martes, 17 de noviembre de 2026

IOSFA: el ajuste amenaza el trabajo y la salud
ATE reclamó continuidad laboral y protección de las prestaciones ante una reorganización que deja unos 1.500 puestos en riesgo, según el sindicato.
Trabajadores del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) protestaron este lunes frente a la Policlínica Actis, en la ciudad de Buenos Aires, contra los despidos y el desmantelamiento de servicios impulsados por el gobierno de Javier Milei. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que la reorganización amenaza unos 1.500 puestos y reclamó preservar farmacias, centros médicos y delegaciones. El conflicto también llegó a la Justicia: el gremio presentó un amparo para frenar desvinculaciones notificadas para el 30 de noviembre.
La concentración se realizó frente al establecimiento de avenida Rivadavia 4283 y reunió reclamos por empleo y atención sanitaria. Los trabajadores exigieron sostener los servicios propios de la obra social y rechazaron la entrega de hoteles sin su personal. La protesta expresó una preocupación que atraviesa ambos frentes: la reducción de trabajadores y dependencias afecta la estructura que utilizan los afiliados para acceder a sus prestaciones.
El Gobierno modificó en octubre una garantía central del proceso de liquidación. Mientras el Decreto 88/2026 había dispuesto la transferencia total del personal a la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), el DNU 1286/2026 dejó esa incorporación sujeta a los puestos que su directorio considere necesarios. Para quienes queden afuera, estableció una evaluación según su situación contractual y contempló que empleados de planta permanente continúen en disponibilidad hasta su reubicación o baja.
La justificación oficial es que la nueva entidad tendrá menos beneficiarios, porque Gendarmería y Prefectura pasaron a la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad. Sobre esa base, el Ejecutivo resolvió adecuar la dotación y los gastos de funcionamiento. El cambio trasladó al personal la incertidumbre de una reorganización que inicialmente contemplaba su continuidad.
En paralelo, la administración de IOSFA aprobó un régimen de retiro voluntario para trabajadores de planta permanente, publicado en el Boletín Oficial el 12 de noviembre. La medida forma parte de la reducción de la dotación previa al traspaso a OSFA. Así, la liquidación avanza mediante distintos mecanismos de salida mientras el sindicato exige garantías laborales.
El amparo anunciado por ATE fue presentado ante la Justicia Federal de Azul y cuestiona tanto el DNU como la Disposición 709/2026. Según la organización, esta última desconoció la estabilidad de trabajadores incorporados a planta permanente en 2023 y permitió tratarlos como contratados. El gremio solicitó suspender sus efectos, impedir nuevas desvinculaciones y reinstalar provisoriamente a quienes ya fueron apartados.
La dimensión sanitaria del conflicto incluye el cierre anunciado de 31 farmacias propias y la reducción de delegaciones y centros médicos, denunciados por ATE. La organización también informó dificultades para acceder a medicamentos oncológicos y suspensiones de cirugías por falta de insumos. Esos reclamos ponen en primer plano las consecuencias sobre personas que necesitan tratamientos y atención sostenida.
Durante la protesta, Flavio Vergara, secretario de Convenios Colectivos de Trabajo de ATE Nacional, vinculó la defensa del empleo con el funcionamiento de la obra social: “No hay posibilidad de que haya salud si no hay trabajadores”. El sindicato reclama conservar la red de atención y cada puesto de trabajo. La presentación judicial busca impedir que las desvinculaciones previstas para fin de mes se concreten mientras se discute la legalidad de las medidas.






