EL GOBIERNO PRIVATIZA FRECUENCIAS Y PONE EN RIESGO EL FUTURO DE ARSAT
Publicado: 23/10/2024
La decisión de Javier Milei de privatizar 150 megahercios de espectro y la eliminación del IVA a medios de comunicación provocan críticas y denuncias sobre la desmantelación del Estado.
El gobierno de Javier Milei avanza en su agenda privatizadora con la reciente decisión de privatizar 150 megahertz de espectro que estaban reservados para ARSAT y Enacom, lo que despierta preocupaciones sobre el futuro de las telecomunicaciones en el país. Durante una conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que los 100 megahertz de espectros asignados a ARSAT y los 50 MHz en manos del Enacom se pondrán a disposición del mercado. Esta medida se produce en medio de un conflicto laboral en ARSAT, donde las negociaciones paritarias están congeladas y más de 600 trabajadores enfrentan dificultades económicas.
El ex vicepresidente del Enacom y actual presidente de Forja, Gustavo López, señaló que la venta de estas frecuencias es un error estratégico que podría obligar al Estado a pagar a empresas privadas por un servicio que antes ofrecía internamente. López explicó que estas frecuencias eran vitales para mantener la soberanía en telecomunicaciones y criticó la falta de justificación por parte del gobierno al afirmar que no se estaban utilizando. Además, denunció que la privatización es parte de un plan más amplio para desmantelar empresas públicas que son consideradas estratégicas y rentables.
ARSAT, que atraviesa una crisis interna con paritarias congeladas y una fuga de profesionales, se enfrenta a un futuro incierto. López alertó que el objetivo del gobierno es destruir el Estado y sus empresas, a pesar de que estas generan ganancias. En caso de concretarse la privatización, el nuevo propietario adquiriría la red de fibra óptica más grande del país y otros activos valiosos, lo que López calificó como una "estafa" que beneficiaría a empresarios cercanos al oficialismo.
Además, el gobierno eliminó las exenciones del IVA para los medios de comunicación, lo que aumentará los costos para los consumidores y limitará el acceso a la información. Esta decisión ha sido calificada como un ataque a la libertad de expresión ya los derechos constitucionales de los ciudadanos.
En este contexto, López advirtió sobre las graves consecuencias que estas políticas podrían afectar, no solo para ARSAT y sus trabajadores, sino también para el acceso de la población a servicios de telecomunicaciones y a la información en un momento crítico para la democracia argentina.