El gremio judicial bonaerense advirtió sobre la crisis estructural del sistema de justicia provincial y presentó ante la Legislatura un proyecto para elevar la inversión pública en el Poder Judicial al 5% del presupuesto general. Denuncian que la falta de recursos afecta el acceso a la justicia, las condiciones laborales y el servicio a la ciudadanía.

La central obrera cuestionó el capítulo laboral del DNU 70/23 y volvió a advertir sobre el riesgo de una flexibilización que solo aumentará la precariedad, la desigualdad y la exclusión. Reclamó un modelo productivo que priorice la industria, el trabajo y las PyMEs.

La medida de fuerza, que abarca todos los niveles educativos, exige al Ejecutivo el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y la recomposición salarial ante la inflación.