El Gobierno impulsa una reforma que eleva la jornada laboral a 12 horas, elimina indemnizaciones por despido y flexibiliza vacaciones y convenios colectivos. Las centrales sindicales advierten un retroceso sin precedentes en materia de derechos laborales.

El Gobierno de Javier Milei avanza en la elaboración de una reforma laboral integral que será presentada en diciembre y que ya despierta un fuerte rechazo en el movimiento obrero. El proyecto, que cuenta con el aval del PRO y sectores empresariales, propone elevar la jornada laboral hasta 12 horas diarias o 60 semanales, eliminar las indemnizaciones por despido y reemplazar los convenios colectivos por acuerdos individuales o por empresa.

Según el secretario de Trabajo, Julio Cordero, el objetivo es “actualizar una legislación con más de medio siglo de antigüedad” y “adaptar las reglas laborales al siglo XXI”. Sin embargo, los sindicatos advierten que la iniciativa no busca modernizar sino precarizar, trasladando los costos de la crisis sobre los trabajadores.

Entre los puntos centrales del borrador se incluyen la creación de un “banco de horas” —que sustituiría el pago de horas extras por días compensatorios—, la flexibilización de las vacaciones a criterio del empleador, el aumento de la edad jubilatoria a 65 años para las mujeres y hasta 70 para los varones, y la limitación de la representación sindical a empresas con más de 50 empleados. También se prevé restringir el derecho a huelga y modificar el sistema de salarios, atándolos a la “productividad” y no a la inflación ni a los convenios sectoriales.

Desde la Unión Industrial Argentina, Martín Rapallini respaldó el plan al considerar que “modernizar la normativa es clave para mejorar la competitividad”. En contraste, la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma denunciaron que el proyecto significa un retroceso histórico: “No puede haber formalización con pérdida de derechos”, afirmaron en un comunicado conjunto.

El esquema de “salarios dinámicos” que impulsa el oficialismo propone que cada empresa negocie directamente con sus empleados y que los convenios colectivos dejen de fijar pisos salariales, transformándolos en techos de referencia. Para los especialistas, se trata de una reforma que rompe el principio de igualdad entre trabajadores y debilita la negociación colectiva, uno de los pilares del modelo sindical argentino.

Las organizaciones sindicales y políticas del campo nacional y popular preparan acciones conjuntas frente a lo que consideran un intento de reinstalar un modelo de explotación laboral. En nombre de la “modernización”, el Gobierno busca imponer una reforma que prolonga la jornada, reduce los salarios y limita los derechos conquistados por el movimiento obrero a lo largo de décadas de lucha.