La dirigente social jujeña permanece detenida desde enero de 2016 en una causa cuestionada por organismos internacionales y convertida en uno de los casos más graves de persecución judicial desde el regreso de la democracia.

Un informe del Observatorio Social, Económico y Productivo advierte sobre el fuerte deterioro industrial y social en Santa Fe, atravesada por el ajuste, la apertura de importaciones y la pérdida sostenida del empleo.

La Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires alertó que el decreto 941/2025 reforma de manera inconstitucional la Ley de Inteligencia, amplía el poder de los servicios sin control judicial y vulnera derechos fundamentales.