Viejo, ferroviarios, militantes políticos y sociales, estudiantes, docentes y egresados de la UN de Tucumán.

ADN POPULAR , nuestro programa y los que componemos este equipo de periodistas, jamás pisamos lo pasado. Porque sigue siendo un doloroso presente aquel que se oculta, aquel que se calla , aquel que se borra.

Y se murió nomás…en cama limpia, con cuidados atentos, y se llevó sus secretos llenos de impunidad. Venció una vez más la biología del final.

A los 95 dejó la vida Carlos Blaquier, largo privilegio tuvo el anciano patrón. Que alguna vez fue joven, poderoso, parte del gran poder. El que tomaba decisiones y de las que nunca se retractaba.

Este Doctor en derecho y con un título en Filosofía, fue algo más que un empresario comprometido con el terrorismo de Estado, fue uno de los civiles que le dieron carnadura al plan económico de la dictadura cívico militar eclesial, encabezado e ideado por quien fuera su ministro de Economía Martínez de Hoz.

Tenía Blaquier abierta una causa por crímenes de lesa humanidad, por ser responsable de la detención de 400 personas en julio de 1976 de las cuales 55 siguen desaparecidas. Siempre con garantías de impunidad. Así es pertenecer a los rancios círculos de mando y poder.

Ledesma la empresa que presidía, colaboró prestando sus camiones para la detención de personas durante los apagones eléctricos en Calilegua, El Talar y Libertador General San Martín en la provincia de Jujuy, durante los meses de junio y julio de 1976. La empresa Ledesma con su usina, abastecía de energía a esas localidades. De esa forma, quitando el suministro eléctrico, sembraba el terror y colaboraba con el accionar del ejército.

El primer corte del suministro eléctrico se produjo el 20 de julio de 1976 a la medianoche en Libertador General San Martín y Calilegua. Según los testimonios de vecinos, testigos de los hechos, contaron que al momento del corte de luz se habían imaginado que se trataba de un corte común, para reparar alguna instalación eléctrica o producto de un desperfecto. Pero cuando la gente comenzó a escuchar ruidos de frenadas, y arranques de motores en huìda , puertas abiertas a patadas y gritos de la gente, se dieron cuenta que se estaba viviendo un episodio de represión y secuestro masivo.

Esa noche la ciudad de Libertador General San Martín y la localidad de Calilegua fueron sitiadas por la Policía de la provincia de Jujuy, la Policía Federal, el Ejército y la Gendarmería Nacional y a las 10 de la noche, se produjo, en simultáneo, un apagón total (salvo en la fábrica de Ledesma).

Los secuestrados, alrededor de 400, fueron llevados a centros clandestinos de detención en los galpones del ingenio Ledesma, donde permanecieron atados y encapuchados.

La empresa agroindustrial Ledesma proveyó a los militares de personal y vehículos para la captura de personas. En coches eran trasladados los detenidos, quienes eran arrojados en comisarías a Guerrero, una ex Escuela de Policía utilizada como centro clandestino de detención en el plan sistemático de terror y exterminio, luego eran trasladados a Buenos Aires, principalmente.

Demás está aclarar que en esa época el ingenio Ledesma era el encargado de la distribución de la electricidad.

Aunque en el Gran Norte, en Jujuy, salta, Tucumán, Catamarca….todo había comenzado durante el “Operativo Independencia” en esa prueba piloto de 1975, cuando las fuerzas represivas desembarcan sobre el sindicato azucarero desarticulando su comisión directiva con los egresados de la Escuela de las Américas lugar de entrenamiento creado por el Ejército de los Estados Unidos en Panamá, fundada en 1946 en con la finalidad de formar militares de América Latina y el Caribe siguiendo la doctrina de la seguridad nacional, cuyas tácticas militares incluían los métodos de contrainformación, interrogatorio (con métodos de tortura y ejecución sumaria), guerra psicológica, inteligencia militar y acción de contrainsurgencia. El manual de contrainteligencia de la escuela definía como enemigos a aquellos que “pertenecieran a organizaciones sindicales”, “distribuyeran propaganda a favor de los trabajadores o de sus intereses”, “simpatizaran con manifestaciones o huelgas” o incluso hicieran “acusaciones sobre el fracaso del gobierno en solucionar las necesidades básicas del pueblo”.

Y como todo tiene que ver con todo, Baquier muere en la impunidad como el resultado de la sociedad de los grandes empresarios y los gobiernos plutocráticos o estados terroristas que cuentan con gobiernos y el Estado de su lado.

Un detalle revelador:

Olga Arédez , aquella marchante solitaria de pañuelo blanco, que quedó sola cuando murieron sus compañeras dixit, textual : “ me entrevisté con el administrador del Ingenio Ledesma, el ingeniero Alberto Lemos. Él admitió que la Empresa había puesto sus móviles a disposición de la acción conjunta llevada a cabo por las fuerzas armadas, en sus palabras, "para limpiar al país de indeseables". También aseguró que mi esposo, debido a su actividad como asesor médico de los obreros, había resultado muy perjudicial para los intereses económicos de la empresa Ledesma.”

Olga Arédez , aquella marchante solitaria de pañuelo blanco, que quedó sola cuando murieron sus compañeras dixit, textual : “ me entrevisté con el administrador del Ingenio Ledesma, el ingeniero Alberto Lemos. Él admitió que la Empresa había puesto sus móviles a disposición de la acción conjunta llevada a cabo por las fuerzas armadas, en sus palabras, "para limpiar al país de indeseables". También aseguró que mi esposo, debido a su actividad como asesor médico de los obreros, había resultado muy perjudicial para los intereses económicos de la empresa Ledesma.”

