En un movimiento ampliamente criticado, el gobierno de Javier Milei ha oficializado la transformación de Télam Sociedad del Estado en una entidad dedicada exclusivamente a la publicidad y propaganda estatal. Mediante el Decreto 548/24, publicado recientemente en el Boletín Oficial, se ha consumado la quita de derechos fundamentales para el pueblo argentino, en particular el acceso a una información plural y veraz.

Desde su intervención hace casi cuatro meses, Télam ha sido sometida a una serie de medidas coercitivas: todos sus trabajadores fueron pasados a disponibilidad y una parte significativa del personal original fue obligada a aceptar un "retiro forzado". Este último decreto consolida la conversión de Télam en una entidad comercial bajo el nombre de AGENCIA DE PUBLICIDAD DEL ESTADO SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL (APE S.A.U.), con sede en la Jefatura de Gabinete de Ministros y regida por la Ley General de Sociedades N° 19.550.

Organizaciones sindicales y periodistas han denunciado vehementemente esta maniobra como un ataque frontal a la libertad de prensa y al derecho a la información. Esta transformación no solo vulnera la autonomía informativa de Télam, sino que también representa un intento claro de control estatal sobre la agenda mediática del país.

En respuesta a estas medidas draconianas, los trabajadores de Télam, respaldados por el sindicato SiPreBa, han mantenido una firme resistencia. Desde las sedes de la calle Bolívar y Avenida Belgrano, han expresado su determinación de defender su derecho a trabajar en una agencia de noticias independiente y libre de presiones políticas.

El cambio de Télam en una agencia de publicidad estatal marca un precedente peligroso para el periodismo argentino, consolidando un modelo informativo al servicio de los intereses gubernamentales y privando a la ciudadanía de una fuente crucial de información independiente y plural.

El silenciamiento de Télam refleja una estrategia calculada de control de la información en un contexto político cada vez más polarizado. Este paso ha desatado un intenso debate sobre los límites del poder estatal en la comunicación pública y las implicancias para la democracia argentina.