Las centrales sindicales rechazaron el decreto que reforma la Ley de Inteligencia y advirtieron sobre la concentración de poder en la SIDE, la falta de control parlamentario y el riesgo de persecución política, social y sindical.

La CTA de las y los Trabajadores y la CTA Autónoma repudiaron la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, mediante el cual el Gobierno nacional modificó la Ley de Inteligencia Nacional. Para ambas centrales, la medida constituye “un grave retroceso institucional” y vulnera principios básicos del sistema democrático al eludir el debate parlamentario.

Según señalaron, el decreto fue dictado sin que existan condiciones de urgencia que justifiquen el uso de esta herramienta excepcional, desplazando al Congreso de la Nación de una discusión central vinculada a derechos, libertades y garantías constitucionales.

Uno de los puntos más cuestionados es la ampliación de facultades del sistema de inteligencia, que —de acuerdo al comunicado— consolida un esquema de opacidad casi total. Las CTA advirtieron que el DNU redefine las actividades de la Secretaría de Inteligencia del Estado como “encubiertas”, limita los mecanismos de control y centraliza el acceso a información sensible y datos personales de la ciudadanía.

En ese marco, las organizaciones sindicales alertaron que la reforma sienta las bases para un modelo de vigilancia masiva y habilita potenciales prácticas de persecución política, social y sindical. “Fortalecer el aparato de espionaje mientras se recortan derechos sociales evidencia una deriva autoritaria”, señalaron, al tiempo que remarcaron el carácter represivo que, a su entender, atraviesa la orientación general del Gobierno.

Desde las centrales también cuestionaron que la reforma se haya implementado por decreto, sin discusión pública ni control ciudadano. Para las CTA, cualquier modificación del sistema de inteligencia debe ser debatida en el Parlamento, con mecanismos transparentes y garantías democráticas, dado el historial de abusos que este tipo de estructuras tuvo en la Argentina.

Finalmente, reclamaron el rechazo inmediato del DNU 941/2025 por considerarlo de “nulidad absoluta” y reafirmaron que la defensa de la democracia implica preservar las libertades individuales y colectivas frente a cualquier intento de concentración de poder estatal sin controles.