viernes, 6 de noviembre de 2026
Murió Patricia Walsh, una vida dedicada a terminar con la impunidad
La exdiputada nacional falleció a los 74 años y dejó una trayectoria decisiva en la defensa de los derechos humanos, especialmente por su iniciativa para anular las leyes que impedían juzgar a los responsables del terrorismo de Estado.
Patricia Walsh, periodista, dirigente de izquierda y exdiputada nacional, murió este jueves 5 de noviembre a los 74 años en la Ciudad de Buenos Aires, después de sufrir complicaciones respiratorias. Hija del escritor y periodista desaparecido Rodolfo Walsh y hermana de María Victoria Walsh, asesinada por la dictadura, fue una figura fundamental en la lucha contra la impunidad. Desde el Congreso impulsó la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, una iniciativa que contribuyó a la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad.
Su trayectoria política estuvo atravesada por una convicción que sostuvo durante décadas: los crímenes del terrorismo de Estado debían ser investigados y sus responsables juzgados. Esa lucha no surgió únicamente de su historia familiar, aunque la desaparición de su padre y el asesinato de su hermana marcaron profundamente su vida. Patricia convirtió esas pérdidas en un compromiso colectivo con los organismos de derechos humanos, los trabajadores y las organizaciones populares.
Nacida en 1952, desarrolló su actividad como periodista y psicóloga social, al tiempo que construyó una extensa militancia en la izquierda argentina. En 1999 fue candidata presidencial por Izquierda Unida y, dos años después, obtuvo una banca en la Cámara de Diputados de la Nación. Desde allí impulsó proyectos vinculados con los derechos humanos y las reivindicaciones sociales, pero su contribución más trascendente fue enfrentar los mecanismos legales que habían garantizado la impunidad de numerosos represores.
En marzo de 2002 presentó una iniciativa para declarar la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Ambas normas habían restringido severamente la posibilidad de investigar y juzgar los delitos cometidos durante la dictadura. Su eliminación constituía una demanda histórica de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, familiares de desaparecidos, sobrevivientes y organizaciones que nunca aceptaron que aquellos crímenes quedaran sin castigo.
La llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia abrió una nueva etapa para esa reivindicación. En agosto de 2003, el Congreso sancionó la Ley 25.779, que declaró insanablemente nulas las dos normas. La decisión, posteriormente respaldada por la Corte Suprema, permitió avanzar con la reapertura de los procesos judiciales y convirtió a la Argentina en una referencia internacional en el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad.
El papel de Patricia Walsh fue decisivo para llevar esa discusión al recinto. Su iniciativa parlamentaria recogió años de movilización popular y contribuyó a transformar una exigencia sostenida en las calles en una decisión institucional. La anulación de las leyes fue una conquista colectiva en la que confluyeron los organismos de derechos humanos, distintos sectores políticos y un Estado que asumió la responsabilidad de remover los obstáculos para la justicia.
Su compromiso continuó después de dejar la Cámara de Diputados. Entre 2007 y 2010 fue legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y mantuvo su participación en causas vinculadas con los crímenes de la dictadura. En los últimos años intervino como querellante en el juicio por la Masacre de la calle Corro, donde se investigan las responsabilidades por el asesinato de su hermana María Victoria y otros militantes en septiembre de 1976.
También reclamó la preservación de los archivos históricos de la Armada, consciente de que la documentación estatal continúa siendo indispensable para reconstruir los crímenes y avanzar en las investigaciones judiciales. Su militancia mantuvo así una continuidad entre las primeras denuncias contra la dictadura, la recuperación democrática y los procesos de justicia desarrollados durante las últimas décadas.
La muerte de Patricia Walsh representa una pérdida profunda para el movimiento argentino de derechos humanos. Su nombre permanece ligado a una de las decisiones parlamentarias que modificaron la historia democrática del país, pero también a una vida de militancia que nunca separó la memoria de la búsqueda de justicia. Su aporte forma parte de una conquista que sigue vigente: la posibilidad de juzgar a quienes durante años estuvieron protegidos por las leyes de impunidad.
