Denuncian diez despidos docentes en un instituto terciario de la Ciudad

Entre los afectados hay trabajadores titulares y dos delegados sindicales; la medida se produjo a cinco semanas del cierre del cuatrimestre y amenaza la continuidad de distintas cursadas.

La Asamblea Organizada de Estudiantes, Docentes y Egresados del Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación (ISTLyR) denunció que el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso, desde el 13 de octubre, la baja de diez docentes de la carrera de Tiempo Libre y Recreación. La decisión fue ejecutada a través de la Dirección de Educación Técnica Superior y la Agencia de Habilidades para Toda la Vida, sin instancias de diálogo ni fundamentos académicos, según la comunidad educativa, que reclama la reincorporación de los trabajadores y permanece en estado de movilización y asamblea permanente.

El conflicto afecta al Instituto de Formación Técnica Superior N.º 87, una institución pública y gratuita que ofrece tres carreras. La formación en Tiempo Libre y Recreación cuenta con 40 años de trayectoria y constituye una propuesta prácticamente única en el país. La comunidad educativa advierte que la reducción de su planta docente compromete una especialidad que forma profesionales para intervenir en ámbitos educativos, sanitarios, culturales y comunitarios.

Las bajas fueron comunicadas cuando el ciclo lectivo se encontraba próximo a finalizar, con materias y comisiones que todavía debían completar sus actividades. La asamblea sostiene que la decisión vulnera tanto los derechos laborales de los docentes como el derecho de los estudiantes a terminar las cursadas en las condiciones previstas. También cuestiona el incumplimiento del Estatuto Docente, particularmente por la situación de los trabajadores titulares y de quienes ejercen representación gremial.

La forma en que se ejecutó la medida constituye otro de los puntos centrales del reclamo. En la gacetilla difundida por la asamblea, las comunicaciones del Ministerio son calificadas como «confusas, inciertas, plagadas de errores administrativos e incongruencias en relación a lo estatutario». La organización denuncia que las autoridades evitaron responder a los pedidos de reunión y avanzaron con las bajas sin abrir una instancia de negociación con la comunidad educativa.

El conflicto tiene antecedentes desde agosto, cuando docentes y estudiantes comenzaron a denunciar presiones administrativas y amenazas de reducción de comisiones. Según el comunicado, las autoridades exigieron informes y promovieron controles sobre las modalidades de enseñanza que afectaron la libertad de cátedra. También se registraron irregularidades en la inscripción de estudiantes y una insuficiente difusión de la oferta académica, situaciones que la asamblea considera contradictorias con el argumento oficial de reducir carreras o comisiones por problemas de matrícula.

La presión alcanzó al equipo directivo del instituto. La comunidad educativa denunció que sus integrantes recibieron advertencias sobre posibles sumarios si no ejecutaban los recortes y las bajas docentes. A ello se sumaron problemas en el cobro de los salarios correspondientes a sus funciones de conducción, pese a tratarse de autoridades elegidas democráticamente por la propia institución.

Durante esos meses, estudiantes, docentes y graduados de las tres carreras sostuvieron actividades de organización y movilización mientras procuraban garantizar el funcionamiento académico. El reclamo de una reunión con las autoridades continuaba pendiente cuando se concretaron los despidos, lo que profundizó el conflicto y reforzó la exigencia de revertir las decisiones adoptadas.

La situación también expone la precarización laboral que atraviesa al instituto. Según la asamblea, el Gobierno de la Ciudad no realiza procesos de titularización de cargos docentes desde 2012, lo que mantiene a numerosos trabajadores en condiciones de inestabilidad. La falta de regularización de las designaciones constituye un reclamo anterior a los despidos y forma parte de las demandas que la comunidad educativa pretende incorporar a una eventual mesa de diálogo.

El alcance del conflicto excede los puestos de trabajo afectados. Los técnicos superiores en Tiempo Libre y Recreación desarrollan actividades vinculadas con el juego, las dinámicas grupales, la integración social y la participación comunitaria. Su campo profesional incluye instituciones educativas, servicios de salud, espacios culturales, proyectos deportivos y programas sociales destinados a infancias, adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad.

La formación también aborda problemáticas vinculadas con la ludopatía y la salud mental, áreas que requieren intervenciones interdisciplinarias y profesionales especializados. La comunidad educativa advierte que debilitar la carrera significa reducir las posibilidades de formación de trabajadores que desempeñan funciones en ámbitos públicos y privados de la Ciudad y del país.

La asamblea vincula lo ocurrido en el ISTLyR con otros conflictos que atraviesan institutos de formación técnica superior y formación docente porteños. En su comunicado denuncia recortes de cargos, cierres de carreras y modificaciones de las condiciones institucionales, frecuentemente justificados por una disminución de la matrícula. También sostiene que el área educativa de la Ciudad sufrió un recorte del 13%, aunque la gacetilla no precisa el período ni la metodología utilizada para calcular esa cifra.

La comunidad educativa responsabiliza por las medidas al jefe de Gobierno, Jorge Macri; a la ministra de Educación, Mercedes Miguel; al gerente general Gustavo Álvarez; y a la directora de Educación Técnica Superior, Adriana Frega. Exige la reincorporación de los diez docentes, garantías para completar las cursadas, el respeto de los derechos laborales y la apertura de un proceso de diálogo que permita avanzar en la titularización y fortalecer la continuidad de la carrera.

Bajo la consigna «El ISTLyR no se achica», estudiantes, docentes y egresados mantienen el estado de asamblea permanente y movilización. La organización también recibe adhesiones institucionales e individuales a través de sus canales de comunicación, mientras reclama una respuesta de las autoridades educativas porteñas.

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Redacción general del portal.

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