Espinoza advirtió sobre la extranjerización de tierras

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, rechazó el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei para flexibilizar las restricciones a la adquisición de tierras por parte de extranjeros. El dirigente bonaerense advirtió que la iniciativa no sólo modifica el régimen de propiedad rural, sino que compromete el control nacional sobre territorios donde se encuentran algunos de los principales recursos estratégicos del país.

“Milei quiere llenar de ‘otras Malvinas’ todo el territorio de la República Argentina. En eso consiste el proyecto de extranjerización de nuestras tierras”, afirmó Espinoza, quien trazó un paralelismo entre la ocupación británica del archipiélago y la pérdida de capacidad soberana que, a su entender, provocaría una expansión de la propiedad extranjera sobre el territorio continental.

El planteo se inscribe en la discusión sobre el régimen que establece límites a la titularidad y posesión de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras. Más allá de la dimensión patrimonial, la regulación tiene implicancias territoriales y económicas: la propiedad de grandes extensiones puede involucrar también el acceso a cursos y reservas de agua, minerales, hidrocarburos, zonas productivas y áreas de frontera.

“Nuestras islas fueron ocupadas por la fuerza de las armas; las nuevas y múltiples ‘Malvinas’ que impulsa Javier Milei, desde La Quiaca hasta Ushuaia, serán ocupadas por efecto del proyecto de extranjerización del suelo argentino que pretende instalar el gobierno libertario”, sostuvo Espinoza.

El jefe comunal cuestionó además la concepción económica que subyace a la iniciativa. A su juicio, el problema ya no pasa únicamente por las condiciones en las que puede venderse el patrimonio territorial, sino por la capacidad futura del Estado para establecer regulaciones sobre espacios decisivos para el desarrollo nacional. “No se trata ya de ‘entregar a precio vil’ o ‘vender al mejor postor’ patrimonio nacional: se trata ahora de ‘regalar’ nuestros recursos, los de todas y todos los argentinos”, señaló.

La cuestión adquiere particular relevancia por la distribución geográfica de los recursos naturales argentinos. El país integra el denominado Triángulo del Litio, posee importantes formaciones de hidrocarburos no convencionales, extensas reservas de agua dulce y una de las mayores superficies agrícolas del planeta. También cuenta con reservas y proyectos vinculados al cobre, oro, plata y uranio, este último directamente relacionado con el desarrollo de la industria nuclear nacional.

Espinoza hizo eje precisamente en esa relación entre territorio y recursos. “Somos el octavo país más grande del mundo en superficie total. Argentina tiene litio para pelear el liderazgo mundial, cobre para transformar su matriz exportadora, oro y plata para sostener divisas y uranio para desarrollar la energía nuclear”, afirmó.

Desde esa perspectiva, la discusión sobre la extranjerización de la tierra excede ampliamente una controversia sobre derechos de propiedad. El punto central es qué margen conserva el Estado para ordenar el territorio, establecer condiciones para la explotación de los recursos y definir prioridades de desarrollo cuando grandes extensiones quedan bajo control de capitales o actores extranjeros.

El presidente de la FAM también vinculó el debate con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y las aguas circundantes, donde el Reino Unido mantiene una ocupación considerada ilegal por la Argentina y cuya disputa de soberanía continúa reconocida en el ámbito de las Naciones Unidas. “Hoy vemos cómo la producción de petróleo de nuestras Islas Malvinas se va a manos extranjeras. Si Javier Milei avanza con su Ley de Tierras, lo mismo pasará con todos nuestros recursos”, expresó.

La advertencia apunta a uno de los núcleos históricos de la discusión sobre el desarrollo argentino: la relación entre propiedad del territorio, explotación de los bienes naturales y soberanía económica. Las decisiones sobre la tierra no determinan solamente quién puede adquirirla, sino también qué capacidad conserva el país para regular el aprovechamiento de aquello que se encuentra sobre ella y debajo de ella.

Espinoza cerró su pronunciamiento recurriendo a Manuel Belgrano y a su defensa de una estructura productiva nacional capaz de evitar la transferencia de las riquezas del país hacia intereses externos. “Debemos conseguir el fomento de nuestra industria, el del comercio y navegación y arrancar de las manos del extranjero los medios con que forzadamente nos quita las grandes riquezas en perjuicio general de la Nación”, citó.

Dos siglos después, la discusión vuelve bajo nuevas condiciones pero alrededor de una pregunta persistente para cualquier proyecto de desarrollo autónomo: quién controla el territorio y sus recursos. Frente a la apertura promovida por el Gobierno nacional, el debate sobre la tierra vuelve así al terreno donde históricamente adquirió su verdadera dimensión política: el de la soberanía.