domingo, 20 de septiembre de 2026
Universidades en paro contra el ajuste de Milei
Los gremios rechazaron la oferta salarial del 3%, exigieron la aplicación de la Ley de Financiamiento y convocaron a la quinta Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre.
Docentes y trabajadores nodocentes de las universidades nacionales cumplieron este viernes 18 de septiembre la primera de dos jornadas de paro y ratificaron una nueva medida para el martes 22, luego de que la negociación salarial con el Gobierno volviera a terminar sin acuerdo. La Secretaría de Educación ofreció un incremento del 3% para septiembre y anticipó otro porcentaje similar para octubre, mientras el Frente Sindical de Universidades Nacionales reclama la recomposición establecida por la Ley de Financiamiento Universitario. El conflicto desembocará el 15 de octubre en la quinta Marcha Federal Universitaria, cuyo acto central se realizará frente al Palacio de Tribunales.
“El Gobierno nacional volvió a ofrecer el 3%. La Ley de Financiamiento Universitario obliga a aumentar los salarios en 33,4%”, señalaron desde el Frente Sindical al rechazar la propuesta. Los representantes gremiales sostienen que el ofrecimiento no compensa la pérdida del poder adquisitivo acumulada desde diciembre de 2023 ni cumple integralmente con la norma aprobada por el Congreso.
El Ejecutivo anunció que aplicará el aumento de manera unilateral, pese a que ninguna de las organizaciones sindicales aceptó la propuesta. El secretario de Educación, Carlos Torrendell, argumentó que con esa decisión el Gobierno cumple las medidas judiciales vigentes, pero los gremios advierten que la recomposición pendiente supera ampliamente los porcentajes ofrecidos en la paritaria.
La disputa salarial se convirtió además en un conflicto institucional. La Justicia ordenó al Ejecutivo aplicar los artículos de la Ley de Financiamiento Universitario que regulan la actualización de salarios y partidas presupuestarias, pero las organizaciones docentes, nodocentes y el Consejo Interuniversitario Nacional sostienen que el Gobierno continúa sin ejecutar plenamente la norma.
El secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Cagnacci, denunció que la administración de Javier Milei está “desfinanciando la educación pública y ahogando a trabajadoras y trabajadores universitarios”. ADUBA y la Asociación del Personal de la UBA anunciaron, además de las medidas nacionales, un esquema de 23 días de paros rotativos que alcanzará a facultades, colegios, hospitales e institutos dependientes de la Universidad de Buenos Aires.
“Esto nos va a convertir en un país con menos profesionales, menos oportunidades de ascenso social y, al mismo tiempo, se construye un futuro incierto. La sociedad no votó para dañar a la Universidad”, advirtió Cagnacci. El dirigente ratificó que docentes, nodocentes, estudiantes y autoridades universitarias volverán a movilizarse masivamente el 15 de octubre.
La elección del Palacio de Tribunales como punto central de la quinta Marcha Federal busca denunciar el incumplimiento de las decisiones judiciales y trasladar el reclamo hacia la Corte Suprema. Las organizaciones universitarias también intervendrán en el debate del Presupuesto 2027, donde el Consejo Interuniversitario Nacional reclama alrededor de 11 billones de pesos frente a los 7,3 billones contemplados por el proyecto del Ejecutivo.
El ajuste no se limita a las universidades. El Presupuesto 2027 prevé una reducción nominal de recursos del 12,4% para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y del 5,2% para el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Desde el comienzo de la gestión de Milei, el INTA acumula una pérdida real superior al 43% y el INTI una caída cercana al 49%, cifras que muestran que el desfinanciamiento alcanza al conjunto del sistema público de educación, ciencia y desarrollo tecnológico.
La continuidad de las medidas de fuerza responde, por lo tanto, a un deterioro que excede una discusión salarial. Mientras desconoce una ley sancionada por el Congreso, resiste su aplicación judicial y proyecta nuevos recortes presupuestarios, el Gobierno compromete el funcionamiento de las universidades y organismos fundamentales para la formación profesional, la investigación científica y el desarrollo productivo del país.
