El Ministerio de Capital Humano anunció que el programa será reemplazado por vouchers de capacitación laboral. Cada beneficiario perderá un ingreso mensual de 78 mil pesos en el momento en que el desempleo alcanza su nivel más alto en años.

El gobierno de Javier Milei eliminará desde abril el programa Volver al Trabajo, que actualmente llega a unas 900 mil personas que perciben un ingreso mensual de 78 mil pesos. El anuncio lo realizó el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, que informó que el programa será reemplazado por un sistema de vouchers de capacitación laboral. La decisión se conoce el mismo día en que el Indec confirmó que la desocupación trepó al 7,5% y que 200 mil personas más quedaron sin trabajo desde que Milei asumió la presidencia.

El exministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo describió con precisión las consecuencias prácticas de la medida: "Las personas van a dejar de cobrar los 78 mil pesos por mes. Lo que van a hacer es decirles, el que quiere va con un voucher a un centro de capacitación y lo capacitan, pero se le va a pagar al capacitador, a la empresa, al que genera la capacitación. En términos prácticos 900 mil personas dejan de cobrar, el Estado se retira y cada uno hace como puede". La síntesis de Arroyo no necesita comentario adicional: el dinero no desaparece, se redirige desde los bolsillos de los más vulnerables hacia las empresas de capacitación.

El reemplazo por vouchers responde a una lógica ideológica que este gobierno aplica de manera consistente en todos los planos de la política social: desmantelar la transferencia directa de ingresos hacia los sectores populares y reemplazarla por mecanismos de mercado que intermedian entre el Estado y los beneficiarios. En la práctica, esa intermediación tiene ganadores concretos: las empresas y organismos que administrarán los vouchers. Los perdedores también son concretos: 900 mil personas que desde abril deberán arreglárselas sin ese ingreso en una economía con el desempleo en alza y el consumo derrumbado.

La eliminación del programa se produce además en un contexto de destrucción acelerada del empleo formal. Desde noviembre de 2023 se perdieron 160 empleos fabriles por día según la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. El empleo formal cayó en 22 de las 24 provincias. La demanda en los comedores comunitarios creció entre un 40 y un 50% según Cáritas. En ese escenario, retirar un ingreso a 900 mil personas no es una reforma del sistema de protección social. Es un ajuste más que se descarga sobre quienes menos tienen.