El Presidente concentra poder, deja fuera a voces opositoras y promueve reformas laborales que amenazan derechos fundamentales y la autonomía provincial.

Javier Milei recibió en Casa Rosada a 20 gobernadores para avanzar en acuerdos sobre el Presupuesto 2026 y la reforma laboral. Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Ricardo Quintela y Gustavo Melella fueron excluidos, decisión que muestra un gobierno centralizador, selectivo y poco dispuesto a convivir con diferencias políticas. La reunión, celebrada en el Salón Eva Perón, buscó mostrar unidad, pero evidenció tensiones y desigualdad en el trato hacia las provincias.

Milei anunció que las provincias presentes aplicaron un ajuste de “más de tres puntos” y reafirmó su política de déficit cero. Además, dijo que hay consenso sobre la reforma laboral, sin detallar cómo se implementarán medidas que podrían afectar jornadas, salarios y derechos de los trabajadores. El mensaje intenta mostrar eficiencia y acuerdo, pero esconde la incertidumbre y el riesgo real para quienes dependen de estas políticas para vivir.

Los gobernadores excluidos criticaron duramente la convocatoria. Kicillof aseguró que refleja “limitaciones” en la apertura al diálogo y remarcó la necesidad de aceptar diferencias políticas. Recordó que él mismo invitó al Presidente tras su victoria provincial, mostrando una actitud de respeto y federalismo que contrasta con la centralización de Milei. La exclusión deja en evidencia un desprecio por la pluralidad democrática y refuerza la concentración de poder en torno al Ejecutivo nacional.

Los mandatarios que participaron, aunque intentaron mantener un perfil institucional, plantearon exigencias concretas. Gustavo Valdés pidió compensaciones por jubilaciones y reactivación de obras públicas. Osvaldo Jaldo resaltó la necesidad de políticas nacionales que acompañen el esfuerzo provincial. Jorge Macri destacó la importancia de generar certezas para trabajadores e inversores, aunque el contexto muestra que los acuerdos no resuelven los problemas de fondo: el centralismo de decisiones, la precarización laboral y la desigualdad territorial.

La reunión expone la estrategia del gobierno: consolidar apoyos selectivos, silenciar la oposición y avanzar en reformas que podrían afectar derechos y autonomía provincial. La falta de transparencia, la exclusión de voces legítimas y la minimización del debate federal profundizan las tensiones políticas y evidencian un Ejecutivo más interesado en la foto de consenso que en la construcción real de acuerdos que beneficien a la mayoría de la población.

Para trabajadores, provincias y ciudadanos, la señal es clara: el gobierno de Milei prioriza sus alianzas políticas por sobre la democracia deliberativa, dejando en segundo plano la discusión seria sobre los impactos sociales de las reformas económicas y laborales que impulsa.