La medida de fuerza, que abarca todos los niveles educativos, exige al Ejecutivo el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y la recomposición salarial ante la inflación.

Las aulas públicas de todos los niveles educativos amanecieron este martes con una inusual quietud. Bajo la consigna unificada de “defender la educación pública”, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) lidera una huelga nacional que ha paralizado la actividad escolar. El punto culmen de la protesta será una concentración masiva frente al Congreso de la Nación, convocada para las 10 de la mañana.

La movilización no es aislada. Gremios universitarios de peso, como la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), han plegado sus fuerzas al paro. Su demanda inmediata es la promulgación y aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento de las Universidades Nacionales, actualmente estancada en el Poder Ejecutivo, lo que genera incertidumbre sobre el funcionamiento del sistema de educación superior.

A través de un comunicado oficial, CTERA enumeró un pliego de reclamos dirigido al Gobierno nacional. Los puntos centrales exigen la sanción de una nueva ley de financiamiento educativo, la inmediata reactivación de la Paritaria Nacional Docente para discutir salarios y la devolución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), incluyendo el pago total de la deuda acumulada.

La crisis salarial es el eje del malestar. Los sindicatos denuncian que los ingresos de los educadores se han depreciado por debajo de la línea de la pobreza, calificándolos como “salarios de hambre”. A esto se suma una profunda preocupación por el futuro previsional del sector, ante los cambios en la jubilación que impactan directamente en los docentes retirados.

Portavoces de la AGD-UBA fueron contundentes al afirmar que esta medida es solo un primer paso. Anunciaron que, de no concretarse la aplicación de la ley de financiamiento universitario tras su promulgación, se procederá a un nuevo paro de 48 horas. Advierten que el desfinanciamiento no es un recorte más, sino una “estrategia de desmantelamiento” de la universidad pública.

El conflicto trasciende lo salarial. Rectores y académicos han alertado sobre el vaciamiento de programas clave: becas estudiantiles recortadas, proyectos de investigación paralizados y fondos para extensión universitaria eliminados. Sostienen que este escenario no es un ajuste económico, sino un ataque directo a la función social de la educación y al pensamiento crítico que esta fomenta.