La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) llevará adelante un paro nacional que afectará el funcionamiento de trenes, subtes, camiones, aviones y barcos. La medida de fuerza es una respuesta directa a las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno de Javier Milei, particularmente en lo que respecta a la suba de tarifas y el recorte de subsidios, medidas que los gremios consideran que están empujando a miles de argentinos hacia la pobreza.

Roberto Fernández, líder de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), aclaró que los choferes de colectivos, en su mayoría afiliados a esta organización, no se sumarán a la huelga, ya que se encuentran en medio de negociaciones paritarias y en conciliación obligatoria hasta el 28 de octubre. Fernández explicó que, si bien la UTA no se pliega al paro por el momento, no se descarta la adhesión si las negociaciones no prosperan.

La medida, ratificada el 22 de octubre en una reunión liderada por Hugo y Pablo Moyano en el sindicato de camioneros, responde a la decisión del gobierno de privatizar Aerolíneas Argentinas y de recortar subsidios que han encarecido el acceso al transporte público y afectado a los sectores más vulnerables. El comunicado difundido tras el encuentro sindical denuncia que las políticas actuales están incrementando la carga sobre los trabajadores y jubilados, reduciendo el poder adquisitivo y generando más exclusión.

A este paro se sumarán también otros gremios estatales, como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), ampliando así el alcance de la protesta más allá del sector transporte. La jornada de paro se extenderá durante todo el día y, aunque el servicio de colectivos se mantendrá en gran medida operativo, se prevén complicaciones significativas en el transporte público y de carga.

La medida genera expectativas en torno a posibles nuevas acciones sindicales si el gobierno no muestra un giro en sus políticas. Los líderes sindicales, quienes encabezaron esta decisión, enfatizan que la jornada de protesta es una advertencia hacia un modelo económico que, según ellos, "condena a la exclusión y empuja a la marginalidad" a amplios sectores del país.v