Un informe que abrió la puerta a la verdad y a los juicios por los crímenes de la dictadura militar y consolidó la memoria como pilar de la democracia argentina.

El 20 de septiembre de 1984, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) entregó su informe al presidente Raúl Alfonsín, tras un año de investigación sobre los secuestros, torturas y desapariciones ocurridas durante la dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983. Integrada por figuras de prestigio como Ernesto Sábato —presidente de la comisión— Ricardo Colombres, Hilario Fernández Long, Marshall T. Meyer y Magdalena Ruiz Guinazú, junto a tres representantes de la Cámara de Diputados —Santiago Marcelino López, Hugo Diógenes Piucill y Horacio Hugo Huarte—, la CONADEP trabajó ad honorem y organizó sus tareas en cinco departamentos especializados: Declaraciones, Documentación y Proceso de Información, Procedimientos, Asuntos Legales y Departamento Administrativo.

Durante su labor, la comisión recopiló miles de testimonios, expedientes y documentos oficiales, generando más de 50.000 páginas que reconstruían la cronología de secuestros, torturas y ejecuciones. Este archivo sistematizado permitió identificar patrones de represión y responsabilidades, ofreciendo un marco sólido para iniciar acciones judiciales contra los responsables. El informe final incluyó recomendaciones precisas para abrir causas legales, constituyendo un precedente histórico que marcó el inicio de los juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina y estableció un modelo de investigación para América Latina.

Más allá de su impacto judicial, la CONADEP sentó un hito simbólico: consolidó la memoria como herramienta de resistencia y justicia, permitiendo que la sociedad comprendiera la magnitud del terror de la dictadura y evitando que los crímenes quedaran en el olvido. Sus resultados evidenciaron que los desaparecidos no eran cifras, sino vidas, historias y familias destrozadas, subrayando la necesidad de un Estado comprometido con la verdad y los derechos humanos.

Hoy, a 41 años de la entrega de su informe, el legado de la CONADEP sigue vigente. Cada testimonio registrado, cada archivo numerado y cada recomendación concreta recorda que la memoria y la justicia son inseparables de la democracia, y que preservar la verdad es una obligación constante de todos los argentinos para garantizar que hechos semejantes jamás se repitan.