El fallo de la Cámara de Casación contra Cristina Kirchner, que la declaró culpable en la causa conocida como "Vialidad", generó un torrente de reacciones de apoyo hacia la expresidenta desde diversos sectores políticos, sociales y sindicales. Las declaraciones apuntan a un intento de proscripción orquestado por el poder judicial y sectores económicos que buscan frenar su regreso a la política.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el diputado nacional y referente de la CTA, Hugo Yasky, quien no dudó en calificar el fallo como una "injusticia flagrante". Yasky destacó la doble moral de un poder judicial que, mientras "encubrió los delitos de Macri", ahora ataca a Cristina Kirchner en lo que considera un objetivo político para disciplinar a quienes se oponen al modelo neoliberal.

Por su parte, la dirigente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Myriam Bregman, también se manifestó en contra del fallo, denunciando un avance antidemocrático en el cual la justicia decide quién puede o no ser parte del escenario político. Bregman afirmó que esta decisión no solo ataca a la expresidenta, sino que pone en riesgo la democracia misma, al reservarse la facultad de "proscribir" a quienes representan una amenaza al poder dominante.

Wado de Pedro, comparó el caso con el proceso judicial que enfrentó Luiz Inácio “Lula” da Silva en Brasil, destacando que tanto en Argentina como en Brasil, las élites económicas y judiciales buscan proscribir a figuras populares que desafían el modelo económico dominante. "La verdad y los pueblos siempre triunfan", aseguró de Pedro, quien recibió apoyo de diversos sectores del progresismo latinoamericano.

El jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, fue otro de los que rechazó el fallo, calificando la causa de "absolutamente armada". Martínez advirtió que sectores del poder judicial y económico buscan "disciplinar" la política argentina para evitar que se defiendan los intereses del pueblo, asegurando que la condena es parte de una estrategia para alejar a Cristina Kirchner de la política.

Desde la Provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof denunció que el juicio contra Cristina Kirchner es un "juicio armado" sin pruebas, respaldado por los medios de comunicación afines al poder. En un mensaje en sus redes sociales, Kicillof expresó su total solidaridad con la expresidenta y subrayó que esta persecución no es un hecho aislado, sino parte de un plan orquestado por el poder judicial para controlar la política del país.

Finalmente, el senador y vicepresidente del Partido Justicialista, José Mayans, fue rotundo en su apoyo, asegurando que el verdadero objetivo detrás de la condena es evitar que Cristina Kirchner regrese a la presidencia, dado su alto nivel de aceptación popular. Mayans, en clara referencia a la persecución de Lula en Brasil, subrayó que la expresidenta "es la persona que mejor mide para las próximas elecciones" y que, si el pueblo la elige, no hay razón para que no pueda volver a ser presidenta.

Este rechazo generalizado pone de manifiesto la polarización creciente en la política argentina, donde el poder judicial se ha convertido en un actor clave en la disputa por la legitimidad de las instituciones y el futuro político del país.