La filtración de audios compromete a figuras cercanas al presidente y revela un entramado de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.

La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) se convirtió en epicentro de un escándalo de alto impacto político y judicial tras la filtración de un audio atribuido a Diego Spagnuolo, exdirector del organismo y abogado cercano a Javier Milei. En la grabación, Spagnuolo denuncia que funcionarios de alto rango, incluyendo a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, cobraban coimas millonarias vinculadas a la compra de medicamentos. La revelación precipitó la intervención del organismo por parte del Gobierno, aunque aún no hay veredictos judiciales que confirmen la veracidad de las denuncias.

La crisis se profundizó con la remoción de Spagnuolo y del director de Acceso a Servicios de Salud, Daniel Garbellini, y los allanamientos que se realizaron durante la madrugada del viernes. Fueron 14 operativos que incluyeron sedes de la Andis, la droguería Suizo Argentina y domicilios particulares de los implicados. Entre ellos, la vivienda de Emmanuel Kovalivker en Nordelta, dueño de la droguería que, según los audios, habría pagado coimas al organismo. En su vehículo se encontraron sobres con 266.000 dólares y 7 millones de pesos, junto con pasaporte y teléfono secuestrados por la justicia. El juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi lideran la investigación por presunto cohecho.

El escándalo coincide con un contexto de tensión legislativa. El Congreso rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, evidenciando la presión sobre pensiones y servicios esenciales para las personas con discapacidad. Mientras tanto, el Programa Federal Incluir Salud atraviesa una situación crítica: 100 mil beneficiarios perdieron su pensión este año y se estima que la cifra podría llegar a 400 mil. Las auditorías implementadas durante la gestión de Spagnuolo endurecieron los requisitos de acceso y generaron denuncias de discriminación, provocando alarma social y mediática.

El entramado empresarial también es central. Suizo Argentina acumula contratos con el Estado por más de 100 mil millones de pesos, incluyendo operaciones con los ministerios de Defensa y Seguridad. Compras directas de medicamentos oncológicos, inmunosupresores y logísticas multimillonarias figuran entre los contratos cuestionados. La gravedad de las denuncias subraya la necesidad de controles efectivos y transparencia en la gestión pública, pilares fundamentales del Estado como garante de derechos.

En el plano político, legisladores como Esteban Paulón y Maxi Ferraro impulsan la creación de una comisión investigadora para esclarecer los contratos millonarios y las posibles responsabilidades de funcionarios vinculados al Gobierno y a la droguería. La investigación judicial y parlamentaria determinará si los audios reflejan un esquema aislado o un entramado sistemático que compromete a las figuras más cercanas al presidente y al funcionamiento de organismos estratégicos para la asistencia social.

El caso Andis marca un punto crítico: evidencia cómo decisiones de funcionarios del gobierno neoliberal y libertario pueden impactar directamente sobre la vida de miles de personas con discapacidad, mientras la justicia y la política deben garantizar que el Estado cumpla su rol central de protección y asistencia. El futuro del escándalo determinará si se trata de conductas individuales o de un mecanismo consolidado que afecta a la administración pública y a los derechos de quienes dependen de ella.