La discusión sobre la reforma laboral del gobierno de Javier Milei se presenta como una cruzada contra “la rigidez” y “la industria del juicio”. Pero detrás de ese lenguaje técnico hay algo más simple y más crudo: quién paga el costo del ajuste cuando la economía se reordena. Y, como casi siempre en la historia argentina, el borrador muestra que ese costo vuelve a caer sobre quienes viven de su salario.

Bajo el discurso de la modernización, el Gobierno avanza con un proyecto que vacía la Ley de Contrato de Trabajo, debilita al sindicalismo y redefine las relaciones laborales en favor del poder empresario. Una ofensiva que no actualiza derechos: los desmantela.

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