La condena a Cristina Fernández de Kirchner no cierra una discusión judicial: inaugura una etapa política en la que el derecho penal fija los márgenes de lo que se puede elegir. Cuando una dirigente es excluida sin prueba directa de delito personal, la democracia deja de ser plena.

No hay democracia robusta cuando el voto queda subordinado a sentencias que no prueban responsabilidad penal individual. La prisión de Cristina Fernández de Kirchner redefine el escenario político argentino: no ordena la República, la angosta. Y deja un mensaje disciplinador hacia cualquier proyecto que dispute poder real.

La imagen de Cristina Fernández de Kirchner presa no es solo la postal de una ex presidenta condenada. Es, sobre todo, el retrato de una democracia que acepta —en nombre de la legalidad— que el derecho penal determine quién puede y quién no puede representar políticamente a las mayorías.
La causa Vialidad no demostró que Cristina firmara contratos, adjudicara obras, certificara pagos ni integrara organismos de control. Tampoco probó enriquecimiento personal, retornos, coimas o beneficios patrimoniales. Aun así, fue condenada. No por actos concretos, sino por una construcción amplia y difusa: la idea de un “plan criminal” atribuido a la cúspide del poder político.

Ese razonamiento no es neutro. Implica correr un límite central del Estado de Derecho: condenar por el cargo y no por la conducta. La Constitución Nacional prohíbe expresamente la responsabilidad penal objetiva. Sin embargo, el fallo la reintroduce de hecho al castigar a una presidenta por lo que “debía saber” y no por lo que hizo con dolo probado.

Desde el punto de vista jurídico, el problema es evidente. El derecho penal moderno exige responsabilidad personal, prueba directa y nexo causal. Desde el punto de vista político, el problema es aún más profundo: se criminaliza la conducción del Estado. Gobernar pasa a ser, potencialmente, un delito.
Las irregularidades en la obra pública existen y deben investigarse. Pero confundir fallas estructurales del Estado con delitos personales no fortalece la justicia: la debilita y la politiza. Las obras cuestionadas fueron ejecutadas por organismos provinciales, bajo autoridades provinciales, en un país federal. Sin embargo, la responsabilidad penal se trasladó hacia arriba, hasta la figura presidencial, como si el federalismo fuera una formalidad descartable.
No es un detalle técnico. Es un mensaje político. La condena no alcanza solo a Cristina Fernández de Kirchner. Alcanza a cualquier dirigente que aspire a conducir un proyecto popular con capacidad de transformar la estructura económica y disputar intereses concentrados. El mensaje es claro: el poder real no se desafía sin consecuencias.

Desde una mirada peronista, esto no puede analizarse con neutralidad fingida. El peronismo nació para ampliar derechos, para poner al Estado al servicio de las mayorías y para disputar poder económico. Convertir esa tarea en sospecha penal permanente es una forma moderna de proscripción.
La condena es formalmente legal. Recorrió instancias y está firme. Pero la legalidad no agota la idea de justicia ni garantiza calidad democrática. Cuando una sentencia produce el efecto político de excluir a la principal dirigente opositora del sistema electoral, la democracia entra en zona de riesgo.

Con Cristina presa, la democracia argentina no está clausurada, pero sí delimitada. Se vota, pero dentro de márgenes cada vez más estrechos. Se elige, pero bajo advertencias implícitas. Y una democracia condicionada deja de ser una democracia plena.