El juez Sebastián Casanello ordenó el allanamiento del Ministerio de Capital Humano en el marco de una investigación por la retención de alimentos destinados a comedores y merenderos populares. La ministra Sandra Pettovello enfrenta acusaciones de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

Este jueves, el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7, bajo la dirección del juez Sebastián Casanello, realizó un allanamiento en el Ministerio de Capital Humano. La investigación se centra en las 6 mil toneladas de alimentos que, en lugar de ser distribuidos, han permanecido en depósitos, afectando a comedores y merenderos populares.

El juez dispuso el secuestro de elementos cruciales para la causa, incluyendo una copia de seguridad de la computadora asignada a Pablo Berardi, director de Logística del Ministerio; todas las órdenes de entrega desde el 27 de mayo; y los partes diarios de los depósitos “Buenos Aires” en Villa Martelli y del Centro Operativo Tucumán en Tafí Viejo. También se revisará el sistema informático S.U.M.A. para rastrear los movimientos de los alimentos.

Entre los hallazgos del allanamiento se incluyen el backup de la computadora del Director de Logística, las órdenes de entrega desde mayo, los partes diarios con detalles de stock y estado de los alimentos, y el acceso a diversas cuentas de correos electrónicos de empleados y funcionarios.

Desde el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, se defendieron asegurando que han estado trabajando para transparentar la distribución y aumentar el poder de compra de las familias vulnerables, afirmando que cumplen con el plan de distribución de alimentos. También acusaron al Poder Judicial de entrometerse en la gestión del Poder Ejecutivo.

El conflicto se intensificó cuando, a fines de julio, el juez federal Martín Cormick rechazó una apelación del ministerio y exigió la distribución inmediata de los alimentos retenidos. Pettovello había apelado la decisión que requería un informe detallado sobre la distribución, pero el juez mantuvo su orden, estableciendo un plazo de 48 horas para restituir el servicio a los comedores y merenderos.