Los trabajadores del Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte se encuentran en estado de alerta tras el anuncio del gobierno nacional de cerrar los servicios de internación y guardia. Esta decisión afectará a más de 25,000 pacientes atendidos anualmente y pone en riesgo la continuidad de un equipo de 600 trabajadores que luchan por brindar atención en un contexto de ajuste y precariedad laboral.

La noticia fue comunicada de manera confusa y repentina. Según Leonardo Fernández Camacho, delegado general de ATE, “no sabíamos nada hasta hoy, aunque nos han dicho que el Gobierno ya estaría firmando el decreto”. La respuesta oficial del Ministerio de Salud argumenta que se busca “priorizar la asignación de recursos en los pacientes que lo necesitan”, sin embargo, los trabajadores destacan que esta medida representa un abandono sistemático de la salud mental en el país.

An Millet, trabajador social del hospital, enfatizó la importancia de este centro como un lugar de cuidado integral. “No se trata solo del cierre del Bonaparte, sino de una política que atenta contra el bienestar de la población”, advirtió. La atención a personas en situación de vulnerabilidad y los programas de capacitación a nivel nacional corren el riesgo de desaparecer.

Organizaciones de derechos humanos también expresaron su repudio ante esta decisión. En un comunicado, denuncian que el cierre del hospital es un ataque directo a los derechos humanos y a la salud pública. “En tiempos en que la atención de la salud mental es prioritaria, esta medida es un atropello inaceptable”, afirmaron.

La comunidad y los trabajadores se movilizan para exigir la continuidad del hospital, que, desde su fundación, ha sido un pilar fundamental en la atención de la salud mental en el país. En un momento donde el sufrimiento psíquico se ha incrementado, es imperativo que el Estado garantice la atención y los recursos necesarios para la salud mental de su población.