Ataque transfóbico en Palermo: las víctimas exigen justicia y denuncian la violencia de odio

Mujeres trans y organizaciones de derechos humanos realizaron una radio abierta frente a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para denunciar el ataque colectivo sufrido por trabajadoras sexuales en los Bosques de Palermo y reclamar medidas de protección frente a la violencia discriminatoria. La movilización se produjo después de que un grupo de decenas de jóvenes, muchos de ellos en bicicleta, persiguiera y golpeara a las víctimas durante la madrugada del domingo. La Justicia porteña investiga las agresiones como posibles lesiones agravadas por odio a la identidad de género, mientras las organizaciones advierten que no se trata de un episodio aislado.

La protesta reunió a trabajadoras sexuales, activistas y representantes del colectivo LGBTIQ+, que exigieron identificar a los agresores y garantizar condiciones de seguridad para quienes desarrollan su actividad en la zona. También denunciaron situaciones reiteradas de hostigamiento y reclamaron explicaciones por la actuación policial durante el ataque, ante testimonios que señalan demoras en la llegada de los efectivos.

Según los relatos de las víctimas, los agresores actuaron en grupo, rodearon a las mujeres y utilizaron palos, piedras y elementos de señalización urbana para golpearlas. Parte de la violencia fue registrada por los propios atacantes y difundida posteriormente en redes sociales. Al menos seis mujeres resultaron heridas y una de ellas sufrió lesiones graves en una oreja, de acuerdo con la información difundida por organismos que acompañan a las damnificadas.

La investigación está a cargo de la fiscal Andrea Scanga, especializada en discriminación, quien dispuso medidas para reunir testimonios, identificar a los responsables y analizar las grabaciones disponibles. Entre las pruebas solicitadas se encuentran registros del Centro de Monitoreo Urbano correspondientes al Parque 3 de Febrero y sus inmediaciones. Hasta el momento de las últimas informaciones consultadas, no se habían comunicado detenciones.

La Defensoría del Pueblo porteña y la Federación Argentina LGBT+ acompañan a las víctimas en las presentaciones judiciales. Las organizaciones consideran indispensable investigar el posible móvil discriminatorio y determinar si existió una acción previamente organizada. También reclaman que se esclarezca la respuesta de las fuerzas de seguridad, cuya actuación fue cuestionada por las mujeres agredidas.

El reclamo llegó además al recinto legislativo. La Legislatura porteña aprobó por unanimidad una declaración de repudio al ataque y un pedido de informes al Gobierno de la Ciudad. La decisión institucional constituye una respuesta al hecho, aunque las organizaciones insisten en que las declaraciones deben traducirse en medidas concretas de prevención, protección y acceso a la justicia.

La violencia contra las personas travestis y trans se desarrolla en un contexto de desigualdades persistentes en el acceso al empleo formal, la vivienda, la salud y la seguridad. Para muchas trabajadoras sexuales, la exposición a agresiones y situaciones de hostigamiento forma parte de una realidad cotidiana que se agrava cuando las instituciones encargadas de protegerlas no ofrecen respuestas eficaces.

La preocupación también alcanza al crecimiento de los discursos discriminatorios. Organizaciones de la diversidad cuestionan las expresiones del presidente Javier Milei contra las políticas de género y diversidad, así como el desmantelamiento de organismos estatales dedicados a combatir la discriminación. Advierten que la estigmatización desde espacios de poder contribuye a generar condiciones de mayor vulnerabilidad para quienes ya enfrentan exclusión social.

El ataque en Palermo ocurrió pocos días antes de la 35ª Marcha del Orgullo, convocada para este sábado bajo una consigna que vincula la defensa de los derechos con la resistencia frente al odio. La movilización tendrá como antecedente inmediato una agresión que volvió a colocar en el centro del debate la responsabilidad estatal de prevenir la violencia y garantizar la igualdad ante la ley.

Para las mujeres que sobrevivieron al ataque, la prioridad es que los responsables sean identificados y que puedan trabajar y circular sin temor a nuevas agresiones. Su reclamo ante la Legislatura porteña puso en evidencia que el reconocimiento formal de derechos resulta insuficiente cuando la discriminación continúa expresándose en violencia física, persecución e impunidad.