jueves, 24 de septiembre de 2026
Proponen reducir el costo de entrada a los alquileres bonaerenses
El Colegio de Martilleros presentó un régimen que elimina gastos para los inquilinos de menores ingresos y ofrece incentivos fiscales a los propietarios que incorporen viviendas al mercado.
El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires presentó un proyecto para crear un Régimen de Alquiler Social destinado a reducir los gastos que afrontan los inquilinos al ingresar a una vivienda. La propuesta fue entregada al diputado provincial de Fuerza Patria Héctor Rubén Eslaiman para su estudio y eventual tratamiento en la Legislatura bonaerense. El beneficio alcanzaría a los contratos cuyo alquiler mensual inicial no supere el sueldo básico correspondiente a la Categoría 20, con una jornada de 48 horas, de la Administración Pública provincial.
La iniciativa busca intervenir sobre uno de los principales obstáculos que presenta actualmente el mercado locativo: la cantidad de dinero necesaria para firmar un contrato y acceder al inmueble. A la mensualidad y el depósito inicial suelen sumarse honorarios profesionales, certificaciones, informes registrales, impuestos y cargos por la conexión o el cambio de titularidad de los servicios. El régimen propone eliminar o trasladar una parte importante de esas erogaciones para facilitar el acceso de los hogares con menores ingresos.
El presidente de Martilleros BA, Luis Colao, explicó que los inquilinos comprendidos dentro del programa no deberán pagar los honorarios por intermediación de martilleros, corredores públicos u otros profesionales que participen en la confección del contrato. Esos costos deberán ser afrontados por los propietarios, de acuerdo con las escalas arancelarias correspondientes a cada actividad. Los informes solicitados al Registro de la Propiedad Inmueble también serán gratuitos para los locatarios.
La propuesta contempla además la revisión del límite de valuación fiscal utilizado para acceder a la exención del Impuesto de Sellos. Las certificaciones de firmas realizadas por los juzgados de Paz o los colegios profesionales no tendrán costo para quienes alquilen bajo este régimen. Para solicitar los servicios, será suficiente presentar el contrato certificado, sin exigir trámites adicionales que multipliquen los gastos iniciales.
Las empresas prestadoras tampoco podrán cobrar cargos por conexión, reconexión, depósito, cambio de titularidad u otros conceptos relacionados con el ingreso a la vivienda. La eliminación de estos costos busca evitar que el acceso a un alquiler quede condicionado por gastos administrativos que pueden representar una barrera tan importante como el propio valor mensual. El proyecto procura así concentrar la asistencia sobre un segmento definido mediante un parámetro salarial objetivo.
Para ampliar la oferta disponible, el régimen incluye incentivos y mecanismos de simplificación fiscal para los propietarios que incorporen sus viviendas a este sistema. La propuesta prevé exenciones impositivas provinciales e invita a los municipios bonaerenses a adherir mediante la eliminación de tasas y derechos locales. De esta manera, busca equilibrar la reducción de costos para los inquilinos con beneficios que estimulen la incorporación de nuevos inmuebles al mercado locativo.
Colao defendió la segmentación como una herramienta para responder de manera diferenciada a las desigualdades sociales y territoriales de la provincia. “Esta estrategia de dividir en grupos, subgrupos o regiones para asistirlos en forma selectiva implica poner una mirada mucho más justa”, sostuvo. También remarcó que la solución del déficit habitacional constituye una responsabilidad indelegable del Estado y no puede recaer exclusivamente sobre propietarios o profesionales.
El proyecto todavía debe convertirse en una iniciativa parlamentaria formal y atravesar el debate en comisiones antes de llegar al recinto. Su presentación abre, sin embargo, una discusión necesaria sobre el peso de los gastos de ingreso y la falta de herramientas públicas para quienes necesitan alquilar una vivienda. En una provincia extensa y profundamente desigual, garantizar el acceso al mercado locativo requiere combinar regulación, asistencia estatal e incentivos que no descarguen todo el esfuerzo sobre una sola de las partes.