“Catamarca se ha convertido en refugio de desposeídos”, tituló El DIARIO LA UNIÒN DE CATAMARCA, la nota escrita por el periodista Roberto Antonio Vera desafiando a los genocidas, actitud de inmensa valentía y gran riesgo en esos tiempos de los 70`s.

Vera, colega del interior, del gran norte, logró que el Diario La Unión de Catamarca publicara en tapa, un episodio que hubiera quedado en la oscuridad del olvido.

En la madrugada del 17 de julio de 1977, en plena ferocidad de la dictadura cívico, militar, eclesial, un grupo de policías bajo las órdenes de Antonio Domingo Bussi, gobernador de facto tucumano, trasladó a 25 personas a la vecina provincia de Catamarca , para mejorar el paisaje. Los mandaron a morir.

Algunos ciegos, otros discapacitados motrices, varios con discapacidades mentales, parias…. fueron arrojados desde un camión militar, abandonados en un descampado en pleno invierno, sin abrigo, sin agua ni comida. Otra forma de desaparecer al diferente.

La cacería duró tres días. Fue una siembra humana de vagabundos en zonas inhóspitas y heladas, entre el Bañado de Ovanta y la Cuesta del Totoral.

Sólo un psicópata , característica central de los que decidían quién vivía y quién moría, pensó que la deportación de los miserables iba a disimular la pobreza de una provincia bajo fuego.

Cinco policías, dos de civil y tres de uniforme, se encargaron de cumplir las órdenes de arrojarlos en el monte. No bajaron a todos juntos en un solo lugar, sino que fueron dejándolos en grupos de dos o tres separados cada 20 o 30 kilómetros de distancia. La estrategia policial buscaba que no pudieran regresar, que perdieran la noción del tiempo en un camino desconocido por ellos. El episodio se conoce como los mendigos de Bussi.

Esto ocurrió poco antes de una visita protocolar a Tucumán del presidente de facto, el genocida Jorge Rafael Videla. Tal vez para impresionarlo con la inmaculada Tucumán, sin seres humanos fuera de norma y con la pulcritud y orden propia de los cuarteles.

El gobernador militar tucumano Bussi, de quien ya habíamos hablado la semana pasada, calificado como un maniático de la limpieza y un feroz exterminador de disidentes como lo imponía la dictadura en este caso, o en todos los casos cuando se trata de eliminar a quien piensa distinto, a quien se manifieste, a quien reclame derechos, amordazando la palabra, sean regímenes militares o pseudo democracias fascistoides. El problema siempre es ese otro distinto, como objeto de odio, como deshecho, convertido en alguien que sobra.

Casi 30 años después (2004) el Gran escritor tucumano, Tomás Eloy Martínez, autor de la Novela de Perón, Santa Evita, entre otras , toma este tema, y escribe un texto para el diario la Nación donde relata el episodio con detalles. Habló de aquellas pérdidas “A casi todos ellos se los tragó el infierno del desierto –escribió-. Uno de los seis o siete que sobrevivieron, contó como uno de ellos enloqueció de sed y murió al internarse en el Salar de Pipanaco, veinte kilómetros al sur de donde lo habían abandonado, confundiendo la blancura candente de la sal con las aguas del paraíso terrestre”.

Antonio Bussi inició una demanda por calumnias e injurias contra el autor de la nota y reclamó el pago de $ 100.000, un montón de guita en aquellos tiempos. Intentó negar toda responsabilidad. Y dijo que, “lejos de tratarse de lisiados, tullidos, ciegos y locos”, los desamparados eran, “en su gran mayoría, contraventores de disposiciones municipales y prófugos crónicos de centros asistenciales”. Argumentó además que fueron los propios policías, que actuaron en un exceso de celo, y que decidieron llevarlos para “resolver el problema desplazándolo más allá de la frontera.

Durante el juicio, Bussi dijo textualmente que “estas personas alteraban el orden con sus cacharros, sus muñones y su mugre, golpeando tachos, molestaban a las mujeres. Y en un momento un policía en un exceso de celo actuó y los limpió”.

En su crónica, Tomás Eloy Martínez apuntó a Bussi como responsable mayor de aquella locura y lo llamó pequeño tirano. “Aunque el ex gobernador aceptó en su momento escudarse en la ley de obediencia debida , se declaró ofendido por la atribución de una culpa que, según él, era de sus subordinados”.

En el juicio por calumnias e injurias, la Justicia falló en contra del gobernador genocida. Sin embargo, el militar retirado nunca pagó las costas del proceso penal.

Pasaron los años hasta que, el 28 de agosto de 2008, el propio Bussi fue enjuiciado y condenado por crímenes de lesa humanidad.

ADN Popular les devuelve el nombre , el apodo como eran conocidas las víctimas: Pachequito, Vera, el Loco Perón, la Alemana, Mannix, Satélite, Julito, El loco Plaza, entre tantos otros mendigos tucumanos desplazados y reconocemos el coraje del periodista Roberto Vera, ya fallecido , quien hizo honor a su oficio, poniendo palabras cuando las palabras eran riesgo de vida.

Hay espejos en los que no queremos reflejarnos, hay nostálgicos que sueñan con sobras humanas, ya sin fusilamientos ni desapariciones. Todo se resuelve desde esa porción del Poder Judicial, con sus cómplices de los grandes grupos económicos , de los medios hegemónicos y de los angurrientos representantes imperiales y de los que detentan el poder real.

Nosotres, les laburantes, los desocupados, las enfermas, los altos, las bajas, los flacos, las gordas, los y las trans, las diversidades, no sobramos.

Y como todo tiene que ver con todo… que ese todo trágico y despótico no vuelva ….NUNCA MÁS.