La expresidenta presentó un recurso ante la Corte Suprema para anular la sentencia de seis años de prisión. Su defensa denunció irregularidades y falta de imparcialidad en el proceso judicial.

Cristina Fernández de Kirchner presentó este jueves un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para que se revise su condena a seis años de prisión en el caso Vialidad. A través de un escrito de 40 páginas, sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, solicitaron la absolución y expusieron una serie de irregularidades que, según sostienen, invalidan el fallo emitido por el Tribunal Oral Federal 2 en diciembre de 2022.

El recurso, presentado ante la Cámara Federal de Casación Penal, detalla un extenso listado de irregularidades procesales y argumentos jurídicos que cuestionan la validez de la condena. Entre los principales puntos, la defensa de Fernández de Kirchner sostiene que la expresidenta no tenía competencia sobre las obras viales en Santa Cruz, ya que estas fueron licitadas, controladas y supervisadas por organismos provinciales y nacionales, como Vialidad Nacional y la Auditoría General de la Nación. Además, destacan que todos los jefes de Gabinete de su gestión —Alberto Fernández, Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich— declararon que ella nunca dio instrucciones sobre esas obras.

La defensa también cuestiona la imparcialidad de los jueces que intervinieron en el caso. Según el escrito, los magistrados del Tribunal Oral Federal 2 mantenían vínculos con el expresidente Mauricio Macri, cuyo gobierno impulsó la causa. Entre las acusaciones, se menciona que los jueces jugaban al fútbol en la quinta de Macri y que incluso visitaban Casa Rosada durante el desarrollo del juicio. Además, se señala que el perito oficial, Eloy Bona, publicaba mensajes en redes sociales en contra de Cristina, lo que motivó un pedido de recusación que fue rechazado.

Otro de los puntos centrales del recurso es la crítica a la incorporación de pruebas no debatidas durante el juicio. La defensa sostiene que el tribunal incluyó, en el fallo condenatorio, elementos que no fueron presentados ni discutidos en las audiencias, como transcripciones de mensajes del celular de José López, exsecretario de Obras Públicas. Estos mensajes, según la fiscalía, demostrarían un supuesto plan para ocultar irregularidades, aunque la defensa afirma que no contenían información concluyente y que no se permitió a Cristina responder a estas acusaciones.

En cuanto a las obras en cuestión, la defensa argumenta que las licitaciones ganadas por el empresario Lázaro Báez —51 de un total de 81 realizadas en Santa Cruz— no fueron irregulares, ya que era común que empresas locales obtuvieran contratos debido a sus ventajas comparativas, como la experiencia en el manejo de las condiciones climáticas y la disponibilidad de personal y maquinaria en la zona. Además, se destaca que el decreto 54/2009, utilizado para financiar las obras a través de un fideicomiso con el impuesto al gasoil, sigue vigente y fue aplicado en más de 100 obras en todo el país.

El recurso también cuestiona la especulación del tribunal al calcular los montos supuestamente defraudados, ya que los peritos no se pusieron de acuerdo en sus evaluaciones y solo se analizaron cinco de las 51 obras cuestionadas. La defensa sostiene que el fallo se basó en una interpretación arbitraria y carente de fundamentos técnicos.

La presentación de este recurso es un paso clave en la estrategia legal de Fernández de Kirchner, quien busca que la Corte Suprema revise su caso. Si la Cámara de Casación rechaza el recurso, la defensa podrá presentar un recurso de queja para llegar al máximo tribunal. Sin embargo, la resolución podría demorarse debido a la actual composición de la Corte, que cuenta con solo tres miembros, y a la posible incorporación de nuevos jueces.

Mientras tanto, el fiscal Mario Villar también presentó un recurso, pero en sentido contrario: solicitó aumentar la condena de Cristina a 12 años por el delito de asociación ilícita. Además, los demás condenados en el caso —exfuncionarios de Vialidad Nacional y de la provincia de Santa Cruz— también presentaron sus propios recursos.

El caso Vialidad, que lleva casi nueve años en proceso, continúa generando controversia y polarización en la política argentina. La decisión final de la Corte Suprema podría tener implicancias significativas, no solo para Cristina Fernández de Kirchner, sino también para el sistema judicial y el panorama político del país.