lunes, 3 de agosto de 2026
El oficialismo busca aprobar en el Senado la reforma sobre la ley de tierras
La iniciativa reformula en un mismo texto las reglas sobre expropiaciones, desalojos y venta de tierras a extranjeros, y llega a una sesión marcada por la incertidumbre sobre los votos y el rechazo de organizaciones sociales, sindicales y ambientales.
El Senado tratará este jueves, desde el mediodía, el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno de Javier Milei, en el quinto intento de la titular del bloque oficialista, Patricia Bullrich, por conseguirle media sanción después de cuatro postergaciones consecutivas por falta de apoyos. La sesión se realiza en el recinto del Congreso, en Buenos Aires, mientras organizaciones sociales, sindicales, ambientales y religiosas se movilizan en simultáneo frente al edificio para reclamar el rechazo de la norma.
El proyecto, redactado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ingresó a la Cámara alta el 27 de marzo y modifica al mismo tiempo el régimen de expropiaciones, los procesos judiciales de desalojo, la Ley de Tierras Rurales y la Ley de Manejo del Fuego. Las cuatro postergaciones anteriores —la última, hace tres semanas— se debieron puntualmente a la falta de votos para aprobar el capítulo que elimina los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, el más resistido de toda la iniciativa.
El texto endurece los requisitos para que el Estado pueda expropiar: exige que la declaración de utilidad pública identifique «en forma específica y concreta» el fin perseguido y que la medida sea «idónea, necesaria y proporcional», además de incorporar el lucro cesante a las indemnizaciones y prohibir la toma de posesión del bien hasta el pago íntegro. En materia de desalojos, convierte el trámite en un proceso sumarísimo —el más breve del Código Procesal— y reemplaza la caución real por una simple declaración jurada del propietario para habilitar la desocupación anticipada, aunque en comisiones se extendió de 3 a 10 días el plazo de intimación previa al inquilino.
Sobre la Ley de Tierras Rurales, vigente desde 2011, la normativa actual limita al 15% la superficie rural —nacional, provincial y municipal— que puede estar en manos extranjeras, con un techo adicional de 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo. Según el Registro Nacional de Tierras Rurales, los extranjeros poseen hoy alrededor de 13 millones de hectáreas rurales, un 5% del total del país, equivalente a la superficie de la provincia de Santa Fe, y en 36 departamentos —varios de ellos en Salta, La Rioja y Neuquén— la extranjerización ya supera ese tope del 15%, con casos que llegan al 55-60% de la superficie local. El proyecto original eliminaba directamente el límite nacional; en su paso por comisiones, ese porcentaje se sostuvo formalmente, pero se trasladó a cada provincia la potestad de autorizar, regular o vetar las ventas dentro de su jurisdicción, lo que en la práctica descentraliza el control sobre quién compra y dónde. En manejo del fuego, se descartó habilitar la venta o el cambio de uso de suelo en bosques nativos incendiados, pero se eliminó el plazo de 30 años de veda para tierras rurales quemadas, y sobre barrios populares se cayó el capítulo que habilitaba desalojos inmediatos, con lo cual sigue vigente la suspensión hasta 2032.
El Gobierno sostiene que la reforma busca «eliminar restricciones ilegítimas» al derecho de propiedad y dar previsibilidad a la inversión, en un país que —según Bullrich— es el segundo con más demandas ante el CIADI por causas vinculadas, entre otras cosas, a expropiaciones mal reguladas. La oposición, organizaciones de derechos humanos como la APDH y el CELS, y especialistas en derecho agrario y ambiental objetan que la iniciativa refuerza garantías para los grandes propietarios y fondos de inversión mientras debilita la capacidad estatal de intervenir con políticas de vivienda, planeamiento urbano o protección ambiental. El punto más resistido sigue siendo la cesión de facultades a las provincias sobre la venta de tierras a extranjeros, que sectores opositores y hasta bloques dialoguistas leen como una vía para la extranjerización de territorio con recursos estratégicos —agua, litio, minerales críticos— por la fragmentación del control federal. Legisladores de la oposición y organizaciones como el Observatorio de Tierras de la UBA plantean el debate en términos de soberanía: sostienen que la ley vigente ya exhibe zonas con más de la mitad de su superficie en manos extranjeras pese al tope del 15%, y que remover ese límite —aun manteniendo restricciones para Estados extranjeros— podría acelerar esa concentración en regiones con agua dulce, litio y minerales críticos.
La CGT, las dos CTA, la UTEP, la Coalición Federal en Defensa de la Tierra, la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda y agrupaciones ambientalistas confirmaron su participación en la protesta, bajo las consignas «Argentina no se vende», «Por la tierra y el agua» y «La soberanía no se negocia», con concentración desde el mediodía sobre Rivadavia y Rodríguez Peña. También se sumaron voces eclesiásticas —Cáritas, la Pastoral Social, Endepa— y referentes como el diputado Leandro Santoro.
Para avanzar, el oficialismo necesita el quórum de 37 senadores presentes y luego mayoría simple de los votos emitidos, un escenario que hasta el fin de semana seguía sin garantías: el peronismo estimaba tener 35 de los 36 votos propios en contra del capítulo de extranjerización, y la negociación de último momento entre Bullrich y Sturzenegger con los bloques federales continuaba abierta. Si el proyecto obtiene media sanción, deberá pasar a Diputados, donde todavía no tiene fecha de tratamiento.
