miércoles, 5 de agosto de 2026
La disputa por el territorio define el margen de soberanía nacional
El proyecto oficialista contrasta con las tendencias internacionales que revalorizan el control estatal sobre los activos clave para el desarrollo.
¿Qué hacen los Estados que lideran la economía y el comercio global cuando se trata de proteger sus activos estratégicos? La respuesta a esta pregunta desarticula cualquier intento de presentar la regulación sobre el suelo, el agua y los minerales como un capricho ideológico, un atraso normativo o una extravagancia latinoamericana. En las principales potencias del mundo, la propiedad de la tierra y la custodia de los recursos naturales no se gestionan bajo las reglas de un mercado inmobiliario ordinario, sino como pilares innegociables de la seguridad nacional y la soberanía económica.
El debate que hoy atraviesa al Congreso argentino contrapone dos visiones antagónicas sobre el modelo de país. Por un lado, la iniciativa oficialista propone concebir al territorio nacional como una mercancía transable sin condicionamiento alguno, promoviendo la desregulación total y la supresión de los techos a la extranjerización. Por el otro, la experiencia internacional demuestra que el desarrollo de las naciones prósperas se ha cimentado históricamente sobre el resguardo celoso de sus activos estratégicos, limitando la injerencia de capitales foráneos en sectores neurálgicos.
El caso de Estados Unidos resulta paradigmático. Lejos del libre mercado irrestricto en materia territorial, la principal potencia del globo cuenta con el Comité de Inversiones Extranjeras (CFIUS, por sus siglas en inglés), un organismo interagencial con facultades para vetar, bloquear o deshacer cualquier compra de tierras o activos por parte de entidades extranjeras si considera que afecta la seguridad nacional. En los últimos años, la administración estadounidense ha endurecido estos controles sobre la adquisición de parcelas agrícolas y áreas próximas a instalaciones militares o de infraestructura crítica, impidiendo expresamente operaciones impulsadas por fondos o corporaciones vinculadas a otros Estados.
En una línea similar se posiciona Canadá, que en 2022 reformó su marco regulatorio para prohibir de manera tajante la adquisición de viviendas y tierras estratégicas por parte de no residentes, al tiempo que endureció las restricciones sobre las inversiones en su sector minero, con foco prioritario en los minerales críticos como el litio y el cobalto. Australia, por su parte, somete la venta de grandes extensiones agrícolas a la aprobación previa de la Junta de Revisión de Inversiones Extranjeras (FIRB), aplicando criterios de interés nacional que evalúan el impacto de la operación sobre la producción alimentaria local y las comunidades regionales.
En el continente europeo, la tendencia hacia el blindaje territorial se aceleró tras las crisis sucesivas de la pandemia y el conflicto bélico en Ucrania. Naciones como Francia y Alemania reforzaron sus mecanismos de intervención estatal sobre el mercado del suelo agrícola y las industrias energéticas. El presidente francés Emmanuel Macron impulsó normativas específicas para evitar que capitales extracomunitarios adquieran explotaciones agrícolas, calificando a la tierra fértil como «un activo estratégico del que depende la soberanía alimentaria de la nación». Asimismo, China mantiene el dominio público absoluto sobre la totalidad de su suelo, otorgando únicamente derechos de uso temporales bajo estricta supervisión del Estado.
A nivel regional, Brasil preserva restricciones severas a la compra de inmuebles rurales por parte de extranjeros a través de la Ley 5.709 y pronunciamientos de su Abogacía General de la Unión, exigiendo autorizaciones parlamentarias y fijando topes por municipio para evitar la concentración fundiaria en manos transnacionales.
Frente a este escenario global, la pretensión de eliminar los resguardos normativos sobre el suelo argentino no representa una modernización, sino una excepción riesgosa que contraviene las prácticas de las potencias desarrolladas. La tierra no es un activo financiero genérico; es el espacio donde se ejerce la jurisdicción del Estado, la fuente de la soberanía alimentaria y el reservorio de los recursos hídricos, energéticos y mineros que condicionarán las posibilidades de desarrollo de las futuras generaciones. Desmantelar la tutela pública sobre el territorio equivale a ceder la capacidad de decisión sobre el proyecto nacional.
