El Gobierno oficializó este viernes un aumento del 4% en las tarifas de gas y electricidad que entrará en vigor a partir de septiembre. La medida tiene como objetivo mitigar el impacto de la devaluación y la inflación sobre los subsidios, pero implicará un nuevo ajuste en los bolsillos de los ciudadanos.

El incremento será aplicado de manera diferenciada según el nivel de ingresos: los usuarios de altos ingresos (N1), comercios e industrias pagarán el 72% del costo del gas y el 90,5% de la electricidad. Los hogares de ingresos medios (N3) cubrirán el 32% del valor del gas y el 40% de la electricidad, mientras que los usuarios de bajos ingresos (N2) abonarán el 26% y 25%, respectivamente. En caso de superar el bloque de consumo establecido, los N3 y N2 deberán pagar el costo adicional al mismo valor que los N1.

La Secretaría de Energía justificó el ajuste afirmando que es necesario para garantizar un suministro de gas sostenible y evitar el desabastecimiento. Sin embargo, el aumento se produce en un contexto de creciente presión económica sobre los hogares. Los nuevos precios del gas serán de US$3,45 por millón de BTU para los usuarios de altos ingresos y de US$1,24 para los usuarios de bajos ingresos en un bloque subsidiado. El costo real del gas es de US$4,77 por millón de BTU.

En cuanto a la electricidad, el precio de referencia subirá de $58.596 a $61.526 por MWh, aunque el costo real sin subsidios es de $68.016. Esta medida busca alinear los precios con el costo real de producción y distribución, aunque implica una mayor carga económica para los ciudadanos.