El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la decisión de privatizar la empresa estatal encargada de la construcción y mantenimiento de rutas. La medida incluirá la liquidación de la empresa y la transferencia de servicios a compañías privadas, que podrán cobrar peajes en rutas que hasta ahora eran gratuitas.

El gobierno de Javier Milei anunció este martes la privatización de Corredores Viales S.A., la empresa estatal encargada desde 2019 de la construcción y mantenimiento de rutas, autopistas y autovías que conectan a Argentina con el Mercosur. El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la decisión durante una conferencia en Casa Rosada, defendiendo la medida como parte de un «cambio de paradigma» en el que el Estado abandonará su rol de administrador para convertirse en un «promotor y supervisor» del sector privado.

Adorni detalló que el proceso incluirá la liquidación y disolución de Corredores Viales S.A., seguida de la transferencia de sus servicios a compañías privadas. Estas tendrán «el derecho de exigir el cobro de un peaje» en rutas que hasta ahora eran de circulación libre y gratuita. Según el portavoz, la justificación de la medida radica en la creencia de que «más competencia en el mercado implicará mejores precios» y que el sector privado optimizará la subcontratación de obras.

El vocero descalificó la gestión estatal de la empresa, revelando que el 45% de las rutas operadas por Corredores Viales están en estado «malo o crítico». Además, señaló que la empresa acumula una «deuda con proveedores de 142 mil millones de pesos y pérdidas acumuladas por 288 millones», así como contratos paralizados y atrasos tarifarios del 45% en peajes.

El anuncio llega días después de que el Ministerio de Infraestructura bonaerense y 20 intendentes presentaran una demanda contra Corredores Viales y el presidente Milei. La denuncia incluye acusaciones por falta de mantenimiento y presunto «desvío de fondos», especialmente en el corredor de Tandil. Adorni omitió referirse a este punto durante la conferencia, centrándose en los argumentos económicos para justificar la privatización.

La decisión ha generado controversia, especialmente por la posibilidad de que rutas que actualmente son gratuitas pasen a ser de pago. Adorni aseguró que el gobierno trabajará para garantizar que la transición no afecte a los usuarios, aunque no brindó detalles concretos sobre cómo se implementarán las concesiones ni cuáles serán los plazos del proceso.