La senadora Florencia López acusó al Poder Ejecutivo de cumplir hoy el ofrecimiento que le hizo a Crexell a cambio de su voto favorable a la Ley Bases. Kueider, el otro senador que votó con el oficialismo ese día, está preso.

El Senado de la Nación debatirá la designación de la exsenadora Lucila Crexell como embajadora argentina en Canadá en medio de una polémica que tiene fecha, nombre y contexto precisos. En 2024, cuando la Ley Bases se votó 36 a 36 en el Senado, Crexell fue uno de los votos que permitieron su aprobación. En ese momento circularon versiones que vinculaban su voto favorable con el ofrecimiento de un cargo diplomático. Hoy ese cargo llegó. El otro senador que votó con el oficialismo aquella noche, Edgardo Kueider, está preso.

La senadora nacional del bloque Justicialista Florencia López no dejó lugar a eufemismos en su intervención: "Hoy viene el Poder Ejecutivo de la Nación a pagar una coima que le prometió a la senadora Crexell en el momento en que se sancionó la Ley Bases en este recinto. Esa votación terminó 36 a 36 con los votos de Crexell y Kueider. Hoy Kueider está preso y Crexell pretende ser embajadora en Canadá". Las palabras de López describen una secuencia que el propio oficialismo no puede desmentir con los hechos: los dos votos que definieron la Ley Bases tienen hoy destinos que hablan por sí solos.

La designación de Crexell como embajadora no es un caso aislado en la lógica de construcción política de este gobierno. El episodio de los fondos duplicados para Córdoba tras la ausencia de tres diputados cordobeses en la sesión de la reforma laboral describió el mismo mecanismo: el oficialismo negocia apoyos legislativos con recursos del Estado y los honra cuando puede. La diferencia es que en el caso de Crexell la acusación es explícita, pública y formulada desde el recinto del Senado por una legisladora que pide que quede registrada en las actas.

El Senado que esta semana debatió el compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia es el mismo que ahora debe decidir si avala una designación diplomática que la oposición caracteriza abiertamente como el pago de una deuda política contraída en una de las votaciones más importantes del mandato. La decisión que tome dirá también algo sobre el estado de las instituciones argentinas en este momento.