La Asociación Judicial Bonaerense denunció la falta de definiciones en causas por violencia laboral y de género contra magistrados y funcionarios. A pesar de suspensiones parciales, los procesos disciplinarios siguen abiertos y las víctimas continúan sin respuestas.

A días del cierre de 2025, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) volvió a advertir sobre una situación que compromete la credibilidad del Poder Judicial: múltiples denuncias por violencia laboral, violencia de género, acoso y abuso de autoridad continúan sin resolución definitiva en los Jurados de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires.

Según informó la organización gremial, si bien en algunos expedientes se dispusieron suspensiones preventivas, la totalidad de los procesos disciplinarios permanece pendiente de definición, prolongando escenarios de daño institucional, revictimización y falta de justicia para las y los trabajadores judiciales que realizaron las denuncias.

Entre los casos señalados figuran denuncias contra la fiscal Mariana Albisu, de la departamental Brandsen; los jueces Gastón Eduardo Echeveste (Familia N.º 3 de Florencio Varela), Alejandro Brissolese (Familia N.º 6 de San Martín), Gustavo Lullo (Familia de Lomas de Zamora), Juan José Paci (Juzgado de Paz de José C. Paz) y Mariano Riva (departamental Mar del Plata); el fiscal José Luis Castaño (Zárate–Campana); el camarista Roberto Jorda (Morón); la jueza Otermín (Ejecución, Mercedes); y Miguel Ángel del Riego, director de Mandamientos y Notificaciones de la Suprema Corte bonaerense.

De acuerdo con las presentaciones realizadas, las denuncias describen conductas reiteradas y sistemáticas que afectaron la salud, la integridad psíquica y la dignidad laboral de trabajadoras y trabajadores judiciales. En algunos expedientes, además, existen investigaciones penales en curso, lo que agrava la dimensión institucional de los hechos denunciados.

Desde la AJB sostienen que no se trata de episodios aislados, sino de prácticas estructurales que se reproducen al interior del Poder Judicial y que requieren respuestas firmes y oportunas. La demora en las resoluciones disciplinarias, advierten, no solo profundiza el daño hacia las víctimas, sino que también debilita la confianza social en el sistema de justicia.

En ese marco, el gremio volvió a reclamar una definición urgente de los procesos en trámite y el apartamiento definitivo de quienes ejercen violencia desde posiciones de poder. Para la AJB, garantizar condiciones laborales libres de violencia no es una demanda sectorial, sino un requisito básico para construir un Poder Judicial democrático, creíble y respetuoso de los derechos humanos.