La Comisión de Educación analiza modificar la normativa y crear un registro público para mejorar la transparencia en las inscripciones de escuelas privadas incorporadas a la enseñanza oficial.
La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de Buenos Aires, presidida por el diputado Sergio Hernán Siciliano, llevó adelante una reunión informativa con distintos especialistas y referentes del ámbito educativo para analizar la propuesta de modificación de la Ley 2.681 y la creación del Registro Público de Vacantes de Establecimientos Educativos de Gestión Privada Incorporados a la Enseñanza Oficial.
El proyecto propone que los establecimientos educativos privados incorporados a la enseñanza oficial no puedan negar sin justa causa la matriculación o rematriculación de estudiantes, desde niños y niñas hasta adolescentes y mayores de edad. En caso de incumplimiento, los interesados podrán presentar una denuncia ante la autoridad competente.
Asimismo, la iniciativa plantea la creación de un registro público donde se detallen las vacantes disponibles en cada grado y año del ciclo lectivo presente y las vacantes proyectadas para el año siguiente. Este registro deberá ser publicado por el Ministerio de Educación, garantizando mayor transparencia y acceso a la información para las familias.
Entre los participantes del debate estuvieron Roxana Perraza, de la Dirección General de Derechos de Acceso a la Ciudad, de la Defensoría del Pueblo; Genoveva Ferrero, Secretaria de Administración y Presupuesto del Poder Judicial; Agustina Torres, Coordinadora General del Observatorio de la Discapacidad del Poder Judicial; y representantes de otras instituciones vinculadas a la temática.
Durante la reunión, la diputada Ocaña, autora de la iniciativa, señaló que el proyecto busca reflejar la preocupación de numerosas familias que cada año enfrentan dificultades para conseguir vacantes. “El proyecto busca dar transparencia, porque ayuda a mejorar los procesos”, sostuvo. Por su parte, la diputada Thourte destacó la oportunidad de generar un espacio de diálogo entre los distintos actores del sistema educativo.
El tratamiento del proyecto continuará en próximas reuniones de comisión, donde se profundizarán los debates y ajustes necesarios antes de avanzar hacia su sanción.