La Corte reabrió la causa por la apropiación de Manuel Gonçalves

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó los sobreseimientos de cuatro exfuncionarios judiciales investigados por su intervención en la guarda y posterior adopción de Manuel Gonçalves Granada, sobreviviente del terrorismo de Estado, nieto restituido y actual secretario de Abuelas de Plaza de Mayo. La decisión permite reabrir la investigación sobre el papel que tuvieron integrantes del Poder Judicial en el proceso que sostuvo su apropiación hasta la restitución de su identidad en 1997.

La resolución alcanza al exjuez de Menores de San Nicolás Juan Carlos Marchetti, al exmagistrado Juan Delfín Castro y a los exasesores de menores Juan Carlos Magni y Francisco García Cortina. Los cuatro participaron, entre 1976 y 1981, de distintas instancias judiciales vinculadas con la guarda provisoria y la adopción de Manuel.

Con los votos del juez Horacio Rosatti y los conjueces Carlos Alberto Vallefin y Richar Fernando Gallego, la Corte hizo lugar a las quejas presentadas por Abuelas de Plaza de Mayo y el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Javier De Luca. El tribunal dejó sin efecto la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal y ordenó que se dicte un nuevo pronunciamiento.

Abuelas celebró la resolución y destacó su importancia para avanzar sobre una dimensión todavía pendiente del juzgamiento de los crímenes de la dictadura: la posible responsabilidad de magistrados y funcionarios judiciales en el circuito que permitió ocultar las identidades de niños y niñas apropiados.

La historia de Manuel se remonta al 19 de noviembre de 1976. Ese día, fuerzas conjuntas atacaron una vivienda de la calle Juan B. Justo, en San Nicolás, donde asesinaron a su madre, Ana María del Carmen Granada, al matrimonio Amestoy-Fetollini y a sus dos hijos, de cinco y tres años.

Manuel tenía apenas seis meses. Su madre logró esconderlo dentro de un ropero protegido con almohadones antes de ser asesinada. Fue el único sobreviviente. Tras el ataque, en el que se utilizaron armas de fuego, granadas y gases lacrimógenos, el bebé fue trasladado con graves problemas respiratorios al hospital de San Nicolás.

Permaneció internado durante tres meses bajo custodia policial y a disposición del entonces juez de Menores Juan Carlos Marchetti, con intervención del asesor Juan Carlos Magni. Según reconstruyó Abuelas, desde allí comenzó un proceso plagado de irregularidades que terminó separándolo de su verdadera familia.

El 15 de febrero de 1977, Marchetti otorgó la guarda provisoria al matrimonio integrado por Luis Abelino Novoa y Elena Yolanda Rodríguez, quienes mantenían vínculos familiares con el propio magistrado. Abuelas sostiene que la entrega se realizó sin agotar las medidas necesarias para determinar la identidad del niño y localizar a sus familiares, pese a que organismos de derechos humanos buscaban por entonces a hijos e hijas de personas desaparecidas.

En 1981, el matrimonio obtuvo la adopción plena mediante una resolución del Juzgado Civil y Comercial N°1 de Lomas de Zamora, entonces a cargo de Juan Delfín Castro y con intervención del asesor de menores Francisco García Cortina. Para Abuelas, las inconsistencias presentes en aquellos expedientes justifican investigar qué conocían los funcionarios sobre el verdadero origen del niño.

La recuperación de su identidad tardaría casi dos décadas. En 1995, el Equipo Argentino de Antropología Forense logró identificar los restos de su madre mediante el entrecruzamiento de huellas dactiloscópicas y ese mismo año pudo localizar a Manuel. En 1997, los análisis inmunogenéticos confirmaron su filiación.

Manuel era hijo de Ana María del Carmen Granada y Gastón Roberto José Gonçalves, secuestrado, torturado y asesinado en 1976. Tras recuperar su identidad y reencontrarse con su familia, se incorporó a la lucha por la restitución de los niños y niñas apropiados durante la dictadura y actualmente se desempeña como secretario de Abuelas de Plaza de Mayo.

La investigación sobre la responsabilidad de los funcionarios judiciales atravesó, sin embargo, un extenso recorrido. El juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo sobreseyó en dos oportunidades a Marchetti sin haberlo llamado previamente a declaración indagatoria. Ambas decisiones fueron revocadas por la Cámara Federal de Rosario.

Posteriormente, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de Eduardo Riggi y Mariano Borinsky, dispuso el sobreseimiento de todos los imputados. Abuelas y el Ministerio Público Fiscal cuestionaron esa decisión y sostuvieron que existían elementos suficientes para continuar investigando y, como mínimo, convocar a indagatoria a quienes participaron de la guarda y adopción.

Después de que los recursos extraordinarios fueran rechazados en 2017, ambas partes llegaron mediante queja a la Corte Suprema. Con dictamen favorable del procurador Eduardo Casal, el máximo tribunal finalmente hizo lugar al planteo y anuló los sobreseimientos.

La decisión adquiere una relevancia que trasciende el caso de Manuel. Según Abuelas, de los 140 casos de nietos y nietas cuya identidad pudo ser resuelta, en 30 existió algún tipo de intervención de personal judicial mediante guardas, internaciones o adopciones.

La investigación de esas responsabilidades constituye uno de los capítulos más complejos del proceso de Memoria, Verdad y Justicia. La apropiación sistemática de niños y niñas no pudo sostenerse únicamente mediante la actuación de las fuerzas represivas: en numerosos casos fueron necesarios procedimientos administrativos y judiciales que otorgaran una apariencia de legalidad al ocultamiento de sus verdaderas identidades.

“Hoy estamos un poquito más cerca de hacer justicia por Manuel”, expresó Abuelas al celebrar el fallo. Para el organismo, el precedente puede contribuir a esclarecer otras causas atravesadas durante décadas por “la complicidad y el silencio”.

Casi medio siglo después de la masacre de San Nicolás y a casi tres décadas de la restitución de Manuel Gonçalves Granada, la resolución de la Corte vuelve a abrir la posibilidad de determinar judicialmente las responsabilidades de quienes, desde lugares institucionales destinados a proteger a la infancia, pudieron haber contribuido al engranaje de apropiación desplegado durante el terrorismo de Estado.

Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo.