domingo, 16 de agosto de 2026
El engranaje judicial de la apropiación
El fallo de la Corte en el caso de Manuel Gonçalves Granada abre una puerta largamente postergada para investigar el papel de funcionarios judiciales en el circuito que permitió ocultar la identidad de niños y niñas durante el terrorismo de Estado.
Poner en primer plano una cuestión de tan enorme importancia: la responsabilidad de funcionarios judiciales civiles en el circuito de apropiación de niños y niñas durante la última dictadura, es un avance que se hizo esperar más de 50 años.
El caso de Manuel Goncalves Granada resulta particularmente contundente porque, según surge de su denuncia, no se trata solamente de determinar qué ocurrió con su identidad, sino de establecer si funcionarios que tenían la obligación legal de protegerlo omitieron deliberadamente medidas elementales para localizar a su familia biológica y, en cambio, facilitaron su adopción.
Hay varios ejes fuertes que pueden rescatarse:
La decisión de la Corte Suprema rompe, al menos en este caso, con una investigación clausurada sin haber indagado a los funcionarios denunciados.
El fallo puede convertirse en un precedente para investigar la actuación del Poder Judicial en otros casos de apropiación.
La apropiación de niños durante el terrorismo de Estado no fue únicamente obra de las fuerzas represivas: también pudo requerir la intervención de funcionarios civiles, judiciales y administrativos que dieron apariencia de legalidad a situaciones manifiestamente irregulares.
El concepto de “engranaje de ocultamiento” utilizado por Abuelas es particularmente significativo: permite pensar la apropiación como un mecanismo que involucró distintas instituciones y no exclusivamente a los grupos de tareas.
El caso vuelve a colocar a las infancias como víctimas directas del terrorismo de Estado, y no solamente como familiares de personas desaparecidas.
La cifra mencionada por Goncalves Granada —al menos 30 de los 140 casos de restitución de identidad con intervención del sistema judicial— plantea la necesidad de una investigación sistemática sobre el papel de esos funcionarios.
Finalmente, aparece una dimensión política y democrática muy potente: la búsqueda de justicia no como una reivindicación individual, sino como una construcción colectiva de memoria, verdad y justicia.
En un fallo que llega casi una década después de haber alcanzado la máxima instancia de la Justicia y casi dos de haberse radicado la denuncia, la Corte Suprema reactivó la investigación sobre cuatro exfuncionarios judiciales acusados de intervenir, durante la última dictadura cívico militar, en la apropiación de Manuel Gonçalves Granada, actual secretario de Abuelas de En un fallo que llega casi una década después de que la causa alcanzara la máxima instancia de la Justicia y a casi dos décadas de radicada la denuncia, la Corte Suprema reactivó la investigación sobre cuatro exfuncionarios judiciales acusados de haber intervenido, durante la última dictadura cívico-militar, en la apropiación de Manuel Gonçalves Granada, actual secretario de Abuelas de Plaza de Mayo.
Casi veinte años pasaron desde que Manuel denunció a los funcionarios judiciales que intervinieron en su apropiación. Casi una década más debió esperar para que la causa llegara a la Corte Suprema. Ahora, el máximo tribunal ordena que aquella investigación vuelva a abrirse.
“Veinte años no es nada”, dice el tango. Pero en la vida de una persona apropiada, veinte años no son nada menos que siglos: son la infancia que no vuelve, la historia familiar que fue arrancada, la identidad que fue ocultada y una vida entera que se construyó sobre una mentira.
Por eso este fallo no mira solamente hacia el pasado. También interpela al presente y a la democracia: porque mientras haya identidades por recuperar y responsabilidades por esclarecer, la búsqueda de memoria, verdad y justicia seguirá siendo una tarea colectiva.
