Luego de una masiva marcha en Plaza de Mayo, familiares y organizaciones sociales lograron la liberación de 11 detenides que habían sido arrestados durante una manifestación contra la Ley de Bases. La jueza federal María Servini dictaminó que no había fundamentos suficientes para mantener la detención de estas personas, quedando solo cinco aún privadas de su libertad.

La liberación se produjo tras una intensa movilización el pasado martes 18 de junio, donde miles de personas exigieron el cese de la criminalización de la protesta social. Bajo la consigna “presxs politicxs nunca más”, la marcha reunió a familiares de les detenides, dirigentes políticos y organizaciones sociales, quienes llevaron su reclamo al gobierno de Javier Milei.

La protesta del 12 de junio había sido fuertemente reprimida en el contexto de una creciente crisis económica y social. La aplicación estricta del protocolo antipiquete de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, resultó en la detención de 33 personas, de las cuales 11 fueron liberadas por falta de mérito según lo determinado por la jueza Servini.

El gobierno de Milei, en su discurso, calificó a les manifestantes de terroristas y acusó a los movimientos sociales de intentar un golpe de Estado. Esta narrativa busca deslegitimar y criminalizar la protesta social, según denuncian las organizaciones y los familiares de les detenides. Sin embargo, la resistencia social se mantiene firme en las calles, defendiendo los derechos y garantías constitucionales.

La movilización del 18 de junio contó con la participación de diversas agrupaciones políticas y sociales, quienes exigieron la libertad de todas las personas detenidas, el cierre de las causas judiciales por luchar y el cese de las persecuciones. La lista de detenides incluía a Daniel Sica, Patricia Calardo Arredondo, Juan Ignacio Spinetto, Camila Juárez, Nicolás Mayorga, Sasha Lyardet, Héctor Mallea, Cristian Dario Ferreira, Juan Pablo Colombo, María de la Paz Cerruti, Ramona Tocaba, Lucía Belén Puglia, Cristian Valiente, Facundo Exequiel Gómez, Gabriel Famulari y Roberto María de la Cruz.

Actualmente, cinco de estas personas permanecen detenidas bajo prisión preventiva, mientras que las restantes han sido liberadas por falta de mérito, sin encontrar elementos acusatorios o responsabilidades en hechos delictivos. La lucha por la libertad de les detenides y el derecho a la protesta continúa, reafirmando la importancia de mantener los derechos democráticos y constitucionales en Argentina.

La liberación de estos 11 manifestantes representa un paso significativo en la lucha contra la criminalización de la protesta, y refuerza el compromiso de la sociedad argentina en la defensa de sus derechos fundamentales.