El proyecto de presupuesto 2026 confirma la desatención del Ejecutivo frente a la crisis climática: recortes millonarios en políticas ambientales profundizan la vulnerabilidad de comunidades y ecosistemas.

El Gobierno nacional presentó su proyecto de presupuesto 2026 con un recorte real del 21% en políticas ambientales, dejando en evidencia que la protección del medio ambiente no es una prioridad. Según el Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente, esta reducción afecta directamente a la conservación de bosques nativos, al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, al saneamiento de cuencas y a la capacidad del Estado para responder a emergencias ecológicas. Menos recursos implican más desmontes, mayor contaminación, menor control de empresas extractivas y comunidades más expuestas a los riesgos ambientales.

La desinversión ambiental no es nueva. Durante 2024, apenas se ejecutó el 60% de los fondos asignados, calculados a valores de 2023, lo que evidencia un patrón sostenido de abandono. Las inundaciones en Bahía Blanca, los incendios en la Patagonia y Córdoba, y la polémica privatización de AySA ilustran cómo la falta de planificación y recursos agrava la crisis climática y aumenta la vulnerabilidad social.

El presupuesto proyectado para bosques nativos en 2026 es un 96% inferior a lo estipulado por la ley, mientras el Gobierno impulsa proyectos de minería y agricultura extractiva. Según el Foro, esto implica tanto el incumplimiento de compromisos internacionales de conservación como la debilitación de la capacidad estatal para prevenir o mitigar desastres ambientales. Comunidades locales, biodiversidad y servicios ecosistémicos quedan expuestos a riesgos crecientes, sin la protección mínima que el Estado debería garantizar.

Este patrón de desatención se suma a recortes en otras áreas fundamentales: salud, discapacidad, jubilaciones y educación pública también enfrentan restricciones presupuestarias, consolidando una lógica de ajuste que prioriza intereses económicos por sobre el bienestar social. La falta de inversión ambiental no es un hecho aislado: es parte de un enfoque de gobierno que deja a la población y a los recursos naturales en situación de riesgo permanente.

El debate legislativo sobre el presupuesto no será solo sobre cifras: es una oportunidad para evaluar qué tipo de políticas prioriza el Estado y cómo impactan estas decisiones en la vida cotidiana de los argentinos. Frente a emergencias climáticas cada vez más frecuentes y a la presión de sectores extractivos, el desafío es determinar si la protección ambiental seguirá siendo un rubro marginal o si se recuperará como eje central de planificación y responsabilidad estatal.