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EL SENADO LE PUSO LÍMITE A MILEI Y RATIFICÓ LA LEY DE DISCAPACIDAD

Publicado : 04/09/2025
(Review)

Con 63 votos contra 7, la Cámara Alta convirtió en firme la norma y dejó sin efecto el veto presidencial, en una derrota inédita para el Gobierno.

En una sesión cargada de tensión política, el Senado de la Nación desoyó el veto de Javier Milei y ratificó la ley de emergencia en discapacidad. La votación fue contundente: 63 senadores se pronunciaron a favor de la norma y apenas 7 en contra. El resultado no solo garantiza la vigencia de la ley, sino que marca un hecho sin antecedentes en más de dos décadas: el Congreso desestimó un veto presidencial en ambas cámaras.

La discusión estuvo atravesada por fuertes cruces y acusaciones. Desde Unión por la Patria, José Mayans cuestionó el argumento económico esgrimido por el oficialismo y reclamó terminar con la utilización del ajuste como excusa. Otros legisladores advirtieron sobre la obligación del Ejecutivo de aplicar la norma y hasta deslizaron la posibilidad de un juicio político si se insiste en desconocer la decisión parlamentaria.

El oficialismo, prácticamente aislado, solo recibió el respaldo de una senadora del PRO, que defendió la necesidad de gestión antes que nuevas emergencias, aunque a la vez reclamó al Ministerio de Salud la actualización de los aranceles para las prestaciones. La postura expuso la dificultad del Gobierno para reunir aliados incluso dentro de la oposición dialoguista.

Desde otros sectores opositores, tanto radicales como macristas, se sumaron críticas al veto. Hubo quienes advirtieron que el ajuste “no puede pasar por las personas con discapacidad” y recordaron que los derechos en juego tienen rango constitucional. Los cuestionamientos reflejaron el rechazo generalizado a que el ajuste fiscal recaiga sobre los sectores más vulnerables.

Con esta decisión, el Senado no solo aseguró la continuidad de la ley, sino que también envió una señal política clara al Ejecutivo. El revés deja en evidencia la soledad parlamentaria del Presidente y abre un nuevo capítulo en la relación entre la Casa Rosada y el Congreso, en un escenario donde el margen de gobernabilidad aparece cada vez más acotado.