Claudio Lozano, Jonatan Baldiviezo, María Eva Koutsovitis y Marcos Zelaya exigen que la Justicia frene una operatoria que, según denuncian, favoreció multimillonariamente a grandes corporaciones y perjudicó a productores agropecuarios.

Dirigentes políticos y sociales presentaron una denuncia penal ante la Justicia Federal contra el Presidente, el Jefe de Gabinete, el Ministro de Economía y un conjunto de empresas agroexportadoras, acusándolos de Defraudación Multimillonaria, Abuso de Autoridad y Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas. La denuncia apunta al Decreto N° 682/2025, conocido como “Retenciones Cero”, que habría favorecido de manera ilegítima a siete grandes empresas mientras generaba un perjuicio fiscal y económico para el Estado y los productores.

El Decreto estableció un cupo de USD 7.000 millones para exportaciones con retenciones cero, agotado en apenas 48 horas, concentrando el 88% de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) registradas. Según la denuncia, este esquema benefició principalmente a Cargill, LDC, AGD, Bunge, Cofco, Molinos Agro y Viterra, que concentraron cerca del 90% de las exportaciones y absorbieron el 92% de los beneficios fiscales, generando un perjuicio estimado en USD 1.540 millones para el Estado.

El escrito sostiene que la rapidez de la operación y la ausencia de control sobre la tenencia física de la mercadería evidencian que se trató de una registración especulativa, imposible de ejecutar en condiciones logísticas normales. Se calcula que para mover las casi 20 millones de toneladas declaradas en 48 horas habrían hecho falta 650.000 camiones, cifra que supera la capacidad del país.

Además del perjuicio fiscal, los productores agropecuarios también resultaron afectados. Aunque los precios internos aumentaron un 15%, deberían haber recibido un incremento del 35%. Esto permitió que las corporaciones capturen la mitad del beneficio que correspondía a los productores, consolidando un esquema de concentración y especulación.

La denuncia cuestiona también la omisión del cumplimiento de la Ley N° 26.351, sancionada para evitar la registración especulativa de granos. El decreto no exigió la presentación de documentación fehaciente que acreditara la tenencia de la mercadería, habilitando que las empresas operaran con beneficios fiscales indebidos y especulación sobre cosechas futuras.

Ante la gravedad de los hechos, se solicitaron medidas cautelares urgentes: suspensión inmediata de las DJVE, presentación obligatoria de documentación que acredite la tenencia, declaración de nulidad de operaciones que no cumplan con estos requisitos y suspensión de actos patrimoniales relacionados con esas exportaciones, buscando frenar la consolidación de los beneficios ilegítimos.

Según los denunciantes, la operatoria revela un esquema deliberado para favorecer a corporaciones concentradas en detrimento del Estado y de los productores, que evidencia la magnitud del fraude y la necesidad de intervención judicial inmediata para garantizar justicia y transparencia.