La Cámara baja frenó los recortes del Gobierno en educación y salud al rechazar los vetos a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Emergencia Pediátrica. La movilización popular en Plaza Congreso marcó la contundencia del pueblo frente a las políticas de ajuste.

En una jornada que marca un hito en la defensa de los derechos esenciales, la Cámara de Diputados rechazó los vetos del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia Pediátrica, que garantiza recursos para universidades y hospitales públicos. La primera obtuvo 174 votos afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones, mientras que la segunda logró 181 a favor, 60 en contra y una abstención. Ambas leyes ahora deberán ser debatidas en el Senado, consolidando un freno a la política de desfinanciamiento impulsada por el Ejecutivo.

La aprobación legislativa se dio en paralelo con la tercera Marcha Federal por la Salud y la Universidad Pública, que desbordó Plaza Congreso. Cientos de miles de estudiantes, docentes, trabajadores de la salud y organizaciones sociales marcharon para defender la educación y la atención pública, y para denunciar el vaciamiento que Milei intenta imponer. La presencia masiva del pueblo dejó en claro que los derechos sociales no se negocian ni se recortan por una “disciplina fiscal” que solo beneficia a los sectores concentrados.

Además de la defensa de la universidad y la salud, la Cámara aprobó la interpelación de Karina Milei, hermana presidencial, y del ministro de Salud, Mario Lugones, por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). También se creó una comisión investigadora sobre el fentanilo contaminado, con 31 miembros de todos los bloques, que tendrá hasta el 9 de diciembre para presentar su informe, señalando la necesidad de transparencia y control frente a la negligencia y el lucro con la vida de la población.

El rechazo a los vetos se produce en un contexto de creciente malestar social. El paro de estatales convocado por ATE tuvo un acatamiento del 90% y dejó en evidencia la indignación de los trabajadores frente a la política de ajuste. El secretario general Rodolfo Aguiar sostuvo que “meterse con la salud y la educación en nombre del equilibrio fiscal es inmoral” y remarcó que los derechos conquistados por el pueblo no se negocian ni se venden.

La jornada también contó con la participación del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien destacó el protagonismo popular y reafirmó la defensa de la universidad pública y de los hospitales. Desde su domicilio, Cristina Fernández saludó a la multitud y aseguró que “el pueblo no cambia de ideas y sigue las banderas de Evita y Perón, defendiendo la salud de los niños y la educación pública”.

Los números no dejan dudas sobre la gravedad de la política de Milei: según la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, el Gobierno desvió alrededor de 40 mil millones de pesos recaudados por prestaciones del hospital a un fondo de inversión del Banco Nación, afectando infraestructura y salarios. Este hecho muestra que detrás del discurso de austeridad se esconde un ataque directo a los derechos fundamentales de las y los argentinos.

El rechazo a los vetos es más que un triunfo legislativo: es la demostración de que el pueblo, cuando se organiza y moviliza, puede frenar las políticas de hambre, ajuste y privatización que intenta imponer la ultraderecha. La defensa de la universidad pública y de la salud se consolida como eje central de la agenda social y política, recordando que los derechos esenciales se conquistan y se protegen colectivamente.