La ofensiva militar fue denunciada como una violación al derecho internacional y una nueva avanzada imperial sobre América Latina.
La central obrera denunció una violación al derecho internacional, reclamó el cese de toda injerencia extranjera y expresó su solidaridad con el pueblo venezolano.
Las centrales sindicales rechazaron el decreto que reforma la Ley de Inteligencia y advirtieron sobre la concentración de poder en la SIDE, la falta de control parlamentario y el riesgo de persecución política, social y sindical.