Las centrales sindicales rechazaron el decreto que reforma la Ley de Inteligencia y advirtieron sobre la concentración de poder en la SIDE, la falta de control parlamentario y el riesgo de persecución política, social y sindical.

La condena a Cristina Fernández de Kirchner no cierra una discusión judicial: inaugura una etapa política en la que el derecho penal fija los márgenes de lo que se puede elegir. Cuando una dirigente es excluida sin prueba directa de delito personal, la democracia deja de ser plena.

La Asociación Judicial Bonaerense denunció la falta de definiciones en causas por violencia laboral y de género contra magistrados y funcionarios. A pesar de suspensiones parciales, los procesos disciplinarios siguen abiertos y las víctimas continúan sin respuestas.