El EAAF detectó restos en la primera semana de excavaciones en el terreno del antiguo campo de concentración y la justicia federal confirmó que se iniciarán análisis de ADN para intentar determinar si pertenecen a víctimas del terrorismo de Estado.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) informó el hallazgo de restos óseos en un sector acotado del predio donde funcionó La Perla entre 1976 y 1978. La detección se produjo durante la etapa inicial de prospección y excavación y generó expectativas entre familiares de detenidos-desaparecidos que vienen impulsando la búsqueda desde hace décadas. El juez federal Hugo Vaca Narvaja confirmó que los restos serán remitidos a peritajes para evaluar la posibilidad de obtener perfiles genéticos, un procedimiento que llevará tiempo y podría demorar meses.

La Perla funcionó en terrenos del Tercer Cuerpo de Ejército, a la vera de la Ruta 20 que une Córdoba Capital con Villa Carlos Paz, y según el Archivo Provincial de la Memoria por allí pasaron entre 2.000 y 2.500 personas. La megacausa que investigó los crímenes del lugar estableció la intervención del Destacamento de Inteligencia 141 y documentó prácticas reiteradas de secuestro, tortura y ejecuciones. Testimonios de sobrevivientes y declaraciones de represores, junto con material documental, describen la existencia de “traslados” y operaciones para ocultar evidencias en 1979, cuando la visita de la CIDH obligó a los militares a intentar limpiar el sitio.

La extensa superficie del predio —unas 14.000 hectáreas— complicó durante años la localización de sectores probables de enterramiento, pero la combinación de testimonios, imágenes aéreas históricas y registros judiciales permitió acotar el área de trabajo. El EAAF concentró tareas de prospección y excavación en un cuadrante de diez hectáreas; los restos hallados aparecieron dispersos en un terreno previamente alterado. Las expertas que trabajan en el lugar advirtieron que, por ahora, no es posible afirmar la existencia de fosas colectivas y que cada elemento requiere cadena de custodia y análisis riguroso.

El caso remite a antecedentes como el hallazgo de 2014 en los hornos de la estancia La Ochoa, cuando peritos forenses recuperaron restos vinculados a estudiantes secuestrados en 1975. Esos procesos muestran la complejidad técnica y judicial de identificar víctimas de la represión estatal, así como la importancia de la pericia para ofrecer respuestas a familiares que llevan décadas en la incertidumbre. El juez Vaca Narvaja subrayó que la identificación científica transforma la condición jurídica y social de una persona: deja de ser “desaparecida” y se reparte un cierre imprescindible para las familias.

La investigación judicial está coordinada con el fiscal Facundo Trotta y las querellas que representan a los familiares; el llamado oficial es a colaborar con toda información que pueda aportar luz sobre episodios ocurridos en el predio. Entre los familiares que aguardan noticias figuran Sara “Coca” Luján y Graciela Geuna, cuyos testimonios y reclamos han sido parte de la persistente demanda por verdad y memoria. Abogados querellantes enfatizan que la desaparición forzada es un delito continuado y que la aparición de restos no sólo tiene un valor forense, sino un efecto reparador e imprescindible para la democracia y la memoria colectiva.