Salud mental: un trabajo propone una universidad más inclusiva

El acceso y la permanencia en la educación superior de personas con trastornos o patologías de salud mental no discapacitantes son el eje del trabajo académico elaborado por la investigadora Cecilia Ratovicius. La autora sostiene que la legislación argentina no contempla la situación de este colectivo y plantea la necesidad de desarrollar herramientas específicas para garantizar el derecho a la educación en igualdad de condiciones.

El estudio surge a partir de la experiencia de la propia autora como usuaria del sistema de salud mental. Ratovicius decidió no hacer públicos los motivos de su tratamiento, aunque sí visibilizar las dificultades que atravesó durante más de veinte años para acceder a espacios universitarios acordes a sus necesidades. Esa experiencia se transformó en el punto de partida de una investigación que busca abrir el debate sobre una problemática poco abordada en el ámbito académico.

Según el trabajo, la legislación argentina contempla mecanismos de protección para quienes acceden al Certificado Único de Discapacidad (CUD), pero deja fuera de ese esquema a personas con padecimientos de salud mental que, si bien no son consideradas legalmente personas con discapacidad, encuentran serias dificultades para sostener una trayectoria universitaria.

La investigación señala que estudiantes con depresión, ansiedad, ataques de pánico, agorafobia, claustrofobia, fonofobia, dislexia y otros padecimientos similares suelen enfrentarse a barreras vinculadas con la presencialidad obligatoria, las modalidades de evaluación y la ausencia de dispositivos institucionales de acompañamiento. Para la autora, esas condiciones generan procesos de exclusión que rara vez son reconocidos por las universidades.

Como parte del análisis, el paper revisa la legislación nacional, antecedentes académicos de Argentina, Colombia y otros países, además de documentos de la Organización Mundial de la Salud. A partir de esa revisión concluye que la inclusión educativa no debería limitarse a quienes cuentan con un reconocimiento legal de discapacidad, sino extenderse a todas las personas cuyos padecimientos de salud mental condicionan el ejercicio efectivo del derecho a estudiar.

Entre las propuestas, Ratovicius plantea la necesidad de desarrollar políticas universitarias específicas, fortalecer la formación docente en salud mental, implementar ajustes razonables en las trayectorias académicas y construir dispositivos de acompañamiento que permitan garantizar el acceso, la permanencia y el egreso de estudiantes con padecimientos de salud mental no discapacitantes.