El presidente Javier Milei enfrenta una denuncia por su vinculación con el colapso de la criptomoneda $LIBRA, que habría provocado pérdidas de más de 4 mil millones de dólares. El escándalo involucra a alrededor de 40 mil inversores, quienes quedaron sin recuperar su dinero tras el desplome de la moneda.

La denuncia fue presentada en la Justicia Federal por un grupo de abogados y referentes sociales, que acusan al mandatario de ser parte de una operación fraudulenta mediante una técnica conocida como "Rugpull". Este esquema fraudulento consiste en lanzar un token, atraer inversores, elevar su valor y, luego, retirar los fondos de manera abrupta, colapsando el mercado. Según los denunciantes, el 80% de los activos de $LIBRA fueron concentrados en solo cinco billeteras virtuales, lo que refuerza la hipótesis de un diseño especulativo.

Entre los denunciantes figuran Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Marcos Zelaya, coordinador de Derecho y Nuevas Tecnologías, y la referente social María Eva Koutsovitis. La acusación sostiene que Milei forma parte de una asociación ilícita destinada a enriquecer a un pequeño grupo a costa de millas de personas. Además, la comunicadora y candidata a diputada Mila Zurbriggen también presentó una querella, destacando que el escándalo afecta no solo a los inversores, sino también la credibilidad de Argentina en el mercado cripto global.

Lucas Arias, asesor en tecnología blockchain, señaló que el proyecto de $LIBRA carecía de respaldo técnico y evidenciaba un diseño centralizado, lo que lo convierte en una estafa. En su opinión, el caso pone en evidencia la necesidad urgente de una regulación clara para el mercado de criptomonedas en Argentina.

Este nuevo escándalo agrava la situación de Milei, quien ya enfrenta un creciente malestar social por su agenda de ajuste económico. La denuncia podría tener repercusiones políticas importantes, ya que la oposición y diversos sectores sociales acusan al presidente de utilizar su figura para multas especulativas, lo que refuerza el debate sobre la falta de control y regulación en el mercado cripto. Mientras tanto, la Justicia deberá determinar si el presidente incurrió en delitos de fraude financiero o abuso de poder.