domingo, 16 de agosto de 2026
ATE CONICET cuestionó la designación de Baravalle en medio del conflicto por las becas
Delegados de la Lista Verde y Blanca contrastaron el nombramiento de la nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología con la situación de casi 400 investigadores posdoctorales que reclaman la continuidad de sus becas.
El cuerpo de delegados de la Lista Verde y Blanca de ATE CONICET cuestionó la designación de Adriana Baravalle como secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación y reclamó que se investiguen las inconsistencias denunciadas en torno a sus antecedentes académicos. La organización contrapuso el nombramiento de la funcionaria con la situación de casi 400 becarios y becarias posdoctorales que quedaron sin continuidad mientras esperan la resolución de sus postulaciones para ingresar a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CIC).
Baravalle fue designada esta semana mediante el Decreto 730/2026, en reemplazo de Darío Genua. Su llegada al área quedó rápidamente atravesada por cuestionamientos sobre la forma en que fueron presentados públicamente sus antecedentes académicos. Distintos medios señalaron inconsistencias entre las credenciales difundidas inicialmente y la información que apareció posteriormente sobre su formación.
En ese contexto, los delegados de ATE CONICET pusieron el foco en el contraste entre las exigencias que atraviesan quienes pretenden desarrollar una carrera dentro del sistema científico y los interrogantes abiertos alrededor del currículum de quien acaba de asumir la conducción política del área.
“Por un lado, están los becarios y becarias del CONICET: jóvenes investigadores en formación que atravesaron carreras universitarias, posgrados, maestrías y doctorados, que desarrollaron proyectos de investigación, publicaron trabajos científicos en revistas con referato, expusieron sus trabajos en congresos nacionales e internacionales y construyeron conocimientos en áreas estratégicas para el país dedicando años a formarse con la expectativa de poder continuar una carrera científica”, señalaron.
El conflicto al que hace referencia el comunicado involucra concretamente a 375 investigadores e investigadoras posdoctorales cuyas becas vencieron a fines de julio mientras aguardaban la resolución de la convocatoria para ingresar a la CIC. El reclamo por una prórroga se extendió durante varias semanas y generó movilizaciones y concentraciones en diferentes centros científicos del país.
La situación resulta especialmente significativa porque el propio Directorio del CONICET había respaldado la continuidad de los 379 becarios alcanzados inicialmente por el reclamo, aunque su presidente, Daniel Salamone, se abstuvo. La extensión de las becas quedó condicionada por la disponibilidad presupuestaria y las decisiones del Gobierno nacional.
Para los delegados, detrás de esos números existen investigadores que destinaron buena parte de sus vidas a una formación altamente especializada. “En promedio han dedicado diez años de sus jóvenes vidas a prepararse para ser científicas y científicos, sometidos a todo tipo de exámenes y evaluaciones, y recibiendo a cambio un ingreso mensual que, con el correr del ajuste y el corte de la motosierra, se ha convertido en un insulto a la condición humana”, afirmaron.
La declaración también vincula el nombramiento de Baravalle con la orientación que el Gobierno de Javier Milei pretende imprimir a las políticas de innovación y desarrollo tecnológico, particularmente alrededor de la inteligencia artificial, el manejo de grandes volúmenes de información y la instalación de centros de datos.
En ese marco, los delegados manifestaron su preocupación por los proyectos de grandes empresas tecnológicas extranjeras en el país y mencionaron particularmente a Palantir, compañía fundada por Peter Thiel, y a la firma polaca Green Capital. La presencia de Thiel y los contactos mantenidos con funcionarios nacionales ya motivaron incluso pedidos de informes en la Cámara de Diputados sobre eventuales acuerdos relacionados con la gestión de datos personales y sistemas de inteligencia del Estado.
Green Capital, por su parte, impulsa el proyecto Atlas GigaHub en la Patagonia, concebido como una infraestructura de gran escala destinada a inteligencia artificial y centros de datos, abastecida mediante generación energética renovable. La propia compañía informa que el proyecto contempla alrededor de 3 GW de capacidad informática.
ATE CONICET ubica estos movimientos dentro de una discusión más amplia sobre soberanía científica, tecnológica y económica. La organización sostiene que el debilitamiento de las capacidades públicas de investigación ocurre simultáneamente con el avance de grandes inversiones extranjeras sobre sectores estratégicos y reclama que el conocimiento científico argentino no quede subordinado exclusivamente a esos intereses.
El documento concluye con tres demandas concretas. Los delegados reclaman que el Congreso intervenga para garantizar inmediatamente las prórrogas de los investigadores posdoctorales, que sean investigadas judicialmente las presuntas irregularidades que denuncian alrededor de las credenciales académicas de Baravalle y que se revierta la política de ajuste sobre el sistema científico.
La controversia expone así una contradicción que los trabajadores pretenden colocar en el centro del debate: mientras cientos de científicos formados durante años con recursos públicos enfrentan la posibilidad de abandonar sus investigaciones por falta de financiamiento, el Gobierno redefine la conducción y las prioridades del área encargada de establecer buena parte del futuro científico y tecnológico argentino.
