El Jurado de Enjuiciamiento suspendió a la jueza Julieta Makintach, del Tribunal en lo Criminal N° 2 de San Isidro, dando inicio al juicio político que evaluará su actuación en el proceso que investigaba la muerte de Diego Armando Maradona. La medida impide que la magistrada presente su renuncia para eludir el procedimiento y garantiza que su conducta sea analizada formalmente.

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) respaldó las denuncias y solicitó al gobernador Axel Kicillof que no se aceptara la renuncia de Makintach. Según el gremio, permitir que la jueza evada el juicio político “sería consagrar la impunidad institucional y socavar la confianza en la justicia”. La AJB sostiene que este tipo de procesos no solo buscan la destitución, sino que constituyen una herramienta de control democrático y transparencia, que asegura que los funcionarios judiciales respondan ante la sociedad, los trabajadores y las víctimas.

El caso evidencia la tensión histórica entre independencia judicial y responsabilidad institucional. La actuación de Makintach durante el juicio de Maradona genera preocupación sobre cómo se manejan causas mediáticas y de alto impacto social, y subraya la necesidad de funcionarios judiciales responsables y éticos. Oscar Yenni, Secretario Gremial Provincial de la AJB, afirmó: “La justicia no puede permitirse funcionarios que eludan su responsabilidad; el juicio político protege a los trabajadores, las víctimas y a la sociedad misma.” Por su parte, Mónica Blanc, Secretaria General de la AJB Zárate-Campana, destacó: “La transparencia y la rendición de cuentas no son meros formalismos: son condiciones esenciales para que la justicia cumpla su función social.”

El caso también refleja la función más amplia de los sindicatos judiciales, que no se limitan a defender derechos laborales. La AJB actúa como garante de la ética institucional, asegurando que los mecanismos de control se cumplan y que la justicia opere con estándares de responsabilidad y transparencia. Con la suspensión de Makintach, se inicia un procedimiento que evaluará tanto su accionar como la eficacia de los controles internos del Poder Judicial. La AJB enfatiza que el juicio político debe ser exhaustivo y público, reafirmando la importancia de un Poder Judicial transparente, responsable y al servicio de la sociedad.

Este proceso no solo decidirá el futuro de una magistrada, sino que también envía un mensaje sobre la necesidad de ética, rendición de cuentas y control social dentro de las instituciones judiciales. La decisión consolida la función del gremio como actor clave en la defensa de los trabajadores y del interés público, reafirmando la centralidad de la justicia como herramienta al servicio de la sociedad y de los principios democráticos.